AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por acuerdo del veintiséis de junio de dos mil dos el recurso de queja QA. 50/2002, expuso las consideraciones que, en lo conducente, se transcriben a continuación:
"CUARTO. Es fundado el agravio hecho valer por la recurrente, en el cual sustancialmente aduce que resulta materialmente imposible que el Juez Décimo de Distrito pueda advertir de un modo manifiesto e indudable que no existe acto de autoridad alguno que afecte la esfera jurídica de la quejosa, ya que para que esa existencia sea manifiesta e indudable, se debe advertir de un modo claro, patente, cierto y seguro, lo que en el presente caso resulta imposible tratándose de actos que emanan de la autoridad administrativa sin previo aviso y de un modo meramente discrecional. Continúa diciendo la recurrente, que la propia Ley de Amparo resume la existencia de los actos reclamados de cada autoridad, atribuyendo a los informes justificados la primordial función de revertir dicha presunción, tal como se desprende del párrafo tercero del artículo 149 de la mencionada ley. Resulta esencialmente fundado el agravio expresado. Al efecto, es importante precisar que el único motivo por el que no resultaría procedente admitir la demanda de garantías es porque se actualice alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual a la letra establece lo siguiente: ‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. De la lectura del precepto transcrito se colige que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede cuando se actualice una causal de improcedencia en la que deben concurrir dos motivos, a saber: a) que sea manifiesto; y, b) que ese motivo sea también indudable. En ese sentido, lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio se encuentran reglamentados en forma específica en el artículo 73 de la Ley de Amparo; en cambio, el requisito relativo a ‘lo manifiesto’ se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de la ampliación y de los documentos que se anexan a tales promociones; y ‘lo indudable’ resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el caso especial que se analiza, el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal estima desechar parcialmente la demanda de garantías, respecto de los actos de ejecución derivados de la ley tildada de inconstitucional, porque ‘n’ se advierte que las autoridades responsables señaladas con el carácter de ejecutoras, hubieran emitido un acto por el que hubieran requerido el cumplimiento de la ley reclamada, razón por la cual, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o. y 145 de la Ley de Amparo, desecha la demanda de garantías respecto de las autoridades responsables ejecutoras. Ahora bien, las razones que expuso el Juez para desechar parcialmente la demanda respecto de los actos que reclama a las autoridades ejecutoras, no reúnen los requisitos de ‘manifiesto e indudable’, toda vez que no se tiene la certidumbre y plena convicción de que los actos que se reclaman a las autoridades ejecutoras no sean ciertos pues, precisamente, al sustanciarse el procedimiento, esto es, cuando las citadas autoridades rindan su informe justificado y las partes ofrezcan pruebas, es que el Juez a quo sabrá de manera certera e indubitable si existen o no los actos que se les reclaman. En efecto, el a quo al momento de admitir la demanda de garantías se encuentra imposibilitado para resolver si los actos de las autoridades ejecutoras existen o no existen de manera absoluta e indudable, ya que precisamente se encontrará en aptitud de resolver dicha cuestión al momento en que las autoridades responsables ejecutoras rindan su informe justificado y las partes ofrezcan pruebas y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.’ (transcribe texto). Además, es de señalarse que no es obstáculo a lo anterior el hecho de que el Juez señale que ‘el pago de la contribución lo realizó de manera espontánea la parte quejosa’, toda vez que del análisis que se hace de la demanda de garantías se advierte que quien realizó el pago fue el patrón de la quejosa, además de que el acto reclamado a las citadas autoridades es la ejecución del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero del año en curso, concretamente su artículo 109, fracción XI, lo que puede implicar una serie de actos complejos y variados a cargo de las responsables ejecutoras en sus funciones de fiscalización y cobranza de las contribuciones que pueden gestarse en cualquier momento, máxime que varias de ellas dependen del ejercicio de facultades discrecionales que se van preparando y se desarrollan en distintos periodos y momentos, algunas veces en completo sigilo. Sin perjuicio de ello no debe perderse de vista que en el supuesto caso sin conceder, de que se llegue a otorgar el amparo respecto de la ley que se reclama, los efectos y consecuencias del mismo abarcaran no solamente al primer acto de aplicación impugnado, sino que la declaración con los actos de aplicación futuros que están vinculados con el cumplimiento de la ejecutoria y a cargo de las autoridades señaladas como ejecutoras. De lo antes expuesto, se pone en evidencia que el motivo de improcedencia alegado no resulta ‘indudable’ ni ‘manifiesto’ en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, lo que implica que es incorrecto el desechamiento parcial de la demanda de garantías que se hizo respecto de los actos que se reclaman de las autoridades ejecutoras, por lo que procede declarar fundado el presente recurso de queja, atento lo cual, de no existir diversa causal de improcedencia indudable y manifiesta, admita la demanda de garantías respecto de las citadas autoridades. Por lo expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 95, fracción VI, de la Ley de Amparo y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Es fundado este recurso de queja, interpuesto en contra del proveído de treinta de abril de dos mil dos, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo 659/2002, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución."
CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja número QA. 49/2002 (QA. 391/02-11), en sesión de dieciocho de junio de dos mil dos, se basó, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son ineficaces los agravios que se hacen valer. Se afirma lo anterior pues, contrario a lo que argumenta la recurrente, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto en desechar la demanda de amparo por lo que hace a los actos que se atribuyeron al tesorero del Distrito Federal y al administrador tributario auxiliar en la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, que se hicieron consistir en la aplicación, por parte de esas autoridades, del artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que se tilda de inconstitucional, pues como se establece en el auto recurrido, no existe acto emitido por parte de esas autoridades mediante el que obligaran en forma coactiva al quejoso para que realizara el pago del impuesto que le corresponde por la tenencia o uso del vehículo Jaguar X Type, modelo dos mil dos, con número de serie SAJTA51F72XC53129, que fue adquirido por el ahora recurrente en fecha veintiocho de febrero de dos mil dos, según la factura que acompañó a la demanda de garantías. Esto, en virtud de que el impetrante de amparo no exhibió documentos con los que se compruebe que las autoridades en mención pretendieron obtener el cobro coactivo del impuesto en mención, pues, en el caso, además de la factura, únicamente se anexó a la demanda la propuesta de declaración para el pago del impuesto emitido por la autoridad recaudadora, sin que ello constituya el acto de aplicación de la norma impugnada por parte de esa autoridad, ya que en el caso el propio quejoso acudió en forma voluntaria a realizar el pago de la contribución, pues así lo afirma en el escrito de expresión de agravios y en la demanda de garantías, en razón de que en el tercer antecedente de la misma, manifestó que el veintiséis de marzo de dos mil dos acudió ante la Tesorería del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, para enterar el monto de la tenencia que corresponde al vehículo descrito con anterioridad, lo que se corrobora con la marca de caja que aparece en la propuesta de declaración para el pago de ese impuesto, de la que se observa que la contribución fue pagada en la fecha últimamente citada. En ese sentido, al realizar voluntariamente el amparista el pago del impuesto, hubo aceptación de la propuesta de declaración y, por tanto, no puede considerarse que la autoridad exactora emitiera o llevara a cabo actos mediante los cuales obligara coactivamente al quejoso a realizar el pago del impuesto, sino que, en el caso, lo que se encuentra demostrado es que el impetrante de amparo por propia voluntad enteró la contribución, sin que le asista la razón en el sentido de que el Juez de Distrito debió tomar en cuenta el hecho público y notorio, consistente en que cuando se acude a realizar el trámite de placas y tarjeta de circulación del vehículo, se obliga a los gobernados a efectuar el pago de la tenencia, pues sin ese requisito no se entregan las placas ni la tarjeta de circulación y, como consecuencia, no se puede hacer uso del vehículo, ya que tales circunstancias no se traducen en un actuar por parte de la autoridad exactora mediante el que se exija el cobro coactivo del impuesto, sino que, por el contrario, el particular realiza el pago en forma voluntaria para obtener placas y tarjeta de circulación, sin que ello pueda constituir una acción de la autoridad tributaria para recaudar el impuesto, pues para estar frente a esa situación es necesario que la exactora emita un acto mediante el que determine el crédito fiscal y pretenda el cobro respectivo, lo que en la especie no aconteció, toda vez que como bien lo considera el Juez Federal, en el caso el hoy recurrente de manera voluntaria pagó el monto de la contribución, para así obtener las placas y la tarjeta de circulación del vehículo de su propiedad, sin que la autoridad fiscal hubiera realizado acto alguno para cobrar en forma coactiva el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Lo anterior, pues el acto de autoridad no puede hacerse derivar del propio actuar del quejoso, en cuanto cumplió motu proprio con la observancia de la disposición fiscal, al enterar el pago del impuesto por tenencia o uso del vehículo que adquirió, pues de eso no puede hacerse depender la existencia de los actos de aplicación de la norma que impugna de inconstitucional, y que atribuye a las autoridades fiscales que señaló como responsables, toda vez que el hecho de que el quejoso acudiera a pagar la tenencia, no conlleva a tener por ciertos los actos de ejecución que se reclaman a las exactoras, pues con los documentos que se anexaron a la demanda de garantías no se demuestra que hubieran determinado el crédito fiscal del impuesto por tenencia o uso de vehículos, ni tampoco que hayan procedido a requerir de manera coactiva al quejoso para que pagara esa contribución, sino que lo único que se demuestra es que la autoridad fiscal emitió la propuesta de declaración del pago del impuesto en alusión, que considera no se encuentra fundada y motivada, misma que fue aceptada por parte del promovente de amparo cuando realizó el pago de dicho impuesto, pero sin que ese cumplimiento espontáneo por parte del quejoso pueda atribuirse a la autoridad recaudadora, en razón de que esta última no emitió ni llevó a cabo ningún acto tendiente a obtener el cobro coactivo del impuesto, por lo que contrario a lo que señala la recurrente no es correcto considerar que existieron actos concretos de aplicación de la norma que se reclama por parte de la autoridad, dirigidos en contra del peticionario de amparo, aun cuando señale que de no cumplir con el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no obtendría placas ni tarjeta de circulación, atento que como se dijo en líneas anteriores, la circunstancia de no poder obtener esos documentos no se traduce en un actuar de la autoridad para recaudar el impuesto, sino que, en todo caso, el particular de manera voluntaria cumple con uno de los requisitos para tener las placas y la tarjeta de circulación, como lo es el pago de la tenencia del vehículo, pero sin que la autoridad realice coerción alguna mediante la que en aplicación de la disposición que contempla ese impuesto pretenda el cobro del mismo, de manera que al pagar la contribución en comento, el quejoso por sí mismo se colocó en el supuesto establecido en el precepto que impugna de inconstitucional sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora, hecho que únicamente puede servir de base para establecer la oportunidad de la impugnación de la norma que se reclama, pero no para considerar que la autoridad llevó a cabo actos concretos de aplicación. En apoyo de esta consideración, es aplicable la tesis que se cita en el acuerdo recurrido, que se localiza con el número 4a. XVI/92, en la página 102, Tomo IX, junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’. En esa tesitura, al no existir actos de las autoridades recaudadoras que obligaran coactivamente al quejoso a realizar el pago de la tenencia, fue correcto que el Juez de Distrito desechara la demanda de amparo por lo que hace a los actos que se atribuyeron a esas autoridades y se admitiera la demanda únicamente por lo que respecta al precepto que se impugna de inconstitucional, sin que fuera necesario prevenir al recurrente para que aclarara la demanda en lo concerniente a esos actos, pues hubo claridad en la precisión de los mismos, pero su inexistencia se advierte de la propia demanda de garantías en cuanto el quejoso manifestó que fue él quien por propia voluntad realizó el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que se robustece con la marca de caja que aparece impresa en la propuesta de declaración, con lo que se hace constar la entrega de la cantidad correspondiente ante la autoridad recaudadora, de modo que se trata de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por desprenderse de la propia demanda de amparo, lo que autoriza al Juez Federal a desechar parcialmente la demanda por lo que hace a esos actos, dada la inexistencia de los mismos, aun cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo no contemple el desechamiento parcial de la demanda, en virtud de que ese numeral permite establecer que cuando se advierta motivo manifiesto e indudable respecto de unos actos y procedente respecto de otros, nada impide que pueda desecharse parcialmente la demanda por lo que hace a los actos cuya improcedencia es manifiesta, y admitirse respecto de las restantes leyes o actos que se reclamen. En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Jorge Ignacio Godínez Gutiérrez, en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil dos, pronunciado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 638/2002."
QUINTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. ...
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se advierte, los preceptos transcritos, en su parte relativa, se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque su finalidad es unificar los criterios jurídicos, dado que la resolución que se dicte tiene el efecto de fijar la jurisprudencia sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado, y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.
Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.
Sentado lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, procede analizar las ejecutorias que originaron la tramitación del presente expediente.
Ahora bien, del análisis comparativo de los fallos de amparo que intervienen en la contradicción planteada, se desprende la discrepancia de criterios existente entre los Tribunales Colegiados Cuarto frente al Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En efecto, en el caso del criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2002, promovido por Norma Martínez Betanzos, es menester destacar lo siguiente:
Del estudio de las constancias respectivas se advierte que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo la inconstitucionalidad del decreto que expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, concretamente en lo relativo al artículo 109, fracción XI, de dicho cuerpo legal, así como los actos de ejecución derivados del aludido decreto.
El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en proveído de treinta de abril de dos mil dos, determinó desechar parcialmente la demanda de garantías en comento respecto de los actos de ejecución derivados de la ley reclamada, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 1o. de la Ley de Amparo, puesto que no existía el acto consistente en la aplicación de la ley reclamada que se atribuía a las autoridades ejecutoras, además de que no advertía que dichas autoridades hubieren emitido algún acto por el que requirieran el cumplimiento de la ley reclamada; por el contrario, el pago de la contribución contemplada en la legislación combatida se había realizado de manera espontánea por la parte quejosa, sin que mediara acto que la conminara a ello.
Inconforme la quejosa con la resolución anterior, interpuso en su contra recurso de queja que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró fundado, básicamente, en virtud de que no podía considerarse que los actos atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras de la ley combatida no fueran ciertos, puesto que ello derivaría de los informes justificados que en su oportunidad rindieran las aludidas autoridades y, con ello, podría saberse de manera certera e indubitable si existían o no los actos reclamados, pero mientras no se rindiera el informe con justificación no podía sostenerse que el juicio de amparo fuera improcedente de manera indubitable y manifiesta como lo había sostenido el Juez de Distrito en la resolución recurrida. Además, dicho órgano colegiado de Justicia Federal sostuvo que el hecho de que el a quo hubiere sostenido que el pago de la contribución la realizó de manera espontánea la quejosa, no resultaba obstáculo para sostener el aludido criterio, porque del análisis de la demanda de garantías se advertía que quien había realizado el señalado pago había sido el patrón de la impetrante, a lo que agregó que la ejecución de la ley reclamada podía implicar una serie de actos complejos y variados de las autoridades responsables ejecutoras en sus funciones de fiscalización y cobranza de las contribuciones que pudieren generarse en cualquier momento, máxime si se consideraba que varias de ellas dependen del ejercicio de facultades discrecionales que se van preparando y se desarrollan en distintos periodos y momentos, algunas veces en completo sigilo. Concluyó que en el supuesto de que llegare a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto de la ley reclamada, los efectos y consecuencias de ello abarcarían al primer acto de aplicación y a los actos futuros vinculados con el cumplimiento de la ejecutoria, por lo que la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal no resultaba indudable ni manifiesta como lo exigía el artículo 145 de la Ley de Amparo.
Por su parte, en el criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se destacan las siguientes hipótesis jurídicas:
Del estudio de las constancias que integran el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo la inconstitucionalidad del artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como los actos de ejecución derivados de la aplicación de dicho precepto que atribuyó al tesorero del Distrito Federal y al administrador tributario auxiliar en Benito Juárez.
El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dos, decidió desechar parcialmente la demanda de garantías en comento, precisamente respecto de los aludidos actos de ejecución, considerando al efecto que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 72, fracción XVIII, en relación con el 1o., ambos de la Ley de Amparo, puesto que no existía el acto consistente en la aplicación de la ley reclamada que se atribuía a las autoridades ejecutoras, además de que no advertía que dichas autoridades hubieren emitido algún acto por el que requirieran el cumplimiento de la ley reclamada, y el pago de la contribución contemplada en dicha legislación combatida se había realizado de manera espontánea por la parte quejosa sin que mediara acto que la conminara a ello.
Inconforme con dicha resolución la parte quejosa promovió en su contra recurso de queja que tocó resolver al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente QA. 49/2002 (QA. 391/02-11), considerando infundado el aludido medio de impugnación, básicamente por las siguientes razones:
a) Porque el impetrante de garantías no había exhibido documentos que comprobaran que las autoridades ejecutoras pretendieron obtener coactivamente el impuesto previsto en la ley reclamada.
b) Que aunque a la demanda se había anexado la propuesta de declaración para el pago de dicho impuesto, ello no constituía el acto de aplicación de la norma impugnada por parte de dichas autoridades.
c) Que el quejoso había pagado voluntariamente la contribución porque así lo había afirmado en su escrito de demanda y de expresión de agravios y que, en virtud de ello, existió aceptación de la propuesta de declaración, sin que la autoridad exactora emitiera actos mediante los cuales obligara coactivamente al quejoso a realizar el pago del impuesto, sino que fue el agraviado el que de propia voluntad enteró la contribución, tal como se corroboraba de la marca de caja que aparece en la propuesta de declaración para el pago de dicho impuesto.
d) Que el acto de autoridad no puede hacerse derivar del propio actuar del quejoso porque el hecho de que el quejoso acudiera a pagar el impuesto no conlleva a tener por ciertos los actos de ejecución reclamados, máxime que con los documentos que anexó a la demanda de amparo no se advierte que le hubieren determinado el crédito fiscal derivado del tributo aludido.
e) Que no es correcto considerar que existieron actos concretos de aplicación de la norma reclamada dirigidos en contra del agraviado, por no cumplir con el pago del impuesto reclamado, atento que el quejoso por sí mismo se colocó en el supuesto establecido en el precepto reclamado, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora, sin que ello pueda servir de base para considerar que la autoridad hubiere desplegado actos concretos de aplicación.
f) Que al no existir actos de las autoridades recaudadoras que obligaran coactivamente al quejoso a realizar el pago de la contribución aludida había sido correcto el desechamiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos de ejecución reclamados, lo que constituía un motivo manifiesto e indudable de improcedencia conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo.
Como puede observarse, en los casos señalados el Juez de Distrito determinó desechar parcialmente, por la misma razón, las respectivas demandas de amparo en las que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley y su ejecución, a saber: porque no se advertía que las autoridades responsables ejecutoras hubieren emitido algún acto por el que requirieran el cumplimiento de la ley reclamada, sino que el pago de la contribución prevista en las respectivas normas combatidas se había realizado de manera espontánea por la parte quejosa sin que mediara acto que la conminara a ello.
Sin embargo, a pesar de que en la resolución del Juez de Distrito se expresaron las mismas razones para desechar parcialmente las demandas aludidas, los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en la presente contradicción, al dictar sus respectivas resoluciones, tomando como base los mismos elementos, llegaron a conclusiones diferentes.
En efecto, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que no se trataba de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, lo sostenido por el Juez de Distrito en el sentido de que como el pago de la contribución prevista en la normatividad reclamada había sido realizada por la parte quejosa de manera espontánea, no se advertía que las autoridades responsables señaladas como ejecutoras hubieren emitido algún acto por el que requirieran el cumplimiento de dicha ley combatida; que ello resultaba incorrecto porque del análisis de la demanda se advertía que quien había realizado el pago del impuesto reclamado había sido el patrón de la quejosa, además de que sería del informe justificado que rindieran las autoridades responsables ejecutoras y de las pruebas que rindieran las partes, de lo que podría derivarse ce
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17380-bac3cf52/amparo-contra-leyes-heteroaplicativas-la-circunstancia-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2001-PL)
- COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. DEBEN APLICARSE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE SE ENCUENTREN EN VIGOR AL EFECTUARS (CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2004-SS)
- ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE ESTABLECE LA ACTUALIZACIÓN EN LA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES MEDIANTE UN SISTEMA DISTINTO AL INSTITUIDO EN EL ARTÍCU (CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2002-SS)
- ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA ACTUALIZACIÓN EN LA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES SÍ ES APLICABLE A LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RÉGIMEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/2002-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.- (3547)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis