CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2010. ESTADO DE JALISCO. 23 DE ENERO DE 2012. MAYORÍA DE SIETE VOTOS. DISIDENTES: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIAS: LAURA GARCÍA VELASCO Y VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de enero de dos mil doce.
Vo. Bo.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por oficio recibido el dieciséis de febrero de dos mil diez, en la Oficina del Servicio Postal Mexicano de Guadalajara, Jalisco, Emilio González Márquez, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en representación de dicho Estado, en la que demandó la invalidez de las normas generales que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se señalan:
AUTORIDADES DEMANDADAS:
1. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2. Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:
Artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial el veintinueve de diciembre de dos mil nueve.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
1. El dieciséis de noviembre de dos mil seis, se publicó en la Gaceta Oficial, la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal.
El artículo 2° de esta ley define la sociedad de convivencia como el "acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con la capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua".
Por su parte, el artículo 4° del mismo ordenamiento, dispone que "no podrán constituir sociedad de convivencia, las personas unidas en matrimonio, concubinato y aquellas que mantengan vigente otra sociedad de convivencia".
Asimismo, el artículo 5° de dicha ley, establece que la sociedad de convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los términos del concubinato.
Finalmente, el artículo 20, fracción III, del referido ordenamiento, prevé, como causa de extinción de la sociedad de convivencia, el que "alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato".
2. El veintinueve de diciembre de dos mil nueve, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Con motivo de la citada reforma, el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal quedó redactado en los siguientes términos: "Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua."
Por su parte, el artículo 391 del referido Código, establece: "Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años de edad cuando menos. Se deberán acreditar, además, los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior."
El artículo 390, al que remite el precepto antes citado, prevé los requisitos que deben cumplirse para adoptar, entre otros, que el adoptado sea un menor o un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
Como cuestión previa, se analiza la naturaleza jurídica del matrimonio, a través de un estudio de derecho comparado que toma como base los casos de Alemania, Costa Rica y Francia y concluye que, aun cuando algunos países lo han aceptado, no existe consenso internacional a favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
a) La recta interpretación del artículo 4° constitucional, incluso, en términos sociológicos, permite concluir que el Estado mexicano protege a la familia heteroparental
El Constituyente Originario quiso establecer la familia nuclear heteroparental como célula social y, por este motivo, mandó que todos los órdenes jurídicos le brindaran protección. El modelo familiar de la Constitución es de índole heteroparental. El artículo 4° constitucional dispone que "la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia"; por tanto, debe indagarse cuál fue la representación ideal que tuvo en mente el autor de la Ley Suprema, a la cual quiso dar realidad efectiva mediante el establecimiento de normas jurídicas, explícitas e implícitas, tendientes a ello.
El artículo 4° constitucional fue reformado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. De los trabajos preparatorios realizados por los integrantes del Congreso de la Unión, se concluye que la "familia" a que alude el citado precepto constitucional, garantizándole una protección especial, es la heteroparental natural, conformada por el padre, la madre y los hijos procreados por éstos.
Desde el punto de vista sociológico, por "familia", en sentido constitucional, debe entenderse sólo la heteroparental, pues la institución de la familia está presente en todas las culturas, existiendo principios generales sobre su composición, con independencia de las variantes culturales e históricas.
La "familia" constituye un "grupo social primario" que, entre otras funciones, tiene la de generar nuevos individuos, cuidarlos y contribuir a su desarrollo. Es una institución esencial a la sociedad, para el mantenimiento de su propia existencia y la formación de sus integrantes. La existencia de determinados grupos humanos que compartan algún rasgo con ella, pero que no correspondan al estricto concepto de "familia" establecido sociológicamente, no basta para cambiar de paradigma.
El modelo familiar heteroparental de la Constitución es el que todos los órdenes jurídicos del Estado mexicano se comprometieron a salvaguardar con exclusividad. La protección que a la familia heteroparental otorga el segundo párrafo del artículo 4° constitucional, definiéndola como "modelo ideal" para la sociedad mexicana, conduce normativamente a todos los órdenes jurídicos secundarios del Estado a coincidir en asegurar la realización de dicho modelo y garantizarle una protección especial por el sistema jurídico. Su objetivo es que todos los órdenes jurídicos converjan con el modelo familiar que postula.
El alejamiento de los fines que persigue dicha protección especial implica, por consiguiente, una ruptura de esta unidad política fundamental.
b) La naturaleza de la tutela constitucional a la organización y desarrollo de la familia heteroparental
El segundo párrafo del artículo 4° constitucional consagra una garantía institucional cuya finalidad es preservar la imagen familiar aceptada por la comunidad nacional.
De acuerdo con lo sostenido por el Tribunal Constitucional Español, en la STC 32/1981, por "garantía institucional", debe entenderse que "el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indisponible por el legislador. Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normas que las protegen son, sin duda, normas organizativas. (...) Por definición, en consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución, en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (...)".
La garantía institucional que constituye la protección otorgada a la familia por el artículo 4° constitucional, se dirige entonces a preservar la institución familiar en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social mexicana.
La protección constitucional de la familia heteroparental exige muy diversas acciones por parte del Estado, tendientes a fortalecerla. Al legislador le impone que su actividad sirva a determinado fin, para proteger la organización y desarrollo de la familia heteroparental. La protección debe ser al máximo grado, según lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se ha manifestado en el sentido de que el Estado está obligado a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar.
c) El reconocimiento jurídico de otros grupos sociales no debe menoscabar la relevancia de la familia heteroparental, como modelo celular de la sociedad mexicana
La tutela constitucional de la familia heteroparental otorga a ésta un lugar privilegiado en el orden social. Ello no sólo es innegable, sino es, precisamente, la razón de ser de la protección especial otorgada por el segundo párrafo del artículo 4° constitucional. Si esta disposición no tuviera por objeto privilegiar, en términos generales, la formación y curso vital de la familia heteroparental, carecería de todo sentido y se tornaría ineficaz, lo que resulta inadmisible al interpretar sus alcances, pues, aun cuando no debe llegarse al extremo de imponer la forma de familia heteroparental, sí debe tutelarse y promoverse dicha modalidad.
La familia es un "grupo social primario" cuyas características deben distinguirse de otros grupos pertenecientes a este género sociológico, entendiendo por grupo social primario "el conjunto cooperativo de dos o más individuos que está asociado por una relación personal estrecha y formada por lazos de amistad, lealtad y/o parentesco". En este sentido, todas las familias son grupos sociales primarios, pero no todos los grupos sociales primarios son familias. Un grupo social primario no familiar podría considerarse a sí mismo como una familia por muchas razones, pero no constituiría una familia como tal, en términos sociológicos objetivos, sino meramente por motivos subjetivos, pues carecería de los aspectos esencialmente distintivos de la familia, que derivan de las funciones particulares de la institución: procrear y criar nuevos individuos.
Aunque existan grupos cuyos integrantes se hallen estrechamente vinculados, no por ello constituyen una "familia" que amerite la protección de la Ley Suprema, al no haberse abandonado el paradigma sociológico de la integración familiar, mediante la unión de un hombre y una mujer, para procrear y criar a sus hijos.
Un grupo social primario distinto a una familia, puede parecerse a ésta, pero nunca ser idéntico sociológica y paradigmáticamente, por lo que, en atención al principio de igualdad, así como a la tesis emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, de rubro "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.", debe tratársele de forma distinta.
d) Contra el interés superior del niño, el artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal permite que las uniones civiles de personas del mismo sexo puedan adoptar
Esta consecuencia legal, autorizada por los órganos demandados, contraviene los párrafos séptimo y octavo del artículo 4° constitucional, dado que propicia la formación generalizada de grupos encargados de la crianza de los menores adoptados, que atentan contra el "interés superior del niño", en relación con el ejercicio de su derecho a un óptimo desarrollo integral.
El interés superior del niño, en el sistema jurídico nacional, es un concepto heredado del derecho internacional de los derechos humanos, fundado en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que es parte el Estado mexicano, y se traduce en "La necesidad de propiciar el desarrollo de los niños, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, y asegurar, en la mayor medida posible, su prevalencia".
Al respecto, la Primera Sala de esa Suprema Corte emitió la tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.", en la que estableció que el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos son criterios primordiales para la creación y aplicación de normas domésticas.
Asimismo, resulta aplicable, en este punto, el criterio sostenido por el Pleno de ese Alto Tribunal, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.".
En este orden de ideas, el interés superior requiere que el niño sea criado en la familia heteroparental salvaguardada por el Constituyente, ya que el núcleo familiar provee a la infancia una educación determinante en su desarrollo integral. El artículo 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, con objeto de lograr el desarrollo armonioso de su personalidad, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades, lo cual constituye una responsabilidad primordial de la familia en que se desenvuelve.
Una familia existe hasta que un menor se integra a un determinado grupo social primario y su desarrollo es protegido por sus integrantes. El niño no existe para la familia, sino al revés: ésta existe para él. La manera paradigmática de formar una familia es a través de la procreación natural, mediante la unión sexual de un hombre y una mujer, previamente vinculados con ese fin y otros lazos afectivos. Por tal motivo, resulta ilícito que el legislador permita, generalmente, a una pareja de personas del mismo sexo, constituirse en "familia" mediante la adopción de un menor.
El examen constitucional a realizar exige la prevalencia del derecho de prioridad del menor, para resolver sobre la legitimidad de su adopción por una pareja del mismo sexo, lo cual ha de analizarse desde la óptica del principio de igualdad, verificando su razonabilidad o proporcionalidad en relación con los derechos involucrados: el interés superior del niño en su desarrollo integral y el derecho a formar una familia que tienen, por un lado, una pareja de personas de distinto sexo y, por otro, una cuyos integrantes pertenecen al mismo sexo.
La adopción de un menor por una pareja de personas del mismo sexo y la satisfacción del derecho de los integrantes de ésta a formar una familia, incluso, existiendo situaciones socioeconómicas óptimas, no es proporcionada, en sentido estricto, frente al interés superior del niño que se adoptaría, en su derecho fundamental a un desarrollo integral, porque coloca a dicho infante en un riesgo que afectaría desmedidamente ese bien jurídico, en un grado mayor al beneficio que obtendría aquel derecho fundamental de la pareja formada por personas del mismo sexo.
En este sentido, la carga argumentativa y probatoria recae en quienes afirman lo contrario, ya que deben demostrar que las ciencias respectivas han aceptado paradigmáticamente que la adopción de un menor por personas del mismo sexo favorece su bienestar.
El problema al que se enfrentan quienes defienden la constitucionalidad de la norma impugnada, es que la inserción del menor en un núcleo homoparental no asegura su óptimo desarrollo integral, en virtud de que no ha sido aceptado paradigmáticamente por las comunidades científica, sociológica y psicológica, que dicha medida no implique riesgo alguno para el menor.
Haciendo posible que un menor se integre a un grupo, del que no puede afirmarse, en términos científicos generales, que satisfaga los requisitos para proporcionarle un ambiente apropiado para su armonioso desarrollo, el legislador del Distrito Federal incumplió su deber de proveer lo necesario a la satisfacción del óptimo desarrollo integral de los niños, que le impone el artículo 4° constitucional. Además, vulneró el principio de igualdad, según el cual no debe darse un trato igual a situaciones diferentes.
e) La posibilidad de que parejas de personas del mismo sexo puedan adoptar se opone a la realización del modelo familiar privilegiado por el Constituyente
La disposición impugnada menoscaba la protección y promoción garantizada por artículo 4° constitucional, impidiendo la formación de familias heteroparentales y promoviendo la integración de grupos que no responden a la idea constitucional de la "familia", por el simple hecho de que la adopción otorgada a una pareja de personas del mismo sexo no será concedida a una de distinto sexo.
f) Al equiparar una unión de personas del mismo sexo con el matrimonio, el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal otorga un trato inequitativo y contrario a la protección constitucional de la familia
El precepto combatido autoriza que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, lo cual constituye no sólo una ampliación de la hipótesis en que puede éste contraerse, sino una alteración esencial de su naturaleza. Lo anterior viola el deber estatal de proteger la organización y desarrollo de la familia, impuesto por el segundo párrafo del artículo 4° constitucional.
El matrimonio es una institución social y jurídica que sirve como pauta objetiva para determinar la intención de formar una familia y, por tanto, goza de protección constitucional. El matrimonio no es cualquier "comunidad de vida", sino una cuya diferencia específica es servir a la integración de la familia.
El matrimonio puede definirse sociológicamente como "la pauta social aprobada, mediante la cual dos o más personas establecen una familia". Con la celebración de éste, los contrayentes se colocan en un estatus social determinado, que goza del expreso reconocimiento social para concebir y criar hijos, entre otras funciones, es decir, para formar una "familia". La finalidad de formar y mantener una familia es entonces lo que determina la existencia de un "matrimonio" y lo que lo distingue, a su vez, de otros grupos sociales: el matrimonio es una institución que sirve a otra, la familia, dentro de cuyo contexto debe analizarse aquél. No constituye la familia, sino implica la intención de conformarla.
En este orden de ideas, el matrimonio y sus caracteres esenciales reciben protección constitucional, por tratarse de una institución subordinada a la integración familiar. La institución jurídica del matrimonio comprende múltiples derechos y obligaciones que tienden a reforzar la unidad familiar; por tanto, el matrimonio también goza de la garantía institucional que se otorga a la familia.
La índole social y jurídica del matrimonio impone que esa denominación se otorgue sólo a la unión de personas aptas para procrear o criar hijos de manera óptima. Las parejas sexualmente heterogéneas y homogéneas no tienen la misma aptitud para procrear y criar hijos y, por este hecho, sólo a las primeras debe reconocerse carácter matrimonial. Éste es un hecho notorio que no requiere probarse, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia de rubro "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.".
De este modo, sin la posibilidad general de que una unión civil de personas del mismo sexo pueda convertirse en familia, resulta contraria al principio de igualdad su equiparación al matrimonio, que sí tiene ese potencial familiar. Dicha equiparación no es acorde al principio de razonabilidad o proporcionalidad jurídica que, por el contrario, sí justifica que se otorguen tales derechos, exclusivamente, a los matrimonios que sí pueden formar una familia. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia de rubro "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.".
La propia Constitución confirma que el matrimonio debe ser contraído por personas de distinto sexo. El carácter esencial que tiene para el matrimonio el ser contraído por personas de diferente sexo, se desprende, igualmente, de lo establecido por el artículo 30, apartado B, fracción II, de la Norma Fundamental, que prevé que adquieran la nacionalidad mexicana por naturalización "la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos". Por el acomodo de las palabras "varón" y "mujer", debe entenderse que personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, lo cual se deduce de la aplicación de la tesis emitida por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, de rubro "INTERPRETACIÓN DE LA LEY.".
El término "matrimonio" alude a un contenido sociológico preciso, que es necesario distinguir para múltiples efectos jurídicos. El concepto "matrimonio" se refiere a un contenido sustancial muy específico: la pauta jurídica y social que sirve de base para determinar que una pareja tiene la intención de formar una familia. Se refiere a un cúmulo de derechos y obligaciones institucionales, primordialmente establecidas para beneficio de la familia y, en especial, de los menores que la integran. Una pareja de personas del mismo sexo carece de relevancia social, dado que no resulta indispensable para la continuación de la colectividad: jamás podrían sustituir a la familia en estricto sentido.
Asignar un significado distinto a este vocablo implicaría romper con su naturaleza y aludir a un régimen diferente que ya no se enfocaría en la especial protección de la familia, sino en otros fines adicionales. El lenguaje nos permite designar las cosas y, de esa manera, conocer el mundo, resultando así un elemento fundamental de la vida y la dignidad humana. Si fuera privado de su contenido, se le podría dar cualquier significado por arbitrario que fuese. En todo caso, si bien es cierto que el lenguaje evoluciona, distinto es que lo haga de manera natural, por basarse en el consenso de la comunidad a la que sirve.
g) Al permitir que una pareja de personas del mismo sexo contraiga "matrimonio", el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal discrimina a una constelación de parejas de personas de distinto sexo
El matrimonio está fundado, primordialmente, en la idea de la reproducción como medio de integración familiar, tomando como base el artículo 156 del Código Civil para el Distrito Federal que, en sus fracciones VIII y IX, establece impedimentos para contraer matrimonio por "la impotencia incurable para la cópula" y el padecimiento de "una enfermedad crónica, incurable y hereditaria". Dichos impedimentos carecerían de razón, si el matrimonio no estuviera encaminado a la formación de una familia, principalmente, por medio de la reproducción natural, independientemente de que dicha institución pueda erigirse mediante otras vías, como la adopción.
Al establecer la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal genera un trato discriminatorio basado en condiciones de salud, respecto de las parejas de distinto sexo que se ubican en las hipótesis mencionadas.
h) Las normas impugnadas vulneran el principio federal, porque imponen a los Estados de la República obligaciones no previstas en la Norma Fundamental
La Unión sólo puede persistir si hay coincidencia en los principios fundamentales que vinculan a las entidades federativas. El Distrito Federal también es una "entidad federativa" y, como tal, la primera ley que está obligado a respetar es la propia Constitución.
La supremacía de la Constitución, establecida, principalmente, en los artículos 16, 40 y 133, tiene por objeto erigir y mantener una comunidad política sobre la base de determinados principios esenciales que homogenizan a sus integrantes. La conservación de tal unidad política se halla implicada por un principio de lealtad que deriva del sistema federal, configurado, en su mayor parte, por los artículos 40, 121 y 124 constitucionales. De dicha lealtad, se desprende un deber especial de cooperación entre las entidades federativas, mediante el reconocimiento de los actos jurídicos que se hubieran celebrado en su correspondiente ámbito territorial, expresado por el segundo de los citados numerales.
El modelo familiar y matrimonial heteroparental constituye un principio esencialísimo establecido por la Constitución. Una recta interpretación de todas las disposiciones constitucionales relevantes permite concluir que el modelo familiar, cuya organización y desarrollo pretendió tutelar el Constituyente, debe ser el heteroparental. Ello se basó, primeramente, en que, de no tener algún contenido material específico, sino permanecer "abierto", el segundo párrafo del artículo 4° constitucional sería simplemente ineficaz, porque no establecería lineamiento alguno para la actuación de los poderes públicos. Por limitar el ejercicio de sus atribuciones para encaminarlo a la protección de una determinada organización familiar, la heteroparental, la aquiescencia de las entidades federativas al texto del artículo 4° constitucional no sólo implica su consentimiento para obligarse en dicho sentido, sino, además, crea la expectativa de que todas las demás entidades integrantes de la Federación obrarán en esa misma dirección y no en otra.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA.".
Si no existe tal convergencia desde la Constitución entre los integrantes de la Federación, respecto del modelo familiar, se obligarían a homologar completamente a ciegas figuras relativas al estado civil de las personas que pudieran afectar una cuestión fundamentalísima del orden público, como son las relaciones familiares, basadas en los parámetros culturales y sociales de su comunidad. Ello afectaría la autonomía que tienen en su régimen interior, conforme al artículo 40 constitucional, pues se les obligaría a reconocer y avalar un modelo familiar distinto, incluso, contrario, al que se han propuesto como lineamiento base de su comunidad.
Vaciar de contenido mínimo los conceptos de familia y matrimonio, conllevaría la ruptura de la unidad política de la Nación Mexicana, en una cuestión básica de orden público.
i) Invalidez por fraude a la ley derivado de un conflicto de leyes en el espacio
Las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, publicadas en mayo de dos mil, mediante las cuales se deroga el principio que sujetaba la capacidad y el estado civil de las personas a la ley de su domicilio, generan invalidez por fraude a la ley, derivado de un conflicto de leyes en el espacio, ya que permiten que cualquier persona, sin estar domiciliada en el Distrito Federal, pueda contraer matrimonio con otra del mismo sexo, contraviniendo las disposiciones de los códigos civiles de las entidades federativas que les corresponden por razón de su domicilio.
De esta forma, se violentan las disposiciones del Código Civil del Estado de Jalisco, que establecen que los actos del estado civil de las personas se rigen por la ley de su domicilio, así como aquellas que definen el matrimonio como una institución conformada por un hombre y una mujer, generándose, con ello, una invalidez por fraude a la ley, derivado de un conflicto de leyes en el espacio.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son 1°, párrafo tercero, 4°, párrafos segundo, séptimo y octavo, 16, párrafo primero, 30, apartado B, fracción II, 40, 121, fracción IV, 124 y 133.
QUINTO. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diez, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 14/2010 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de veintitrés de febrero siguiente, el Ministro Instructor desechó la demanda, por considerar que, respecto de las normas impugnadas, el Estado promovente carecía de interés legítimo.
En contra de la anterior determinación, el Estado de Jalisco, por conducto del Gobernador y el Secretario General de Gobierno, interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número 13/2010-CA, del que conoció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, mediante sentencia de treinta de junio de dos mil diez, determinó que dicho recurso era procedente y fundado, lo que dio lugar a la revocación del auto recurrido.
En cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de reclamación antes mencionado, el Ministro Instructor, mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diez, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los que ordenó emplazar a efecto de que formularan su contestación; y mandó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al contestar la demanda, expuso, en síntesis, lo siguiente:
En primer término, debe señalarse que la promulgación del Decreto impugnado se efectuó en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Federal y 48, 49 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que la participación del titular del órgano ejecutivo local se encuentra apegada a la Constitución y a la ley.
Ahora bien, en relación con los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, a continuación se exponen las razones y fundamentos jurídicos que sostienen su validez:
a) La familia
1. Del análisis de la evolución histórica del concepto y la institución de la familia, se concluye que el modelo de familia y de matrimonio que predominó en la cultura occidental, tanto en el terreno de los hechos como en el de los principios, partió del supuesto de que la autoridad del esposo estaba por encima de la de la esposa. Esto se modificó jurídicamente en México, a partir de mil novecientos setenta y cuatro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80021-a1df626b/controversia-constitucional-14-2010-estado-de-jalisco-23 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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