REPARACIÓN DEL DAÑO. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES PERICIALES EN LOS QUE SE DETERMINA SU MONTO (CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ARTURO AQUINO ESPINOSA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Ahora bien, a fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el cuatro de febrero de dos mil el amparo directo número 724/99, promovido por ... en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación. En efecto, el hoy quejoso argumenta que indebidamente se le condenó al pago de la reparación del daño, sin que existiera prueba idónea para cuantificar el mismo, ya que el dictamen pericial que rindieron los peritos oficiales dependientes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, valuó los daños apreciados a simple vista y dio un costo aproximado; máxime que el artículo 32 del Código Penal del Estado no establece que los costos deberán ser aproximados. Ahora bien, es infundado el anterior motivo de inconformidad, en virtud de que si bien es cierto que en el dictamen pericial rendido el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa se dijo: 'Avalúo de daños. ... 2. Camioneta placas 1785-BS, presentó daños por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), daños apreciados a simple vista y de costo aproximado de reparación. ...'; no obstante, también debe hacerse notar que según consta de la propia probanza, la revisión que se efectuó en el vehículo del ofendido, mencionado con antelación, se realizó especificando claramente los daños que el mismo sufrió; por lo que aun cuando se hubieran utilizado los términos 'a simple vista y de costo aproximado de reparación', en una sana interpretación, éstos sólo implican un vicio en la redacción y, consecuentemente, dado que el citado dictamen pericial mencionó los daños de manera clara y específica, el mismo merece pleno valor probatorio, como acertadamente determinaron los integrantes de la Primera Sala Penal Regional de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Además, resulta correcta la aseveración de la autoridad responsable al decir que la parte quejosa no controvirtió el costo de reparación que se concluyó en el multicitado dictamen, debiendo surtir éste los efectos legales correspondientes. Asimismo, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial que citó el peticionario de garantías, de rubro: 'PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, EN MATERIA PENAL (PERITOS DE TRÁNSITO).', sin que tampoco exista obligación de acatar dicho criterio, en virtud de haber sido emitido por diverso Tribunal Colegiado. Así, al resultar infundados los conceptos de violación y sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede negar la protección solicitada."
Por su parte, el hoy Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver en fechas diez de septiembre y diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, el veinte de marzo y el tres de julio de mil novecientos ochenta y siete, y el nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente, los amparos directos números 182/86, 197/86, 6/87, 169/86 y 23/89 promovidos por ... se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"IV. Son infundados en una parte y sustancialmente fundados en otra los anteriores conceptos de violación. En efecto, los mismos devienen infundados porque es falso lo que aduce el quejoso en el sentido de que la resolución reclamada resulta violatoria de sus garantías en cuanto que fue dictada en un proceso en el que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento, pues basta imponerse de los autos para advertir lo contrario, pues aun cuando sea verdad que la ofendida Martina o Martha Hurtado Bernal, mediante escrito de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y cinco, se desistió ante el Juez natural de toda acción civil y penal que pudiera ejercitar en contra del ahora quejoso ... (foja cuarenta y uno del proceso), y de que la otra ofendida Estela González de Godoy, propietaria del vehículo Datsun placas HYL-491 del Estado de Jalisco del bienio 1982-1983, en contra del cual se colisionó el amparista, no presentó querella alguna en contra de aquél dentro del proceso, también lo es que el artículo 50 del Código Penal del Estado -aplicable cuando se cometen delitos por imprudencia como es el caso- establece que cuando por culpa se ocasione daño en propiedad ajena no mayor del importe de ochenta días de salario o por cualquier valor en el tránsito de vehículos o se causen lesiones de las señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 207 del mismo ordenamiento, el delito sólo se perseguirá a petición de la parte ofendida, pero que estas disposiciones no se aplicarán cuando el inculpado en el momento de ocurrir el hecho se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o de otras sustancias tóxicas; de ahí que, si como consta en el dictamen referente al grado de ebriedad practicado al quejoso por los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado (foja trece), éste al momento en que ocurrieron los hechos se encontraba en primer grado y sí presentaba un peligro inminente en la conducción de vehículos, no era necesario entonces la querella de las ofendidas para proceder en contra del que aquí se queja, siendo inaplicables al caso las tesis que a ese respecto cita el amparista, pues las mismas se refieren a cuando por disposición de la ley se hace necesaria la existencia de dicha querella. Sin embargo, se estiman sustancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, supliendo en lo conducente la deficiencia de la queja, en cuanto se duele de que se le está condenando al pago de la reparación de un daño cuyo monto no se encuentra especificado en autos pues, ciertamente, aun cuando obre a fojas veintiuno y veintidós del proceso un dictamen emitido por los peritos de tránsito en el que se establece el costo probable de la reparación del vehículo, propiedad de la ofendida, y que sirvió de base para la condena al pago de dicha reparación, tal dictamen resulta insuficiente para fundamentar el quántum de la reparación del daño, en atención a que en ese dictamen sólo se establece el costo 'probable' de tal reparación, de ahí que, ante la vaguedad del aludido dictamen, no puede entonces el mismo servir de base para la condena a la reparación del daño que se impuso al hoy quejoso, resultando la misma violatoria de sus garantías, lo que motiva a conceder por este concepto el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte una nueva en la que dejando intocado lo relativo al cuerpo del delito, a la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, a la pena impuesta y su sustitución, lo absuelva del pago de la reparación del daño."
Amparo directo 197/86.
"IV. Resultan sustancialmente fundados el segundo y el último de los conceptos de violación que formula la quejosa ... en los que se duele de que se le está imponiendo una sanción no aplicable al caso y de que se le está condenando al pago de la reparación de un daño cuyo monto no se encuentra especificado en autos, pues aun cuando ciertamente el agente del Ministerio Público al formular sus conclusiones no mencionó específicamente el artículo 53 del Código Penal abrogado, sí estableció en su acusación que, en el caso, de autos la conducta desplegada por la amparista fue imprudente, falta de reflexión y de cuidado, causando un daño en propiedad ajena, con motivo del tránsito de vehículos, por tanto, encuadrable tal conducta en el aludido precepto; sin embargo, estos conceptos de violación por ser suficientes para otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, hacen inútil el examen de los restantes puntos de queja, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de jurisprudencia número 106, de rubro: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.', que es visible en la página ciento sesenta y siete de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editada en mil novecientos ochenta y cinco. En efecto, en la sentencia reclamada se condena a ... a dos años de prisión y al pago de cuarenta y cinco mil pesos por concepto de reparación del daño, por su responsabilidad en la comisión del delito de daño en propiedad ajena en agravio de Ramón Gómez Sánchez, Alfredo Serratos Robles y el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se desprende que la susodicha ... violando el reglamento de tránsito, ocasionó daños materiales al conducir vehículos, por lo cual debe responder a título culposo de dichos daños; en este orden de ideas y como bien lo alega la amparista, para la aplicación de la sanción que le corresponde debió basarse la autoridad responsable en el capítulo correspondiente relativo a los delitos imprudenciales, específicamente en el artículo 53 del Código Penal de este Estado abrogado, que establece que cuando por imprudencia se ocasionara daño en propiedad ajena no mayor de veinte mil pesos, o de cualquier valor en el tránsito de vehículos o se causaran lesiones simples de las señaladas en la primera parte del artículo 262 de este código o que dejen cicatriz en la cara conforme a la segunda parte de esta disposición, sólo se perseguirá a petición de la parte ofendida y se sancionará con multa hasta por el valor del daño más la reparación de éste, lo cual encuadra exactamente con los hechos materia de esta controversia y, por tanto, debió sólo condenarse al pago de una multa y en su caso al de la reparación del daño, únicamente por los daños causados a Alfredo Serratos Robles, pues existe perdón expreso y tácito de los otros dos ofendidos, por lo que en esas condiciones es evidente que la condena por el mencionado delito, en cuanto le impone pena privativa de libertad como responsable en la comisión del delito de daño en propiedad ajena en agravio de Ramón Gómez Sánchez, el H. Ayuntamiento de Guadalajara y de Alfredo Serratos Robles, viola garantías en perjuicio de la quejosa, pero dado que aun cuando ciertamente obre a fojas veintidós del proceso un dictamen emitido por los peritos de tránsito en el que se establece el monto aproximado de los daños causados al vehículo propiedad del ofendido Alfredo Serratos Robles, y que sirvió de base para el pago de la reparación del daño, tal dictamen resulta insuficiente para ese objeto, supuesto que en ese dictamen sólo se establece el costo aproximado de los daños, de ahí que, ante la vaguedad del aludido dictamen, no puede entonces el mismo servir de base para condenar a la aquí quejosa, pues el ya citado artículo 53 del Código Penal anterior señalaba como penalidad aplicable la de multa hasta por el valor del daño causado; por tanto, ante la imposibilidad, dado lo expuesto líneas atrás, de condenar a la amparista por no poderse establecer cuál sería el monto de lo dañado y, en consecuencia, a cuánto debería ascender la multa aludida, procede se absuelva a ... lo que motiva a conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal."
Amparo directo 6/87.
"IV. Son parcialmente inoperantes los anteriores conceptos de violación. En efecto, contrariamente a lo que aduce el quejoso, sí se demostró en la especie que la calle 8 de Julio tiene prelación de paso sobre la Calle 1 de la zona industrial, ya que así lo dictaminaron los peritos oficiales en choques del Departamento de Tránsito del Estado, Raúl Dueñas Parra y Celestino López Gómez (a fojas setenta y cinco, y setenta y seis del juicio natural), siendo pertinente precisar que si el acusado consideró que dicho dictamen adolece de irregularidades, debió objetarlo en el momento procesal oportuno y no a través de este juicio de amparo directo, atento la jurisprudencia que bajo el número 185 y rubro: 'PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO.', aparece publicada en la página cuatrocientos tres de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y cinco, que dice: 'Es improcedente el concepto de violación constitucional por irregularidades sustantivas o adjetivas del dictamen pericial valorado en la sentencia reclamada, si dicho peritaje no fue legal y oportunamente impugnado ante el Juez natural.', por lo que en esas condiciones y habiéndose demostrado plenamente la falta de precaución y de cuidado del encausado al pretender cruzar la referida arteria 8 de Julio, no tan sólo sin percatarse de que no venían otros vehículos a corta distancia, sino incluso pasando por delante de un camión urbano que levantaba pasaje, es claro que ninguna garantía violó la responsable en perjuicio del disconforme al considerarlo plenamente responsable de la comisión del delito de daño en las cosas por imprudencia. En cambio, este tribunal, supliendo en lo conducente la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, encuentra sustancialmente fundado el concepto de violación que se hace consistir en que la Sala responsable debió absolver al acusado del pago de la reparación del daño. En efecto, a fojas dieciocho del juicio natural obra el dictamen emitido por el perito Rafael Zepeda Ochoa, designado por el agente del Ministerio Público, con base en el cual se condenó al reo al pago de la cantidad de doscientos diez mil pesos como reparación del daño; sin embargo, como en dicho dictamen sólo se establece el costo aproximado de los daños al expresarse textualmente que los mismos tendrían 'un costo de reparación aproximado' de doscientos diez mil pesos, dada la vaguedad del mismo, este órgano colegiado considera que no puede servir de base para condenar al acusado al referido pago, puesto que el monto de los daños, por obvias razones de lógica jurídica, debe ser exacto, ya que el juzgador no puede condenar al reo en una sentencia a pagar aproximadamente determinada cantidad, sino sólo la cantidad precisa y al no haberlo estimado así la responsable, la sentencia reclamada resulta violatoria de garantías en ese aspecto en perjuicio del amparista, razón por la cual procede conceder a éste la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable, en la nueva sentencia que dicte en sustitución de la reclamada, absuelva al reo del pago de la reparación del daño, debiendo dejar intocado todo lo demás."
Amparo directo 169/87.
"IV. Resultan inoperantes e infundados los conceptos de violación que hizo valer el amparista. Es ineficaz lo que la amparista aduce en el segundo punto de su demanda, en cuanto a las omisiones en que incurrió la autoridad responsable al no haber acatado las disposiciones que el entonces Primer Tribunal Colegiado de este circuito dictó en el diverso juicio de amparo directo número 129/84, pues aunque es cierto que la Sala no se refirió al resultado de los careos celebrados entre la quejosa e Ignacio Javier de la Torre Godoy, debe decirse que a más de que tal inconformidad puede ser recurrida mediante la queja según lo prevé el artículo 95 de la Ley de Amparo, se advierte que aquella omisión resulta intrascendente para el resultado del fallo dictado en su contra, pues del examen de la diligencia de los careos aludidos, se observa que tanto la disconforme como su coprocesado sólo sostuvieron sus declaraciones respectivas. Por otra parte, no es verdad que la Sala responsable sostenga que la imprudencia en que incurrió la quejosa haya quedado demostrada con la sola declaración de Ignacio Javier de la Torre Godoy, pues se aprecia que aunado a lo anterior tomó en consideración no sólo los elementos convictivos a que se refirió el órgano colegiado, sino a la totalidad de los que integran el juicio principal, como lo son el dictamen de causalidad emitido por los peritos adscritos al Departamento de Tránsito del Estado, Salvador Aceves Fernández y Pablo Antonio Romero Ángel, razonando que tenía eficaz valor probatorio porque, además de que indicaron que la responsable inmediata de los hechos lo era la ahora quejosa, puesto que infringió lo que dispone el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Servicio de Tránsito del Estado, se corroboraba con lo que en el diverso dictamen emitió Víctor Manuel Castañeda Valencia. Asimismo, no es atinada la aseveración de la quejosa en el sentido de que no se le admitió prueba pericial de su parte, pues a fojas 135 y 136 de la causa penal citada, su defensor ofreció en tiempo tal probanza, la que fue admitida y desahogada por Alfonso Ramos López, designado como perito de su parte, como en la parte final de su demanda lo admite, peritaje al que, aunque el Juez de los autos y la Sala responsable no le concedieron valor probatorio, debe recordarse que la peritación sólo constituye un medio para que el órgano jurisdiccional, dentro de su amplio arbitrio, lo justiprecie en razón de las constancias de autos, como lo sostiene la jurisprudencia número 188, publicada en la página cuatrocientos catorce y siguiente del Apéndice de jurisprudencia, de la Primera Sala, editado en mil novecientos ochenta y cinco, bajo la voz: 'PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieren rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros.'; por tanto, son inaplicables los criterios jurisprudenciales a que alude la disconforme en su demanda. De igual forma, aun cuando en la demanda de garantías no se hace alusión alguna en cuanto a la sanción corporal que se le impuso, este Tribunal Colegiado estima que dicha pena se encuentra apegada a derecho y no vulnera en forma alguna sus derechos subjetivos, cuenta habida que la Sala aplicó correctamente los artículos del Código Penal jalisciense que sancionan los delitos culposos. Sin embargo, de acuerdo al criterio sustentado por este tribunal, se aprecia que la condena al pago de la reparación del daño por la cantidad de cuarenta mil pesos que por los perjuicios causados al vehículo propiedad de 'Distribuidora de la Torre Guadalajara', la sancionó la Sala, no resulta procedente, pues el dictamen cuantitativo en que se basó es insuficiente para establecer el quántum de la reparación del daño, ya que sólo en forma vaga señala un 'valor aproximado' a aquella cantidad, pero no especifica en forma clara el monto de los mismos, por tanto, no puede servir de base para la condena a la reparación del daño que se impuso a la quejosa; pero, en cambio, es correcto que el tribunal ad quem la condenara por lo que ve al deterioro sufrido en la finca ubicada en el número 1799 de la calle de Arista de esta ciudad, ya que los peritos David Gudiño de la Cruz y Francisco Fernández del Toro Rodríguez, fueron claros al determinar que ascendieron a la cantidad de cuarenta y dos mil pesos, así su imposición es apegada a derecho y no vulnera en perjuicio de la amparista ningún precepto de ley. En esas condiciones, lo que procede es conceder a ... el amparo y protección de la Justicia Federal, para el solo efecto de que se le absuelva únicamente en cuanto al pago de la reparación de los daños ocasionados al vehículo propiedad de 'Distribuidora de la Torre de Guadalajara', dejando subsistente en los demás aspectos la sentencia reclamada."
Amparo directo 23/89.
"IV. Conviene precisar, antes de entrar al estudio de los conceptos de violación planteados, que en el caso de autos al hoy quejoso se le instauró proceso por el delito de daño en las cosas, y que al resolver dicho proceso el Juez Primero de lo Criminal lo condenó a una pena de un año de prisión, con derecho a la suspensión condicional de la misma, y lo absolvió del pago de la reparación del daño, porque la parte ofendida no justificó los gastos que hubiese erogado. Disconforme tanto el hoy quejoso ... como el representante social adscrito con esa sentencia, apelaron de la misma, desistiéndose posteriormente, el primero en forma expresa de dicho recurso, continuando el mismo sólo por lo que ve a la apelación del Ministerio Público, y al resolver la autoridad señalada como responsable el recurso mencionado, confirmó la pena impuesta por el inferior en su sentencia y modificó ésta condenando al quejoso al pago de la reparación del daño a favor del ofendido Martín Figueroa Rodríguez, parte única de la sentencia que será materia de estudio en el presente asunto. Ahora bien, se estiman sustancialmente fundados los transcritos conceptos de violación, supliendo en lo conducente la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En efecto, independientemente de los argumentos planteados por la parte quejosa, debe señalarse que este órgano colegiado en los amparos directos 182/86, 197/86, 257/86 y 281/86 del índice de este propio tribunal, ha sostenido reiteradamente que aun cuando ciertamente obre en el proceso un dictamen pericial en el que se establezca el costo 'aproximado' de la reparación de los daños causados al vehículo propiedad de la parte ofendida y sirva de base para la condena al pago de la reparación del daño, tal dictamen resulta insuficiente para ese objeto, supuesto que en el mismo sólo se establece el costo aproximado de tales daños y que ante la vaguedad del aludido dictamen no puede entonces éste servir de base para la condena a la reparación del daño que se imponga al quejoso, criterio que se considera aplicable en este asunto, puesto que si bien a fojas dieciocho y diecinueve del proceso obra un dictamen, emitido por un perito oficial de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se establece el costo aproximado de reparación y sustitución de las partes dañadas del vehículo propiedad del ofendido Martín Figueroa Rodríguez, y que sirvió de base para condenar al que aquí se queja a la reparación del daño, tal dictamen resulta insuficiente para fundamentar dicha condena por su vaguedad, por lo que deberá concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dicte una nueva en la que dejando intocado lo relativo a la materialidad del delito, a la responsabilidad penal del quejoso en su comisión y a la pena de prisión impuesta, así como al beneficio de la suspensión condicional de la misma, lo absuelva del pago de la reparación del daño."
Las resoluciones anteriormente referidas dieron origen a la siguiente tesis de jurisprudencia, que a su letra dice:
"Octava Época
"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989
"Tesis: III.P. J/2
"Página: 941
"REPARACIÓN DEL DAÑO. DEBE ESTAR DETERMINADO CON EXACTITUD EL MONTO DE LOS DAÑOS PARA QUE PROCEDA SU CONDENA. Aun cuando obre un dictamen emitido por peritos en el que se establezca el costo aproximado de la reparación de los daños, tal dictamen es insuficiente para fundamentar el quántum de la reparación de esos daños en atención a que en el mismo no se determina el costo exacto de esa reparación y de ahí que, ante la vaguedad del aludido dictamen, no pueda el mismo servir de base para la condena.
"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo directo 182/86. 10 de septiembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
"Amparo directo 197/86. 17 de octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
"Amparo directo 6/87. 20 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales. Secretario: José Montes Quintero.
"Amparo directo 169/86. 3 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Lira Martínez. Secretario: Miguel Ángel Alvarado Servín.
"Amparo directo 23/89. 9 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
"Nota: Esta tesis aparece publicada también en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 16-18, página 127 y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, tesis 687, pág. 433."
QUINTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer se requiere de la existencia de oposición de criterios jurídicos que controviertan la misma cuestión y se adopten criterios diferentes; así como también que esa discrepancia recaiga en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y, finalmente, que los distintos criterios provengan del examen de similares elementos.
En otras palabras, para que exista contradicción de criterios es necesario se actualicen los siguientes supuestos:
·Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
·Que esa diferencia de criterios radique precisamente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
·Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En resumen, para que exista contradicción de tesis se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme en relación con una misma problemática o institución jurídica.
Es aplicable a esta consideración, lo sustentado por la anterior Cuarta Sala de este Supremo Tribunal y que esta Sala colegiada comparte, en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y demás datos de identificación son del tenor siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."
Así como también la tesis aislada de la anterior Tercera Sala, la que en su literalidad establece:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XI, febrero de 1993
"Tesis: 3a. XIII/93
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integració
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7533-e10fd9e3/reparacion-del-dano-valor-probatorio-de-los-dictamenes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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