INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 573/2012. DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO **********. **********. 2 DE DICIEMBRE DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del dos de diciembre de dos mil trece.
Vo. Bo.
Ministro:
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ********** y **********,por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
2. PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
3. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
4. SÍNDICO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
5. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
6. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
7. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.
8. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
9. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
10. DIPUTADO **********EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA QUINTA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
11. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
12. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
ACTO RECLAMADO:
La falta de cumplimiento de la ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil nueve, dictada dentro del expediente **********, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
La parte quejosa señaló como garantías constitucionales violadas las contenidas en los artículos8, 14, 16, 17, 107 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.
SEGUNDO.Previo requerimiento, por auto deveinticuatro de noviembre de dos mil diez, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda de amparo y registró el expediente con el número **********.
Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil once, se dispuso la remisión de los autos al Centro Auxiliar de la Quinta Región al que pertenece ese órgano jurisdiccional, en términos de los oficios STCCNO/2253/2008, STCCNO/2499/2009 y STCCNO/1144/2010, signados por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos y por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto del dictado de la resolución, por parte del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, quien ordenó la formación del cuaderno auxiliar **********.
Seguido el procedimiento en todas sus fases, el Juez de Distrito Auxiliar del conocimiento, elveintiocho de febrero de dos mil once, dictó sentencia, en la que resolvió conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cause ejecutoria, el Presidente Municipal, Secretario de Obras Públicas y Servicios Municipales, así como el Síndico Segundo, todos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, den cumplimiento a la resolución definitiva emitida por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León el dieciséis de enero de dos mil nueve, en autos del expediente **********, de su índice.
TERCERO. Inconforme con la anterior resolución,la parte quejosa, el Presidente Municipal, el Síndico Segundo y el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León; interpusieronsendos recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo Presidente por auto de treinta de marzo de dos mil once, admitió y registró con el número **********.
Seguidos los trámites respectivos, el Tribunal Colegiado del conocimiento, en sesión de treinta de junio de dos mil once, dictó resolución en el sentido de modificar la sentencia recurrida por cuanto hace a la omisión del Juzgado de Distrito de hacer alusión al sobreseimiento decretado en el tercer punto considerativo de la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio por cuanto a la totalidad de los actos reclamados por el quejoso **********; y respecto al diverso quejoso **********, se sobreseyó en el juicio en contra de los actos reclamados a la Magistrada de la Sala Superior y Presidenta, ambas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como del Congreso del Estado; y se concedió el amparo para para el efecto de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que cause ejecutoria el fallo constitucional, el Presidente Municipal, Secretario de Obras Públicas y Servicios Municipales, así como el Síndico Segundo, todos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, den cumplimiento a la resolución definitiva emitida por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, el dieciséis de enero de dos mil nueve, en autos del expediente **********, de su índice.
CUARTO. Mediante acuerdo desiete de julio de dos mil once, la Juez de Distrito del conocimiento, tuvo por recibidos los autos originales del juicio de amparo, así como la copia certificada de la resolución citada, asimismo, requirió a la autoridad responsable, Presidente Municipal, Secretario de Obras Públicas y Servicios Municipales, Síndico Segundo, todos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para que en el término de veinticuatro horas, acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito.
Luego de diversos requerimientos que la juez de garantías efectuara, tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia de amparo, las autoridades responsables presentaron el nueve de agosto de dos mil once un escrito en el que solicitaron la apertura de un incidente innominado respecto de la imposibilidad e impedimento jurídico y material para cumplir.
Tal incidente fue resuelto como infundado por el Juez, mediante interlocutoria dictada el veintidós de septiembre de dos mil once y confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja **********, interpuesto por las autoridades responsables.
Una vez que consideró agotadas las gestiones de cumplimiento, sin obtener el resultado pretendido, la juzgadora determinó, mediante proveído de siete de febrero de dos mil doce, declarar su incumplimiento y como consecuencia ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil doce, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito tuvo por recibido el oficio signado por la Juez Federal; se avocó a su conocimiento y ordenó formar y registrar el incidente de inejecución de sentencia con el número **********; asimismo requirió al Presidente Municipal, Síndico Segundo, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de Finanzas, Tesorero Municipal, así como al Ayuntamiento, todas del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del citado proveído, comprobaran el acatamiento de la ejecutoria de amparo o expusieran a ese Tribunal Federal, las razones para no cumplirla.
Sustanciado el procedimiento y seguidos los trámites legales, el Tribunal Colegiado del conocimiento emitió el dictamen respectivo, el quince de marzo de dos mil doce, en el cual declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia y ordenó su remisión a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que determinara lo conducente en cuanto a la aplicación, en su caso, de las consecuencias previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal.
SEXTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, por acuerdo de nueve de abril de dos mil doce ordenó formar y registrar el incidente de inejecución de sentencia con el número 573/2012; asimismo ordenó turnarlo al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero, fracción V, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, modificado mediante instrumento normativo aprobado por el Pleno de este Máximo Tribunal de seis de octubre de dos mil once, y con los puntos Cuarto, Quinto, fracción II y Octavo del Acuerdo Plenario 12/2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil nueve, reformado por instrumentos normativos aprobados por el Pleno de este Alto Tribunal el tres de octubre de dos mil once, y dieciséis de enero de dos mil doce, toda vez que se refiere a una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que causó estado con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del mes y año en comento.
En efecto, en el Artículo Tercero Transitorio del precitado ordenamiento legal se establece que "Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.".
Del numeral transcrito se advierte que el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Por un lado, la relativa al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, por otro lado, lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Al respecto, debe tomarse en cuenta que el cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del citado año, por virtud del cual se reformaron y derogaron, entre otras, diversas disposiciones del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con la primera salvedad, destaca la derogación desu fracción XIV en la que se establecía tanto el sobreseimiento como la caducidad de la instancia de revisión por inactividad procesal así como la modificación del último párrafo de la fracción XVI del citado precepto constitucional, para eliminar la caducidad por inactividad procesal de los procedimientos relativos al cumplimiento de las sentencias de amparo.
Por cuanto se refiere a la segunda excepción, debe considerarse que la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República se modificó únicamente para precisar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo como lo son, entre otras, otorgar un plazo razonable para que las responsables den cumplimiento al fallo protector, o bien, imponer las sanciones correspondientes "de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria".
En ese contexto, para fijar el alcance de la salvedad prevista en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, en el sentido de que las disposiciones relativas "al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo" son aplicables a los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, es menester tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
• Que en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo el procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria inicia una vez que causa ejecutoria, etapa perfectamente diferenciable al proceso que le dio origen.
• La situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del tres de abril de dos mil trece y, por ende, la consecuencia de que el respectivo procedimiento de ejecución se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento.
• Que tanto el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo como los medios de impugnación relativos que prevé la nueva legislación, son sustancialmente distintos a los que regula la ley anterior. Entre las principales diferencias destacan:
a) La imposición de multa a las autoridades responsables y, en su caso, a su superior jerárquico, por no informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado para ello;
b) El deber que se impone al juzgador de dar vista al quejoso y al tercero interesado, en su caso, con el informe que rinda la autoridad sobre los actos realizados en acatamiento al fallo protector y determinarsi está total y debidamente cumplido o si existe imposibilidad para acatarlo;
c) La eliminación del recurso de queja por defecto o exceso en cumplimiento de la ejecutoria de amparo;
d) La posibilidad de que tanto el tercero interesado como un tercero extraño a juicio puedan interponer el recurso de inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y
e) La modificación del plazo para interponer el ahora denominado recurso de inconformidad y el establecimiento del diverso para denunciar la repetición del acto reclamado.
Por tanto, atendiendo a los principios establecidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero y 17, párrafo segundo, constitucionales, se impone concluir que las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la nueva legislación de la materia, tomando en cuenta lo previsto en su artículo 192, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a ello, esto es, a partir del tres de abril de dos mil trece. Ello, en virtud de que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha no se deben dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas.
SEGUNDO. El incidente de inejecución de sentencia es procedente y fundado por las razones que a continuación se expresan:
Los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 80 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente:
"Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)
XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional; (...)".
"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija".
De la lectura de los preceptos transcritos, se deduce que una vez que el fallo protector dictado por los Tribunales de Amparo adquiere el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, la autoridad responsable estará constreñida, indefectiblemente, a cumplir con la sentencia federal, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía violada, sin que, para tal efecto, deba demorarse ni oponer excusa, pretexto o evasivas tal y como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, recogiendo el espíritu de la norma constitucional.
Esta es la finalidad esencial que persigue el juicio de amparo, lo cual explica el alto principio de obligatoriedad con el que la Constitución Federal reviste a los fallos constitucionales, alcanzando no sólo a las autoridades que hayan figurado como responsables en el juicio de garantías, sino también a las que deban intervenir en su cumplimiento, ya que si a cualquier autoridad, por el solo hecho de no haber sido responsable en un juicio de garantías, le fuere posible repetir el acto reclamado o demorar el cumplimiento a la ejecutoria respectiva, la protección federal concedida podría fácilmente eludirse con mengua del decoro y majestad de la institución de amparo.
La obligación de que se habla en el párrafo anterior, se funda en el principio que establece que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, que interesa a toda la sociedad y que tiene vital importancia para la vida institucional de México, pues independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunde en beneficio personal del quejoso, lo cierto es que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal que obliga a su respeto a todas las autoridades del país.
En lo que concierne al cumplimiento del fallo protector por todas las autoridades que por razón de sus funciones intervengan en la ejecución respectiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios aislados:
"EJECUTORIA DE AMPARO. AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica".(Sexta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Tomo CXXVIII y Página: 17).
"SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Al acatar las autoridades una ejecutoria de amparo no deben limitarse a pronunciar nueva sentencia que se ajuste a los términos del fallo constitucional, sino que deben vigilar que aquélla se cumpla por sus inferiores, ya que desobedecerla sería desconocer la verdadera cosa juzgada establecida en el juicio de garantías".(Sexta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tomo LXXX, Página: 58).
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No solo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias".(Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, Página: 1123).
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. Del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce la regla general de que no sólo las autoridades responsables sino cualquiera otra que intervenga en la ejecución, son responsables del exacto y debido cumplimiento del fallo que concede la protección federal".(Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXI, Página: 1154).
En relación con el propósito de lograr la ejecución o cumplimiento eficaz de las sentencias constitucionales, este Supremo Tribunal ha precisado que dicho cumplimiento debe hacerse, por regla general, sin demora ni excusa y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la providencia respectiva.
Son aplicables los siguientes criterios:
"AMPARO, EFECTO RESTITUTORIO DEL. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, éste tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y la autoridad responsable debe cumplir sin demora con la ejecutoria de amparo, llevando a cabo la restitución al quejoso que ordena la ley, sin excusas inconducentes, tales como pérdida de expedientes, u otros motivos semejantes".(Quinta Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXV, Página: 280).
"EJECUTORIA DE AMPARO, TÉRMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. En los casos de competencia de la Suprema Corte en única instancia, concedida la protección federal se remitirá testimonio de la ejecutoria, para su cumplimiento, a la autoridad responsable, la que deberá cumplirla dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, cuando la naturaleza del acto lo permita, y en caso contrario, dentro de ese mismo término deberá iniciar los trámites para su cumplimiento, sin que deba tolerarse que se retrase la plena obediencia de la ejecutoria por medio de pretextos, subterfugios o evasivas. No puede ser obstáculo para ese cumplimiento el exceso de labores, toda vez que la responsable está obligada, para guardar el debido respeto al Tribunal Máximo, a darle preferencia, respecto de otros litigios que estime de urgente decisión; y la responsable tampoco puede alegar, como pretexto, lo voluminoso del expediente, ni la índole del asunto, si la Suprema Corte en su ejecutoria, limitó el problema que debía resolver la nueva sentencia y señaló los preceptos legales a cuyo criterio debía apegarse. El fallo que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria, sólo incumbe a la responsable, y no es el caso de aplicar el artículo 112 de la Ley de Amparo, sino requerir al superior inmediato de la misma para que la obligue a cumplir sin demora la ejecutoria".(Quinta Época, Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, Página: 907).
Además, en relación con la obligación de las autoridades responsables para acatar el fallo constitucional, este Alto Tribunal ha sostenido que debe ser en forma puntual e inmediata.
Son aplicables los siguientes criterios:
"SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN Y FUERZA DE LAS. La majestad de la verdad legal, establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que dicha verdad legal no puede alterarse en forma alguna, ni a pretexto de aplicación de nuevas leyes, porque esa verdad legal tiene el carácter de incontrovertible, y no puede alterarse, ni limitarse en sus efectos por sentencias o procedimiento de ninguna especie, ni por leyes posteriores, cuya virtud no alcanza a cambiar los asuntos juzgados ejecutoriamente, a no ser que se pretendiera desnaturalizar la finalidad de los fallos del mas Alto Tribunal de la República olvidándose que el interés social estriba precisamente en su más puntual cumplimiento, a tal grado que no pueden obstaculizarlo nuevas leyes, ni entorpecerlo resoluciones judiciales comunes, excusas, ni aun reclamaciones de terceros que hayan adquirido de buena fe, aunque aleguen que se lesionan con la ejecución del fallo protector, sus derechos; en otras palabras, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto y, por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir lo resuelto en el amparo, sino que todas aquéllas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, ya se dijo, los obstáculos que se presenten al cumplimiento de dichas ejecutorias". (Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22, Cuarta Parte, Página: 75).
"SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE. Las ejecutorias de la Suprema Corte se pronuncian para que se cumplan por las autoridades responsables, cuando se concede la protección federal, desde el momento en que se les haga de su conocimiento. Suponer lo contrario, sería tanto como admitir que las ejecutorias en los juicios de amparo, sólo tienen efectos especulativos, en tanto el amparado no exija su cumplimiento. El efecto de la notificación que se les hace a las autoridades responsables, no es otro que el de que procedan a dar cumplimiento a los puntos resolutivos de su sentencia. Así lo previene el artículo 126 de la Ley de Amparo, al indicar que el Juez de Distrito deberá proceder de oficio para exigir el inmediato cumplimiento de las ejecutorias en los juicios de amparo, porque el interés público coexiste con el interés privado".(Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVI, Página: 755).
Como se ve, la verdad legal establecida en las sentencias de amparo impone a la autoridad responsable el deber u obligación consistente en restituir al agraviado en el pleno goce de las garantías infringidas en su perjuicio:
• Sin tardanza y sin excusa alguna.
• Por regla general, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la ejecutoria de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita.
• Por excepción, cuando no se pueda cumplir en veinticuatro horas, en ese término se deberán iniciar los trámites para su ejecución y así tendrá que informarlo al Juzgador.
Además, ese cumplimiento debe llevarse a cabo por las autoridades responsables, incluidas todas aquéllas que intervengan en el acatamiento respectivo, en virtud de estar constreñidas por la Ley Fundamental y la Ley Reglamentaria a guardar el debido respeto al Poder Judicial de la Federación y a sus ejecutorias.
Por otra parte, las autoridades responsables están obligadas a cumplir lo resuelto en el amparo asumiendo una conducta que, entre otras, tiene las siguientes implicaciones:
• Allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten al cumplimiento a la ejecutoria.
• Realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia.
• Vigilar que aquélla se cumpla por sus inferiores.
• Emplear todos los medios previstos en la ley para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
En este tenor, es claro que el principio de obligatoriedad de las sentencias que conceden el amparo a la parte quejosa, impone a las autoridades responsables no una actitud únicamente especulativa, sino toda una conducta activa orientada a satisfacer el núcleo esencial de las garantías violadas y que se expresa en acciones trascendentes ajust
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80095-878e321b/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-573-2012-derivado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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