REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS CUALES EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ABORDAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO, RESPECTIVAMENTE, EN EL PUNTO TERCERO, FRACCIÓN I Y PUNTO PRIMERO DE LOS ACUERDOS GENERALES PLENARIOS 6/1999 Y 1/2000, PUBLICADOS EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 284/99, el nueve de febrero del año dos mil, interpuesto por ... quejoso en el juicio de garantías 447/99 del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en lo medular emitió las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Son fundados en parte los agravios relativos al sobreseimiento, los cuales se suplen en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, asiste razón al recurrente, al señalar que al reclamarse la aplicación de una ley inconstitucional por la cual se priva ilícitamente de su libertad corporal al quejoso, ésta es combatible en el juicio de garantías en cualquier tiempo, pues no se puede dividir la ley y su aplicación; por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que, al reclamarse la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, se está en el supuesto de excepción a la regla que prevé el artículo 21 íbidem, para la interposición del juicio de garantías, en razón de que al reclamarse actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, debe estarse a lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, de la Ley de Amparo, que no precisa término alguno para la interposición de la demanda de garantías. Ahora bien, debe indicarse que el artículo 21 de la Ley de Amparo, establece: 'El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.'; en tanto que el numeral 22 de la propia ley dispone: 'Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días. II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. ...'. Cabe precisar, que tal como se establece en la resolución que se revisa, si en el caso se reclama la inconstitucionalidad del decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de mil novecientos treinta y tres, por el que se concedió facultades al Ejecutivo de la Unión para expedir leyes y reglamentos, relacionados con el Ejército y Marina Nacional y con el fuero de justicia militar; así como la expedición y promulgación del Código de Justicia Militar de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto del mismo año, a través del acto de aplicación consistente en el auto de formal prisión dictado en contra de ... por el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Zona Militar; es evidente que, en el caso, dicho acto de aplicación es restrictivo de la libertad personal del impetrante y, por consiguiente, debe estarse al término que establece el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de garantías. Se afirma lo anterior, toda vez que estimar lo contrario, además de que implica dividir la continencia de la causa, resulta contradictorio en sí mismo, es decir, no puede sostenerse que respecto de la ley que se tilda de inconstitucional, deba estarse al término que dispone el artículo 21 de la ley de la materia, en tanto que, tratándose del examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de aplicación, se observe lo establecido en el diverso numeral 22, fracción II, que no estatuye término alguno, por tratarse de un acto restrictivo de libertad personal del gobernado. Sirve de apoyo la tesis publicada en la página 953 y 954 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, que dice: 'LEYES, AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS DE APLICACIÓN ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.' (la transcribe). En esta tesitura, este Tribunal Colegiado considera que no se surte la causal de improcedencia por la cual se sobreseyó en el juicio y, consecuentemente, de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe abordarse el estudio de los conceptos de violación, cuyo análisis omitió el Juez de Distrito, sin que a este tribunal le sea dable efectuarlo, en virtud de carecer de jurisdicción para ello; por tanto, al no advertir ningún otro motivo que impida entrar al examen de la constitucionalidad planteada, procede revocar la sentencia recurrida, dejando a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiéndose remitir los autos a nuestro Máximo Tribunal para lo que estime pertinente. No pasa desapercibida para este Tribunal Colegiado la jurisprudencia 12/1993, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 10, tomo 71, noviembre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, toda vez que la misma se refiere al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y, en el caso, se reclama la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar a la luz del artículo 73 de la Ley Fundamental, que se refiere a las facultades del Congreso de la Unión. Por lo expuesto y fundado en los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 6/1999, que dice: 'TERCERO. De los asuntos iniciados con posterioridad a la publicación de este acuerdo, de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la salvedad especificada en el punto primero, se remitirán a los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, los siguientes: I. Recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando no obstante haberse impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere entrado al estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o por cualquier otro motivo. En estos casos, si el Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se surte la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el juicio, ni existe alguna otra o motivo diferente que impidan entrar al examen de constitucionalidad, revocará la sentencia recurrida dejando a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte y le remitirá el asunto, salvo cuando ésta ya haya establecido jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad de que se trate, en cuyo caso el tribunal lo resolverá, aplicándola.', se resuelve: PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Este Tribunal Colegiado deja a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer el recurso de revisión interpuesto por ... TERCERO. Se ordena remitir los autos del recurso de revisión interpuesto por ... a la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (fojas 60).
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el diez de agosto de dos mil, al resolver el amparo en revisión 611/99, promovido por ... quejoso en el juicio de amparo 189/1999, a más de otras autoridades, en lo que al caso interesa emitió las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Deben desecharse por improcedentes los recursos de revisión propuestos por el agente del Ministerio Público Federal y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, porque el acto reclamado, motivo de estudio en la sentencia de amparo, emana del contralor interno y es el único legitimado para promover el recurso, pues el amparo se les hizo extensivo a las autoridades referidas, únicamente en vía de consecuencia y, además, los actos de tales autoridades no se reclaman por vicios propios y, como ya se dijo, no fueron materia de análisis. En función de su contenido resulta aplicable la jurisprudencia número 475, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 316 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra señala: '... la constitucionalidad de un acto que no le es propio, pues carece de legitimación para hacer valer dicho recurso.'. De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 1000, visible en la página 688 del mismo tomo y Apéndice referidos, que expresa lo siguiente: 'REVISIÓN IMPROCEDENTE, TRATÁNDOSE DE LA INTERPUESTA POR AUTORIDADES EJECUTORAS.' (la transcribe). QUINTO. Por razón de método en el presente considerando, por las consideraciones que con posterioridad se emitirán en el considerando séptimo, se analizarán inicialmente los argumentos contenidos en el presente recurso, con excepción de los señalados en la parte final, en relación con la solicitud de examen de la inconstitucionalidad de los artículos 47, 53, fracción IV, 54, 56 y 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Resultan infundados los conceptos de agravios aludidos, propuestos por ... En el primero de los motivos de inconformidad, en esencia, señala la parte recurrente que en el caso a estudio la protección constitucional debió ser lisa y llana y no para efectos, basando su aseveración en que el Juez de Distrito indebidamente consideró como violación formal, el que se dictara una resolución de destitución conforme a una ley distinta a la aplicable al caso concreto, argumentando que el indebido examen y distribución de la carga probatoria que se realizó en la resolución sancionadora, aplicando incorrectamente el Código Federal de Procedimientos Civiles en lugar del Código Federal de Procedimientos Penales, no es una violación cometida dentro del procedimiento, ya que se trata de una violación de fondo cometida en la resolución de destitución, lo que transgrede el artículo 14 constitucional, y como la finalidad del amparo consiste en invalidar el acto inconstitucional, la protección constitucional, en el caso concreto, no debió ser para efectos, pues la autoridad responsable ya no está facultada para emitir nuevamente el acto reclamado subsanando errores u omisiones, pues se trata de un acto jurisdiccional impropio, en el que el acto de autoridad hace de la actividad materialmente jurisdiccional del Estado, dirimiendo controversias entre sí mismo y un gobernado. Precisando, además, que en el caso concreto, con independencia de que en la demanda de amparo se hubiese hecho referencia histórica a las distintas etapas que compusieron el procedimiento administrativo, mencionando el desechamiento de pruebas, eso se dijo en los antecedentes y en los conceptos de violación, no se quejó de ese desechamiento y debió estudiar el Juez de Distrito tales conceptos, en la forma que le fueron expuestos. Sin embargo, este tribunal federal considera correcto el sentido otorgado a la protección constitucional pues, por una parte, contrario a lo que se sostiene, claramente se estableció en los conceptos de violación, y no únicamente en los antecedentes de la demanda, que indebidamente la contraloría responsable desechó las pruebas ofrecidas por el quejoso y, además, que incorrectamente le impuso la carga de la prueba de acreditar las excepciones opuestas de acuerdo al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al aplicar el código referido en su perjuicio y no el Código Federal de Procedimientos Penales, trastocando en su perjuicio todo el sistema de cargas procesales, pruebas y garantías que señaló y le otorga el sistema penal y procesal penal aplicable en materia punitivo-administrativa ya que, en lo que interesa, a la letra se expresó: 'Por otra parte, la contraloría responsable desechó las pruebas ofrecidas por el suscrito y arrojó indebidamente sobre el mismo, la carga de la prueba de «acreditar las excepciones opuestas», conforme al numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este proceder me dejó a merced de la autoridad, puesto que, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la legislación supletoria aplicable no es la civil, sino la establecida en el Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, de manera que la responsable no sólo aplicó una ley distinta a la específicamente aplicable sino que, con ello, trastocó en mi perjuicio todo el sistema de cargas procesales, pruebas y garantías que en mi favor, como sujeto de responsabilidad, me otorga el sistema penal y procesal penal aplicable en materia punitivo-administrativa, lo cual importa una violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el siguiente criterio: «RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Y NO LAS DEL FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.».' (la transcribe). Por lo que el Juez de Distrito, en forma correcta, atendiendo a lo expuesto en los conceptos de violación, estimó fundada la parte aludida al señalar que, efectivamente, lo aducido por el quejoso se corroboró con el contenido de la resolución administrativa que se reclamó, en donde se aprecia en sus fojas 18 y 19, que el contralor interno de la Procuraduría General de la República, al emitir el acuerdo de trámite respectivo a la admisión de pruebas ofrecidas por el quejoso en el procedimiento administrativo que se le siguió, aplicó supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, para fundamentar lo relativo a su admisión, desahogo y desechamiento (fojas 429 a 432), por lo que se trata de una violación de carácter formal trascendente al sentido de la resolución administrativa reclamada, al concluir por las razones que informan la sentencia de amparo, que el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que en todas las cuestiones relativas no previstas en esa ley, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, por ser el ordenamiento aplicable supletoriamente en los procedimientos seguidos en las quejas administrativas que tengan por objeto investigar la conducta de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo y, en su caso, fincarles responsabilidad y aplicarles la sanción respectiva de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así las cosas, inexacto resulta el planteamiento de la parte inconforme, en el sentido de que no se dolió en la demanda de garantías, del vicio formal aludido dentro del procedimiento que se le instauró pues, como ya se demostró, tal aspecto en forma precisa fue abordado dentro del capítulo correspondiente a los conceptos de violación y, por ende, no puede aceptarse que la violación aducida se traduzca en una violación de fondo que amerite la concesión del amparo en forma lisa y llana, máxime que ésta obedeció, toralmente, a que en el acuerdo de trámite respectivo a la admisión de las pruebas, se aplicó supletoriamente una legislación adjetiva que no era la conducente, por lo que el efecto del amparo correctamente consistió en declarar insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo a partir del momento en que se cometió la violación señalada, incluyendo la resolución dictada el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, y se procediera a dictar una nueva en plenitud de jurisdicción una vez subsanada la irregularidad aducida. Por ende, la concesión constitucional fue congruente, teniendo por objeto restituir al agraviado en pleno goce de sus derechos públicos subjetivos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de que se quejó. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 33/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por el Juez de Distrito, visible en las páginas 191 y 192 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, que a la letra informa: 'SENTENCIAS DE AMPARO. ALCANCE DE SUS EFECTOS ANULATORIOS CUANDO SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, POR UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER FORMAL, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO.' (la transcribe). En lo que toca al argumento en el sentido de que se hicieron valer conceptos de violación, respecto de la falta de tipicidad de la conducta imputada y que esto no fue analizado en la sentencia de amparo, debe decirse que en medida alguna le irroga perjuicio al recurrente, pues lo relativo a la tipicidad es una cuestión de fondo, siendo de explorado derecho que al resultar fundadas las disertaciones respecto de violaciones formales, no le es dable al Juez de Distrito analizar las cuestiones de fondo, tal como se establece en la jurisprudencia 1084, cuyo criterio se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 749 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra expresa: 'VIOLACIONES FORMALES. SI SE DECLARAN FUNDADAS, EL AMPARO DEBE CONCEDERSE PARA QUE SE SUBSANEN, SIN ENTRAR AL FONDO.' (la transcribe). En mérito de lo anterior, en lo que es materia de la revisión, se confirma la sentencia que se revisa. SEXTO. Resultan infundados los conceptos de agravio propuestos por el contralor interno de la Procuraduría General de la República; en ellos se precisa que la autoridad federal en el fallo que se analiza, interpretó indebidamente el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque de acuerdo al contenido de los artículos 109, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece la autonomía de los procedimientos derivados de actos u omisiones en que incurran servidores públicos, los que se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, de lo que se concluye la incongruencia en que incurrió el Juez de amparo debido a que para interpretar la ley en función de errores gramaticales o de redacción en que incurrió el legislador, no sólo debe atender al sentido literal o a lo que pretende como intención legislativa, sino ocurrir a la lógica jurídica haciendo la separación de la naturaleza y fines de los procedimientos, pues omitió distinguir procedimientos administrativos de naturaleza penal y procedimientos administrativos de carácter civil como en la especie, en la que rige supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo a los criterios que se citan y llevan por rubros: 'SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN MATERIA ADMINISTRATIVA.', 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.' y 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PRUEBAS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.'. Sin embargo, contrario a lo que se sostiene, en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, meridianamente se establece: 'Artículo 45. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.'. De donde se desprende diáfanamente que en todas las cuestiones, en relación con el procedimiento no previstas en el cuerpo de leyes citado, así como en concreto, en lo concerniente a la apreciación de las pruebas, se debe observar la normatividad establecida en el Código Federal de Procedimientos Penales y eso no se encuentra en contravención con lo establecido en el artículo 109, fracción II, párrafo segundo, de la Carta Magna, en el sentido de que los procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se desarrollarán autónomamente, pues la circunstancia de que se aplique el Código Federal de Procedimientos Penales, en medida alguna le resta autonomía al procedimiento correspondiente y, de igual manera, la aplicación del código referido no se encuentra tampoco en contradicción con lo prevenido en el artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que precisa que los actos u omisiones comprendidos entre los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 constitucional, se desarrollarán en los procedimientos respectivos en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda pues, se reitera, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales, en medida alguna demerita la autonomía e independencia del procedimiento respectivo. Cabe señalar, además, que no resulta correcto sostener que el Juez de Distrito omitió distinguir que existen procedimientos administrativos de naturaleza penal y procedimientos administrativos de carácter civil, pues en forma precisa y concreta la autoridad recurrida, sin establecer que el procedimiento de mérito seguido en contra del quejoso fuese de naturaleza penal, determinó que para efecto de la admisión, desahogo y desechamiento de pruebas, la ley adjetiva aplicable en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo era el Código Federal de Procedimientos Penales. Por ende, si en el artículo 45 referido categóricamente se expresa que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, no resulta lógico ni jurídico sostener como aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que no existe en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, diversa disposición relativa a la supletoriedad de leyes, por lo que sin esfuerzo interpretativo alguno resulta inconcuso que la ley aplicable en el procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo es el Código Federal de Procedimientos Penales. Razones las anteriores, por las que no resultan de aplicación en el caso concreto las tesis invocadas por la parte recurrente, máxime que en todas ellas nítidamente se consigna que en los procedimientos administrativos, la ley aplicable supletoriamente, lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero salvo disposición expresa de la ley respectiva, como así acontece en la especie, en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así las cosas, resulta inexacto que por el simple hecho de que en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establezca que las resoluciones administrativas puedan ser impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación a través del juicio de nulidad, deba aplicarse en el procedimiento administrativo la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el que rige en el juicio de nulidad, pues no debe perderse de vista que para el procedimiento administrativo correspondiente en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, existe disposición expresa, como se ha reiterado, respecto de la aplicación de la ley adjetiva conducente, y resulta irrelevante que para un diverso procedimiento como lo es el relativo al juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal Fiscal de la Federación, que por disposición expresa la ley supletoria, lo sea el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de procedimientos distintos regidos en su momento, precisamente, por distintas disposiciones legales, con absoluta independencia de que el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, forme parte de los capítulos segundo y tercero del título segundo de la propia ley, y que se diga que su naturaleza y fines son diversos a los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia pues, como ya se apuntó, precedentemente, ante la ausencia en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de alguna disposición relativa a la supletoriedad de la ley, distinta a la establecida en el artículo 45, es obligado concluir que la ley adjetiva penal federal es la aplicable supletoriamente para la sustanciación y resolución de todos los procedimientos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; resultando inatendible la tesis invocada, en relación con la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecida en los artículos 5o. y 197 del Código Fiscal de la Federación pues, como ya se destacó, tal supletoriedad se refiere únicamente a los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación y, en el caso concreto, la protección constitucional concedida obedeció al hecho demostrado, consistente en que no se aplicó el Código Federal de Procedimientos Penales en el procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 45 establece como ley supletoria adjetiva al Código Federal de Procedimientos Penales. Finalmente, respecto a lo manifestado en el segundo y último de los conceptos de agravio, inexacto resulta que la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, estuviera impedida legalmente para resolver el amparo cuya revisión nos ocupa, pues con independencia de que tal como se reconoce por la parte recurrente el acto reclamado emana de un procedimiento de naturaleza administrativa y no de naturaleza penal, el simple hecho de que se haya considerado aplicable por el Juez Federal dentro del procedimiento administrativo el Código Federal de Procedimientos Penales, no implica que el amparo resulta ser de índole penal y, que por ello, se encuentre impedida la autoridad federal para resolver el mismo, lo que se dice compete a un Juez de Distrito en Materia Penal. Debido a que en términos del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial están facultados para conocer de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo II del título cuarto de la propia ley, comprendiendo la materia penal, civil, administrativa y laboral. En mérito de lo anterior, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de agravio analizados, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión. SÉPTIMO. En relación con el planteamiento formulado por el recurrente ... en la parte final de su recurso de revisión, en el que señala que la autoridad federal recurrida omitió el estudio de los conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 47, 53, fracción IV, 54, 56 y 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, citando como aplicable la contradicción de tesis 34/93 que lleva por rubro: 'REVISIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LA VIOLACIÓN CONSISTE EN LA FALTA DE EXAMEN DE UNA PARTE O DE LA TOTALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS.', así como la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, que lleva por rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES. TIENE INTERÉS JURÍDICO EN LA REVISIÓN EL QUEJOSO CUANDO OBTIENE, EN LA SENTENCIA, CONCESIÓN CONTRA LOS ACTOS DE APLICACIÓN, PERO NO RESPECTO DE LA LEY RECLAMADA.', debe decirse que resulta fundada su pretensión, pues en el caso concreto el Juez de Distrito no advirtió alguna causa de improcedencia en relación con los actos de aplicación, para la procedencia del juicio de garantías, sino que consideró que al haber concedido el amparo para efectos, el acto de aplicación quedó insubsistente porque debía reponerse el procedimiento del que emanó y por ese motivo, con base en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, que lleva por rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ.', sobreseyó en el juicio de garantías respecto de los actos reclamados de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y secretario de Gobernación, y no procedió al examen de la constitucionalidad de los preceptos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reclamados por el quejoso. Sin embargo, el criterio en el que se basó el Ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17174-ced2b5ef/revision-en-amparo-indirecto-supuestos-en-los-cuales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2007-PS)
- FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS)
- REVISIÓN ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2002-PS)
- AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2001-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
- COSTAS. (VI.2o.586 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis