APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A FIN DE DETERMINAR LA CUANTÍA DEL NEGOCIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE TAL RECURSO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1340 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE SER EL VIGENTE EN LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Precisado lo anterior, antes de proceder al análisis correspondiente, es preciso establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre los criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados al resolver los juicios de amparo en revisión y directo, cuyas consideraciones esenciales se transcribirán, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Así las cosas resulta importante recordar la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilés.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."
El criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, se contiene en su resolución de siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, pronunciada en el toca de revisión civil número 27/92, promovido por Alfonso Torres Robledo, que señala en lo conducente:
"TERCERO.-Son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de agravio hechos valer.-El Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, sobreseyó en el juicio de amparo indirecto número 680/91, promovido por el endosatario en procuración de Alfonso Torres Robledo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zamora, en esta entidad federativa, por considerar que habiendo ascendido la suerte principal del negocio a la suma de once millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos, era evidente que tal cantidad rebasaba el importe de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en el Estado en el año de mil novecientos noventa, fecha en la que se inició el juicio ejecutivo mercantil número 843/90 y, por tanto, antes de que el quejoso ejerciera la acción constitucional en contra de la sentencia interlocutoria de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, dictada en el incidente de liquidación de sentencia relacionado con aquel juicio, que lo condenó a cubrir a su contraria la suma de novecientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos y cincuenta y seis centavos, por concepto de los gastos y costas que hubiera erogado con motivo de la tramitación del juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1340, en relación con el 1088 del Código de Comercio, debió interponer el recurso ordinario de apelación que establece la ley que rige el acto reclamado, por virtud del cual pudo obtener su revocación o nulificación y al no haberlo agotado se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.-El endosatario en procuración del quejoso Alfonso Torres Robledo, expresa en su escrito de agravios que en vista de que en el caso no se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil número 843/90, sino que se dejaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la forma y términos que a sus intereses convinieren, ante la eficacia de la excepción de cosa juzgada que opuso su contraria, debía atenderse, para determinar si procedía o no el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada, al hecho de que en ésta fue condenado al pago de novecientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos y cincuenta y seis centavos, y como tal cantidad de dinero no rebasa la cifra que resulta de multiplicar el monto del salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, en el año de mil novecientos noventa, por ciento ochenta y dos veces, es obvio que no estaba obligado a agotar el recurso ordinario de apelación antes de acudir al juicio de garantías.-Previamente al examen de lo que aduce el inconforme, es pertinente señalar que del juicio de amparo indirecto número 680/91, que se tiene a la vista, se advierte que en la vía ejecutiva mercantil el ahora quejoso Alfonso Torres Robledo demandó de Rosa Elena y Josefa Torres Santiago el pago de once millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos, como suerte principal más accesorios legales; que seguido el juicio por sus fases legales, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dictó sentencia en la que resolvió dejar a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer en la vía y términos que a sus intereses conviniera, en vista de que había procedido la excepción de cosa juzgada opuesta por las demandadas; que inconforme con la anterior resolución, la actora interpuso el recurso de apelación, del que le tocó conocer al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con asiento en esta ciudad, quien el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y uno lo resolvió, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada; que devuelto el expediente al juzgado de su procedencia, mediante escrito de fecha veintinueve de julio siguiente, las demandadas promovieron incidente de liquidación de costas, que se tramitó éste y el cinco de noviembre de aquel mismo año, se dictó interlocutoria condenando a la actora a cubrir a su contraria la suma de novecientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos y cincuenta y seis centavos, siendo esta resolución la que se reclama en el amparo indirecto con el que se relaciona este toca de revisión.-Ahora bien, no asiste razón al endosatario en procuración del quejoso Alfonso Torres Robledo, en virtud de que no es verdad que para determinar si procede o no el recurso de apelación en contra de la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de costas, deba tomarse en cuenta el importe de la condena impuesta en ella, pues lo correcto es atender a la regla contenida en el artículo 1341 del Código de Comercio, según la cual todas las interlocutorias que se pronuncien en un juicio mercantil, sean anteriores o posteriores a la sentencia definitiva, son apelables si también lo fuere esta última, y como de acuerdo con lo que previene el artículo 1340 del citado ordenamiento jurídico, los fallos que se dicten en juicios mercantiles admiten apelación cuando el interés de tales litigios exceda de ciento ochenta veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición y en el lugar en que se ventile el procedimiento, no hay dudas de que, en la especie, procedía hacer valer dicho medio de impugnación, dado que el interés del juicio ejecutivo mercantil número 843/90, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, ascendió a la suma de once millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos, lo que implica que excede de aquel mínimo de salarios mínimos, y siendo ello así, la interlocutoria dictada en el incidente de costas relacionado con el mismo juicio, también es apelable; en esa virtud, al no haber agotado Alfonso Torres Robledo el recurso ordinario de que se trata, antes de ejercer la acción constitucional, ésta resulta improcedente, de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, del propio cuerpo normativo.-En tal virtud, el monto de la condena impuesta en la interlocutoria reclamada y la circunstancia de que el fallo recaído en el juicio ejecutivo mercantil número 843/90, no se haya hecho cargo del fondo del asunto, resultan intrascendentes para decidir si era apelable o no aquella interlocutoria, puesto que ninguno de esos factores es el que determina la procedencia o improcedencia de ese recurso.-En tales condiciones, la resolución impugnada que sobreseyó en el juicio constitucional, no causa al recurrente los agravios que esgrime y ello obliga a confirmarla."
Dicha resolución dio lugar a la siguiente tesis:
"JUICIOS MERCANTILES. INCIDENTES. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SI LA INTERLOCUTORIA QUE EN ÉSTOS SE DICTA, ES O NO APELABLE.-Del análisis armónico de los artículos 1341 y 1340 del Código de Comercio, se llega al conocimiento de que para que una interlocutoria pronunciada en un juicio mercantil pueda ser recurrida en apelación, se requiere que la sentencia definitiva admita tal recurso y esto acontece cuando el interés reclamado en el principal excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la interposición de la demanda y en el lugar en que se ventile el procedimiento. En este orden de ideas, como la interlocutoria que constituye el acto reclamado, deriva de un juicio cuya suerte principal es superior al monto de los salarios mínimos indicados, es evidente que contra ella, antes de promover el juicio constitucional, debe hacerse valer el recurso de apelación y que al no agotar éste, el amparo así promovido resulta improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo."
QUINTO.-El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el amparo en revisión civil 403/94, en la parte esencial, dice:
"TERCERO.-El transcrito agravio resulta esencialmente fundado, como a continuación se pondrá de manifiesto: En efecto, aun cuando es cierto, como lo estimó el Juez Primero de Distrito en el Estado en el fallo recurrido, que de la interpretación armónica de los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, para que proceda el recurso de apelación en contra de un auto, se requiere que éste cause un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva y, además, que el interés o cuantía reclamado en el juicio principal, mas no la suma de los bienes muebles embargados y rematados en la especie, como incorrectamente lo determinó la autoridad responsable en la resolución constitutiva del acto reclamado, exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la localidad; dicho juzgador incorrectamente consideró que el salario que debería tenerse en cuenta para establecer si la cuantía del juicio excedía o no de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general, era el que estuvo vigente en la fecha de interposición de la demanda que dio origen al mencionado juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, en virtud de que el salario mínimo que debe tenerse en cuenta es el que estuvo vigente en la localidad en la fecha de la interposición del recurso de apelación, al referirse el artículo 1340 del Código de Comercio, al recurso de apelación y de ninguna manera al señalado libelo actio.-Ello es así, dado que del texto del invocado artículo 1340 del enjuiciamiento mercantil, que a la letra dice (se transcribe), es dable concluir que no admite más interpretación que la gramatical, porque es claro que establece que en los litigios mercantiles la apelación sólo procederá con la condición de que su cuantía exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición de ese recurso en el lugar en que se ventile el procedimiento, mas no el salario mínimo vigente en la fecha de la presentación de la demanda -como incorrectamente lo interpretó el Juez de amparo-, en virtud de que el supuesto para la actualización de tal disposición lo es la existencia de una resolución que cause perjuicio, pero no la presentación de la demanda, es decir, en la especie el supuesto normativo esencial para interponer el recurso de apelación contra la audiencia de remate, no es la presentación de la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado, sino la existencia de la propia audiencia de remate; de ahí que la comentada condición establecida en dicha disposición para la procedencia del recurso de apelación en juicios mercantiles, es indudable que rige en la temporalidad de la interposición del recurso de apelación y no en la de presentación de la demanda; máxime que de lo contrario así se hubiera establecido expresamente en el referido artículo 1340.-Ahora bien, tomando en consideración que el interés o cuantía del juicio ejecutivo mercantil de mérito asciende a la cantidad de dos mil ciento cincuenta nuevos pesos, y de que el recurso de apelación que el quejoso hizo valer contra la audiencia de remate del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro, lo interpuso al día siguiente, es decir, el doce de dicho mes, fecha en la cual y en esta ciudad, que es en donde se tramita el mencionado juicio, el salario mínimo general vigente lo fue la cantidad de doce nuevos pesos 89/100 M.N., la que multiplicada por ciento ochenta y dos veces, nos da la suma de dos mil trescientos cuarenta y cinco nuevos pesos 98/100 M.N., misma que, como se ve, es mayor a la referida cuantía del juicio de origen, es indiscutible que ésta no excede de ella y, por ende, la apelación de cuenta interpuesta por el quejoso Pedro Romero Maldonado contra la audiencia de remate, deviene improcedente, contrariamente a lo resuelto por el sentenciador de amparo.-En mérito de lo así considerado, dada la procedencia del examinado agravio y no obstante que la autoridad responsable considerara que la suma de los bienes muebles embargados y rematados en el juicio de antecedentes, no excedía de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la localidad al momento de la interposición del recurso de cuenta, por lo que era improcedente el aludido recurso, cuando ya se señaló que lo que debe tenerse en cuenta es el interés o cuantía reclamado en el juicio, mismo que ciertamente de no exceder de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en el lugar en que se ventile el juicio y en la data de interposición del recurso de mérito, procede revocar la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se determinara si es procedente el recurso planteado y se emitiera la resolución correspondiente en el mismo, para ahora en reparación de ese agravio ocasionado al tercero perjudicado, aquí recurrente, se niegue dicha protección, porque el recurso de cuenta, como ya se estableció es improcedente en la especie; de suerte que, con la salvedad anotada, la sentencia reclamada no es violatoria de los derechos subjetivos públicos del gobernado que acudió al juicio de garantías que nos ocupa."
Dicha resolución dio lugar a la siguiente tesis:
"APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, PROCEDENCIA DE LA. CUANTÍA DEL JUICIO.-Toda vez que el texto del artículo 1340 del Código de Comercio, no admite más interpretación que la gramatical, porque es claro que establece que en los litigios mercantiles la apelación sólo procederá con la condición de que su cuantía exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición de ese recurso en el lugar en que se ventile el procedimiento; es indudable que si la cuantía reclamada en el juicio del cual deriva el acto reclamado, no excede de esa tasa, el recurso interpuesto resulta improcedente; en virtud de que el supuesto normativo esencial para la actualización de tal disposición lo es la existencia de una resolución que cause perjuicio, pero no la presentación de la demanda que dio origen al juicio; de ahí que la comentada condición establecida en dicha disposición para la procedencia del recurso de apelación en juicios mercantiles, es indudable que rige en la temporalidad de la interposición del recurso de apelación y no en la de presentación de la demanda."
Asimismo, dicho tribunal en el amparo directo civil 448/98, promovido por Feliciano Ochoa Delfín, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-Los conceptos de violación, cuya íntima vinculación amerita su estudio conjunto, son infundados.-Así resulta en principio, porque no es verdad que el Magistrado responsable, al pronunciar la resolución impugnada, mediante la cual desechó por improcedente, el recurso de apelación que hizo valer Feliciano Ochoa Delfín, contra la sentencia definitiva que con fecha veintidós de abril del presente año dictó el Juez Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial al resolver el juicio ejecutivo mercantil número 559/97, que sobre pago de pesos promovió Jaime Mancera Molina frente al ahora quejoso, haya vulnerado en su perjuicio los preceptos 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 1339 del Código de Comercio y, en consecuencia, las garantías individuales que a su favor se contemplan en los artículos 14 y 16 constitucionales.-Ello es así, habida cuenta que tal determinación del ad quem, encuentra su fundamento legal precisamente en las reglas de procedencia del citado recurso, que prevé el propio ordenamiento mercantil, en concreto su artículo 1340, que dispone que la apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento; numeral que no admite otra interpretación que la que le dio el ad quem, que es la gramatical, conforme a la cual es indudable que el salario mínimo que debe tomarse en cuenta para verificar el cómputo correspondiente, lo es el vigente en la fecha en que se interponga el referido recurso, no así el salario mínimo vigente en la fecha de la presentación de la demanda, como lo pretende el promovente de la instancia constitucional, toda vez que el supuesto esencial para la actualización de tal disposición lo es la existencia de una resolución que cause perjuicio, no así la presentación de la demanda que dio origen al juicio.-Al respecto, resulta aplicable la ejecutoria sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad de votos, con fecha seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión civil número 403/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, registrada con el número XI.2o.5 C, página 401, que es del siguiente tenor literal: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, PROCEDENCIA DE LA. CUANTÍA DEL JUICIO.’ (se transcribe).-Ahora bien, contra lo también afirmado por el quejoso, tanto el contenido literal de dicho numeral como su interpretación y aplicación gramatical verificada por el ad quem en el caso concreto, en modo alguno trae consigo aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de Feliciano Ochoa Delfín, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que el supuesto normativo esencial para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, no lo constituye la presentación de la demanda, sino la existencia de la propia sentencia que irroga perjuicio, desde el momento en que en la fecha de presentación de la demanda, la cuestión relativa a la apelación en contra de la sentencia definitiva no resulta una situación concreta que dé base a derechos adquiridos, sino que se trata de algo futuro e incierto, una mera expectativa de derecho, que sólo se actualiza cuando se dicta una sentencia desfavorable a los intereses del inconforme, contra la que éste decide interponer el recurso, por lo que la condición para la procedencia del recurso de apelación, respecto a la cuantía del negocio, establecida en el numeral 1340 del Código de Comercio, rige en la temporalidad de la interposición del referido recurso y no en la de presentación de la demanda. En consecuencia, no cobra vigencia en la especie, ninguna de las hipótesis previstas en las dos tesis de jurisprudencia invocadas en la demanda de garantías, de rubro: ‘RETROACTIVIDAD.’.-Debiendo precisarse en este punto, que la circunstancia de que los artículos 701 y 702 del enjuiciamiento civil michoacano dispongan que son apelables en ambos efectos las sentencias que recaigan en negocios de la competencia de los Jueces de primera instancia, y la sentencia que se pretendió impugnar a través del recurso de apelación se haya dictado por uno de ellos y no por un juzgador municipal, en modo alguno autorizaba al ad quem a admitir el aludido recurso, desde el momento en que, como ya se puso de relieve, en el Código de Comercio existe disposición específica concreta respecto a la procedencia, en atención a la cuantía, del referido recurso, y la supletoriedad de la ley adjetiva civil no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto en el código mercantil, y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la intención del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas, hipótesis que no se actualiza, en esa virtud, en el caso concreto.-Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años de 1917 a 1995, Tomo IV, Materia Civil, registro número 277, página 187, que a la letra dice: ‘LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.’ (se transcribe).-Tampoco participa de razón el promovente de la instancia constitucional, cuando asevera que al desechar por improcedente el recurso de apelación aludido, el ad quem dejó en estado de indefensión a Feliciano Ochoa Delfín (se transcribe).-Ello es así inicialmente, porque la determinación del ad quem de desechar por improcedente el recurso de apelación planteado, atendiendo a la cuantía del negocio, encuentra su fundamento legal, como ya se dijo, en el artículo 1340 del Código de Comercio. Luego, si dicha autoridad estaba constreñida a atender tal numeral, en términos de los artículos 1051 y 1054 del propio ordenamiento, que disponen que el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes, pero cuando no exista el mismo, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de ese ordenamiento y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva, incontrovertible resulta que, contra lo afirmado por el quejoso, no lo dejó en estado de indefensión al considerar que se actualizaba la hipótesis normativa que previene, pues de no ser procedente el recurso de apelación, ni ningún otro, conforme a la legislación ordinaria mercantil, el aquí quejoso directo tiene expedito su derecho para inconformarse contra la resolución de primera instancia a través del juicio de amparo, dado que para la procedencia de éste, sólo es menester agotar los recursos ordinarios y satisfacer el principio de definitividad, al tenor del artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando los mismos se contemplen y sean procedentes conforme al ordenamiento común, exigencia que en esa virtud, no puede cobrar vigencia, si no se prevén dichos recursos ordinarios.-Aplicación del artículo 1340 del enjuiciamiento mercantil, que opuestamente a lo sostenido por el quejoso, no resulta violatoria de las garantías procesales dado que no implica distinción en cuanto a la concesión y aplicación de derechos, atendiendo a la cuantía del negocio; desde el momento en que si dentro del sistema procesal mercantil, se establece la oportunidad para todo particular, con independencia de la cuantía de su negocio, de ser oído en defensa y de rendir pruebas antes de que sea afectado su interés jurídico, ello es suficiente para que se entienda respetado el principio de igualdad procesal y las demás formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las cuales no se exige que la legislación procesal estatuya recursos que introduzcan dos o más instancias.-Al respecto cabe invocar por vía de orientación, y atentos las razones jurídicas que la informan, la ejecutoria sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal en la República, publicada en el Semanario antes invocado, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página 11, que a la letra dice: ‘APELACIÓN. EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y, EN ESE ASPECTO, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (se transcribe).-Luego, infundados los conceptos de violación, procede negar a Feliciano Ochoa Delfín, el amparo y protección de la Justicia Federal que impetra, por conducto de su apoderado jurídico."
SEXTO.-En primer lugar, cabe destacar que la tesis XI.1o.150 C, de rubro: "JUICIOS MERCANTILES. INCIDENTES. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SI LA INTERLOCUTORIA QUE EN ÉSTOS SE DICTA, ES O NO APELABLE.", sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, al resolver el amparo en revisión 27/92, promovido por Alfonso Torres Robledo, no refleja fielmente lo que en la ejecutoria de amparo se sostuvo.
En efecto, el citado Tribunal Colegiado, en la ejecutoria de mérito, estimó que de acuerdo con el artículo 1340 del Código de Comercio, las resoluciones que se dicten en juicios mercantiles admiten el recurso de apelación cuando el interés del litigio exceda de ciento ochenta veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición y en el lugar en que se ventile el juicio, puesto que al respecto textualmente expuso: "... de acuerdo con lo que previene el artículo 1340 del citado ordenamiento jurídico, los fallos que se dicten en juicios mercantiles admiten apelación cuando el interés de tales litigios exceda ciento ochenta veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición y en el lugar en que se ventile el procedimiento ...".
Sin embargo, al redactar la tesis que al respecto sustentó el citado Tribunal Colegiado, se alteraron las consideraciones de la ejecutoria de mérito, ya que en dicha tesis se expuso, en lo que interesa, que el recurso de apelación en materia mercantil sólo procedía cuando el interés reclamado en el juicio excediera de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la interposición de la demanda y en el lugar en donde se ventilara el juicio, como puede observarse de la tesis que textualmente dice: "JUICIOS MERCANTILES. INCIDENTES. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SI LA INTERLOCUTORIA QUE EN ÉSTOS SE DICTA, ES O NO APELABLE.-Del análisis armónico de los artículos 1341 y 1340 del Código de Comercio, se llega al conocimiento de que para que una interlocutoria pronunciada en un juicio mercantil pueda ser recurrida en apelación, se requiere que la sentencia definitiva admita tal recurso y esto acontece cuando el interés reclamado en el principal excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la interposición de la demanda y en el lugar en que se ventile el procedimiento. En este orden de ideas, como la interlocutoria que constituye el acto reclamado, deriva de un juicio cu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7575-e0efaf8a/apelacion-en-materia-mercantil-el-salario-minimo-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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