AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 15/2000, suscitado entre los Jueces Quinto de Distrito en Materia Penal y Tercero en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, en sesión de fecha veinticinco de enero de dos mil uno, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que el competente para conocer de la demanda de garantías, es el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por las razones que a continuación se precisan. Al respecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece (se transcribe); precepto de acuerdo con el cual, la competencia para conocer de un juicio de amparo que se promueva contra actos de autoridad administrativa, compete a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y no a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, cuando como en el caso, la o las autoridades responsables son distintas a la autoridad judicial y el acto que se reclama no se trata de un procedimiento de extradición ni se reclama una ley o disposición legal de carácter penal, pues, en la especie, no se está en los supuestos que señala el artículo 51, fracción I, de la ley orgánica antes mencionada, esto es, no se trata de una resolución judicial, tampoco son actos que afecten la libertad personal, ni que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República; además, las autoridades señaladas como responsables no tienen carácter judicial, los actos reclamados no se relacionan con un procedimiento de extradición ni se trata de una ley o disposición legal de naturaleza penal, ya que sólo tienden a la afectación del patrimonio de los quejosos; en tal virtud, resulta intrascendente que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco al no aceptar la competencia para conocer de la demanda de amparo, haya sostenido que los actos reclamados son de naturaleza intrínsecamente penal, pues no es posible soslayar que el legislador, cuando aprobó el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 52, fracción IV, con toda precisión determinó que los juicios de amparo que se promuevan contra autoridad distinta a la judicial, son competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, en ese mismo precepto legal, el autor de la ley también previó lo relativo a los actos intrínsecamente penales, pero no estableció que en todos los casos en que se reclamen ese tipo de actos de autoridades distintas a las judiciales, la competencia para conocer del juicio de amparo fuera de los Jueces de Distrito en materia penal, ya que ese aspecto competencial lo restringió para los casos en que se actualizaran las hipótesis previstas en los artículos 50, fracción II y 51, fracción III, de la referida ley orgánica, esto es, cuando se trate de procedimientos de extradición o se reclame alguna ley o disposición jurídica de observancia general de naturaleza penal, de tal manera que si los actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen al conflicto competencial que se analiza no está en alguna de esas dos hipótesis, es claro que de acuerdo con la voluntad del legislador plasmada en los citados artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, aun cuando se trate de actos de naturaleza intrínsecamente penal, la competencia para conocer de la demanda de amparo lo es un Juez de Distrito en Materia Administrativa, simple y sencillamente porque las autoridades señaladas como responsables son distintas a la autoridad judicial y los actos reclamados no encuadran dentro de los casos de excepción que el legislador reservó para la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, máxime que en el caso, los promoventes del amparo se ostentan terceros extraños a la averiguación previa, donde según dicen, existen actos y se pretenden otros para asegurar el vehículo, del cual ... es legítimo propietario y poseedor. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Volúmenes 199-204, Primera Parte, Séptima Época, publicada bajo la voz: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe) y la tesis visible en la página 23, Volúmenes 163-168, emitida por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la época y Semanario antes aludido, que dice: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el contenido del criterio que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco transcribió en su determinación, relativo al conflicto de competencia número 140/2000, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de abril del año dos mil, pues se da el caso que dicho criterio además de que se trata de un supuesto diferente, es aislado, por tanto, no resulta obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en tal virtud este Tribunal Colegiado reitera el criterio que sustentó en las ejecutorias correspondientes a la revisión incidental 143/98 y revisión principal 186/98, resueltas en sesiones de veintitrés de septiembre y trece de octubre, respectivamente, ambas del año de mil novecientos noventa y ocho, así como en los conflictos competenciales números 8/2000, 9/2000, 10/2000 y 12/2000, resueltos en sesiones de treinta de noviembre y veinticinco de octubre, respectivamente, todas del año próximo pasado, en que por tratarse de casos similares al planteado en este toca, se resolvió en el sentido ya especificado. Por otra parte, este órgano jurisdiccional no pasa inadvertido que los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, en las ejecutorias correspondientes a los tocas de competencia números 25/2000, 30/2000, 31/2000, 35/2000, 36/2000, 17/2000, 27/2000, 39/2000, 41/2000 y 48/2000, respectivamente, sustentaron criterio opuesto al que sirve de apoyo a esta resolución y por las razones expuestas al resolver el presente asunto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio de los referidos Tribunales de Circuito en Materia Administrativa; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que seguido el trámite condigno pronuncie la resolución que deba prevalecer. Destacado lo anterior, este Tribunal Colegiado declara que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ... ."
Criterio que reiteró en el conflicto competencial 8/2000, resuelto el veinticinco de octubre de dos mil.
El mismo Tribunal Colegiado al resolver la revisión incidental 143/98, interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, en México, Distrito Federal, en sesión de fecha de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:
"Ahora bien, visto lo anterior, se advierte que los actos reclamados que según aduce la promovente de garantías, afectan su patrimonio y el de sus representados, derivan de las órdenes de aseguramiento dictadas por agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, de México, Distrito Federal, dentro de la fase de averiguación previa (números 455/MPFEADS/97 y 001/MPFEADS/98), autoridades que tienen el carácter de administrativa; por lo que en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: ‘Los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas ...’, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en Materia Administrativa (en este caso, conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que es correcto) y, por ende, de las revisiones que se promuevan en contra de las sentencias que se dicten, ya sean en el juicio principal o en el incidente de suspensión respectivo, como sucede en el caso, quien debe conocer es un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y no un Tribunal Colegiado en Materia Penal, pues, en la especie, no se está en los supuestos que señala la fracción I del numeral 51 de la ley orgánica mencionada, esto es, no se trata de una resolución judicial, pues los actos reclamados emanan, como ya se mencionó, de autoridades que tienen el carácter de administrativas, tampoco se trata de actos que afecten la libertad personal, que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos reclamados tienden a la afectación del patrimonio de los quejosos; razón por la cual, se itera, este Tribunal Colegiado no es competente para conocer de la presente revisión incidental. Sobre el particular, resultan aplicables las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Parte, Volúmenes 163-168, 199-204, páginas 23 y 32, respectivamente, las cuales son del tenor literal siguiente: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe) y ‘AVERIGUACIÓN PREVIA, ACTOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES EN. ES COMPETENTE PARA CONOCER EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). No escapa a la consideración de este Tribunal Colegiado que en la revisión principal número 132/98, que se formó con motivo del juicio de amparo que se promovió contra actos derivados de una de las averiguaciones previas (número 455/MPFEADS/97), de donde emanan algunos de los actos que se impugnan en la demanda de amparo de donde deriva el incidente en que se actúa, no se declinó la competencia en los términos en los que ahora se hace; sin embargo, este tribunal reconsidera su criterio al respecto, pues del análisis de las tesis de jurisprudencia en las que se sustenta este fallo, así como el relativo a los artículos correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se llega a la conclusión que los actos que se reclamaron en la demanda y que fueron materia de suspensión, su conocimiento corresponde a un Tribunal en Materia Administrativa. Sentado lo anterior, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución General de la República y 48 bis, último párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado declina la competencia para conocer de la revisión incidental promovida por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, con residencia en México, Distrito Federal, a favor del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, que es a quien se considera corresponde su conocimiento."
Al resolver la revisión principal 186/98, interpuesta por el director de Análisis Jurídico y Consultivo, en ausencia del director general de Administración de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República, el citado tribunal, el día trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo un criterio similar al transcrito con antelación.
Con fecha veinticinco de octubre de dos mil, el propio Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial 9/2000, suscitado entre el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal y la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, en los siguientes términos:
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que el competente para conocer de la demanda de garantías, es el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por las razones que a continuación se expresan. En efecto, de la demanda de amparo presentada por ... se advierte que señala como autoridades responsables a dos autoridades no jurisdiccionales, como lo son el procurador general de Justicia del Estado y el agente del Ministerio Público titular de la Agencia Especializada para Homicidios Internacionales, ambas con residencia en Guadalajara, Jalisco, ordenadora y ejecutora respectivamente, de las cuales reclamó ‘constantes violaciones a las garantías que me concede la Constitución General de la República, a través de sus artículos 8o., 17 y 21, en el sentido de que se me ha impedido el derecho a recibir respuesta a múltiples peticiones que he realizado de manera verbal y escrita y en forma por demás respetuosa y atenta’; asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, menciona ‘que en la averiguación previa No. 1304/99 de donde emanan los actos que atentan contra las garantías del suscrito, me fue reconocido el carácter de coadyuvante, y que a partir del mes de noviembre de 1999 he realizado el planteamiento de diversas solicitudes tendientes al esclarecimiento de los hechos en que perdiera la vida en forma violenta mi hermano, y es el caso Sr. Juez de Distrito que también se me han negado copias e información de manera sistemática ... se han violentado en mi agravio lo más elemental del derecho tutelado por los artículos 8o., 17 y 21 de nuestro Código Supremo, no obstante que la autoridad tiene la obligación de informar los acuerdos que recaigan a las peticiones que formulan, además que se ha incurrido en omisiones en el procedimiento que después serían de difícil reposición, dado que se está entorpeciendo la debida integración de la averiguación previa ... con fecha 14 de mayo de 1999, se me reconoció en la causa penal que requiero el carácter de coadyuvante y no obstante lo anterior en multitudes ocasiones se me ha obstaculizado por razones que ignoro «la ministración de justicia», en el sentido de que la autoridad responsable ejecutora no se ha sujetado al régimen de nuestro procedimiento penal, como lo previene el artículo 99 del código adjetivo de la materia, que a la letra dice (transcribe el contenido de los artículos 99, 102 y 103 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco). Violan las responsables las prerrogativas antes precisadas, en virtud de que «se inobservan las normas del procedimiento», ya que el Ministerio Público tiene la obligación de resolver las peticiones formuladas por el suscrito, dentro del término que refiere el artículo 73 del código adjetivo penal que establece el término de tres días, sin embargo, hasta la fecha no ha recaído acuerdo a mis peticiones y solicitudes’, finalmente, en sus conceptos de violación, expresa que: ‘De conformidad con lo citado en los párrafos anteriores, se violan los motivos de legalidad tutelados por los artículos 8o., 17 y 21 de nuestra Carta Magna, por los servidores que tienen el carácter de autoridades responsables y que como tales asumen la obligación de dar a conocer al peticionario las respuestas a las distintas solicitudes planteadas ya sea en un sentido o en otro’. La actitud omisa que asumen en este caso las autoridades responsables es la que precisamente prohíben los ordenamientos que se vulneran, ‘por tanto, ello es un fundamento para que rectifiquen tal actitud’; de lo anterior, se advierte que, en esencia, el quejoso se duele de una violación a su derecho de petición, cometida por autoridades administrativas, por lo que en la especie, encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se refiere a la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de la demanda de amparo en casos como el que nos ocupa, y si bien es cierto que los actos reclamados tienen su origen en un procedimiento de carácter penal, no es menos cierto que los mismos no comparten tal naturaleza, puesto que en el caso particular no se afecta la libertad personal del quejoso, ni se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, tampoco se reclama alguna resolución dictada en incidente de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o de responsabilidad civil, en un juicio de ese tipo, cuando la acción tiene su fundamento en la comisión de un delito, ni mucho menos se impugnan leyes u otras disposiciones de observancia general en materia penal, por lo que no se está en ninguno de los supuestos de competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que en el caso, el promovente del amparo tiene el carácter de coadyuvante del Ministerio Público en la averiguación previa de que se trata. No obsta para lo anterior, que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, haya invocado el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial número 140/2000, suscitado entre los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y del Trabajo, y Segundo en Materias Penal y Civil, ambos del Cuarto Circuito, en sesión de tres de abril del año dos mil transcrito anteriormente, ya que lo aquí resuelto en esta ejecutoria no se contrapone con dicho criterio, puesto que como se ha dejado establecido, los actos reclamados por el promovente no son de naturaleza penal. En consecuencia, se declara que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ..."
Asimismo, en la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 10/2000, suscitado entre los Jueces Tercero de Distrito en Materia Penal y Primero en Materia Administrativa, ambos en el Estado de Jalisco, el treinta de noviembre de dos mil, el propio tribunal federal, en la parte conducente, sostuvo lo siguiente:
"En la especie, se debe destacar que el conflicto radica en determinar si los actos reclamados son de naturaleza penal o administrativa, y remitir la demanda de amparo, para que el Juez Federal resuelva lo concerniente a su admisión y trámite. Sentado lo anterior, cabe decir que en el caso, la competencia por razón de la materia se surte en favor del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, toda vez que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone: ‘Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’. La disposición legal transcrita en el párrafo anterior, establece tres hipótesis en las que se surte la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, que consisten en los casos en que el juicio de garantías se promueve: a) contra resoluciones judiciales del orden penal; b) contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento judicial; y, c) contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, los actos reclamados carecen de las características exclusivas de las resoluciones judiciales del orden penal, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni son de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política del país, no se relacionan con un procedimiento de extradición ni se reclama la aplicación de una ley o disposición legal de naturaleza penal que se estime inconstitucional, ya que la verdadera esencia de los actos reclamados por el quejoso, sólo tienden a la afectación de éste, en razón de que, según aduce, se permitió la desconexión de una finca de su propiedad, a la red del servicio de agua potable y alcantarillado, por miembros de la asociación de colonos del Fraccionamiento El Palomar, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; por otra parte, las autoridades señaladas como responsables no tienen carácter judicial, con excepción del Juez de Primera Instancia del Trigésimo Primer Partido Judicial, con sede en la mencionada población de Tlajomulco de Zúñiga, a la que no se le reclama ninguna resolución dictada o cualquiera otro acto realizado en un procedimiento judicial, sino que a esta autoridad, el quejoso le atribuye que aún no ha recibido la consignación de las personas que pertenecen a la asociación de colonos del Fraccionamiento El Palomar, para que inmediatamente ratifique su detención o decrete la libertad bajo caución de las personas que participaron en la desconexión de una finca de su propiedad de la red del servicio público de agua potable y alcantarillado, circunstancia que debemos adminicular con el hecho, también afirmado en la demanda de amparo, de que el Ministerio Público ni siquiera ha iniciado una averiguación previa con motivo de los hechos relativos a la desconexión de una finca del sistema de agua potable que el propio quejoso considera constitutivos del delito de despojo de aguas, previsto por el artículo 262, fracciones I, II y III, del Código Penal para el Estado de Jalisco; de esta manera, aunque el demandante de garantías estime que se actualiza un delito, no se puede considerar que los actos reclamados estén sustentados en la hipótesis que lo prevé o en alguna otra norma de carácter penal, sino que esa apreciación, por lo menos hasta el momento de la presentación de la demanda en la que intentó la acción constitucional, es subjetiva del signante de la demanda de garantías, pero no es materia de resolución de alguna de las autoridades señaladas como responsables, y menos del Juez de primera instancia, sino que a éste se le imputa que todavía no ha recibido la consignación de las personas que a su juicio cometieron un delito, se repite, cuando ni siquiera se ha iniciado una averiguación previa en relación con el supuesto ilícito, acto reclamado al Juez de instancia, que como acertadamente lo señaló el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en esta entidad federativa, es por vía de consecuencia de los actos reclamados a las autoridades administrativas; por otro lado, el objeto preferente del quejoso, radica en los actos reclamados a estas últimas autoridades, los que tienen relación directa con los hechos motivo de la demanda de amparo, consistentes en que una finca de su propiedad fue desconectada de la red de agua potable y alcantarillado; además, el acto atribuido al Juez de primera instancia, aunque se trate de una autoridad judicial, no reviste ninguna característica de las previstas por la ley para que se considere como un acto de naturaleza penal. En otro aspecto, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, adujo que lo que se reclama a las responsables es la abstención de llevar a cabo actos de naturaleza penal, consistentes en la detención de los ‘terceros perjudicados’, y lo que pretende el demandante del amparo, es que se instaure la averiguación correspondiente y se lleve a cabo dicha detención, lo que a su juicio, permite afirmar que el asunto es de naturaleza penal, ya que encuadra en lo dispuesto por el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto se refiere a actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, lo que en el caso se actualiza, pues aunque no se trata de la libertad del disconforme, sí incide en la del ‘tercero perjudicado’; argumentos que no son acertados, porque una cosa es la pretensión del quejoso, y otra los actos reclamados a las autoridades, pues son éstos los que se deben calificar y tomar en consideración su naturaleza intrínseca, para determinar si se actualiza alguna de las hipótesis del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente si los actos de autoridad afectan la libertad de las personas, lo que en este caso no ocurre; asimismo, según se vio, no encuadra en ninguna de las tres hipótesis que establece el dispositivo legal señalado, ya que ninguno de los actos reclamados atentan contra la libertad de persona alguna, sino que el demandante del amparo se queja de que las responsables, presidente municipal y secretario (según da a entender) del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, director de Seguridad Pública y elementos de esa corporación de la propia población, no privaron de la libertad a otras personas, y pretende su detención, pero ninguno de los mencionados actos atentan contra ese bien jurídico; de esa manera, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad federativa, se aparta de los principios básicos que rigen lo concerniente a la competencia para conocer del juicio de amparo en materia penal, pues no se debe soslayar que el legislador cuando aprobó el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 52, fracción IV, con toda precisión, determinó que los juicios de amparo que se promuevan contra autoridad distinta a la judicial, son competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, precepto en el que el autor de la ley también previó lo relativo a los actos de la naturaleza intrínsecamente penal, pero no estableció que en todos los casos en que se reclamen ese tipo de actos de autoridades distintas a las judiciales, la competencia para conocer del juicio de amparo se surta a favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal, ya que ese aspecto competencial lo restringió para los casos en que se actualizaran las hipótesis previstas en los artículos 50, fracción II, y 51, fracción III, de la referida ley orgánica, esto es, cuando se trate de procedimientos de extradición o de la inconstitucionalidad de disposiciones legales de observancia general de naturaleza penal, de tal manera que si los actos reclamados en la demanda de amparo no están en alguna de esas dos hipótesis, es claro que de acuerdo con la voluntad del legislador, en los citados artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, aun cuando se tratara de actos de naturaleza intrínsecamente penal, la competencia para conocer de la demanda de amparo es un Juez de Distrito en Materia Administrativa, en razón de que las autoridades señaladas como responsables, son distintas a la autoridad judicial, con la salvedad que ya se hizo con respecto al Juez de primera instancia, y los actos reclamados no encuadran dentro de los casos de excepción que el legislador reservó para la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal. En tal virtud, jurídicamente no es posible estimar que los actos combatidos a las autoridades administrativas, los que quedaron especificados anteriormente en este considerando, sean actos de cualquier autoridad distinta de la judicial, que afecten la libertad personal, por lo que deba conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en Materia Penal. Ahora bien, por lo que se refiere al agente del Ministerio Público de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, además de que es una autoridad administrativa, el acto reclamado se hizo consistir en que no ha iniciado la averiguación previa para que en el término de cuarenta y ocho horas decida si quedó demostrada la flagrancia en el delito de despojo de aguas; acto que tampoco queda comprendido en el artículo 51, fracción I, de la multirreferida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque como ni siquiera se ha iniciado la averiguación, no se trata de una resolución judicial del orden penal, de un acto de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, o que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; por otra parte, tampoco se relaciona con un procedimiento de extradición ni en la aplicación de una ley o disposición legal de naturaleza penal que se estime inconstitucional. Por lo que respecta al acto reclamado al notario público, con independencia de que se le considere o no como autori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18493-2900ae0f/averiguacion-previa-el-juez-de-distrito-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS CUALES EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ABORDAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO, RESPECT (CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2002-PS)
- SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO LOS TRIBUNALES MILITARES EN RAZÓN DE SU COMPETENCIA CONOCEN DE DELITOS PREVISTOS EN LOS CÓDIGOS PENALES LOCALES O EL FEDERAL, DEBEN APLICAR LAS DISP (CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2003-PS)
- FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS)
- DELITOS BANCARIOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE LA PETICIÓN O QUERELLA CORRESPONDIENTE, INICIA A PARTIR DE QUE RECIBE LA OPINIÓ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2001-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
- POLICIA JUDICIAL, PARTE INFORMATIVO DE LA. LAS MANIFESTACIONES CONTENIDAS EN EL, NO CONSTITUYEN PRUEBA TESTIMONIAL. (s/clave)
- CONFESIONES FICTAS, INEFICACIA DE LAS, CUANDO RECIPROCAMENTE SE CONTRADICEN. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis