Corpus
Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 1566/2013. DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO **********. QUEJOSA: **********. 11 DE AGOSTO DE 2014. MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: GABINO GONZÁLEZ SANTOS.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 1566/2013. DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO **********. · Registro digital (IUS): 80104
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Versión electrónica, Pág. 3.

México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día once de agosto de dos mil catorce, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Correspondiente al incidente de inejecución de sentencia 1566/2014, cuyo objeto consiste en determinar si deben aplicarse o no las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, a las autoridades responsables en el juicio de amparo de origen.

I. ANTECEDENTES

1. Juicio de amparo. El veintidós de noviembre de dos mil doce, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra del Jefe del Catastro, Responsable de Verificación Física del Catastro y de la Tesorería, todos del Municipio de Torreón, del Estado de Coahuila, y en el ámbito de sus respectivas competencias reclamó la determinación, valuación y emisión del avalúo catastral número **********, de fecha diez de octubre de dos mil doce, del predio con clave catastral **********, así como la retención, cobro y autoliquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos de servicios catastrales ********** al millar, derivados del avalúo indicado.(1)

2. El dieciséis de enero de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, en los autos del expediente del juicio **********, concedió el amparo solicitado.(2)

3. En contra de la anterior determinación el Jefe del Catastro Municipal interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, quien resolvió en sesión de once de abril de dos mil trece,(3) que el avalúo catastral no afectó el interés jurídico de la quejosa en lo que respecta al acto consistente en la retención y cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por lo que determinó modificar la sentencia, sobreseer en el juicio de amparo respecto del señalado cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles y conceder el amparo para:

a) Dejar insubsistente el cobro de pago de derechos por servicios catastrales, y

b) Regresar la cantidad pagada por ese concepto, sin perjuicio de que si pueden y desean las responsables, fundar y motivar debidamente el avalúo catastral relativo al inmueble adquirido, hagan el cobro correspondiente.

4. Mediante auto de diecinueve de abril de dos mil trece, (4) el Juez Tercero de Distrito en la Laguna requirió al Jefe de Catastro Municipal, al Responsable de Verificación Física de Catastro Municipal y Tesorero Municipal, para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibiéndolas que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondría una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

5. Asimismo, requirió al Presidente Municipal de Torreón, como superior jerárquico de las mencionadas autoridades, para que les ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo y en caso de no demostrar que dio esa orden, se le impondría una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general en el Distrito Federal. Igualmente, hizo del conocimiento de las autoridades requeridas que se les impondría pena de prisión de cinco a diez años, o en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.

6. Por oficio número ********** de dos de abril de dos mil trece, (5) el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, encargado de dirigir el despacho de los asuntos oficiales del Presidente Municipal, señaló que requirió al Tesorero, Responsable de Verificación Física del Catastro y Jefe de Catastro para que "sin excusa ni pretexto procedieran a cumplir sin demora con la sentencia constitucional y el proveído de referencia, dentro del término que ahí se expresa".

7. Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil trece, **********, en su carácter de Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila, promovió incidente innominado por imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En un auto de dos de mayo de dos mil trece,(6) el Juez de Distrito determinó desechar dicho incidente innominado y requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de diez días, apercibiéndolas nuevamente con imponerles una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, requirió al Presidente Municipal en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, con el apercibimiento de imponerle la multa indicada.

8. Por oficio número **********, de seis de mayo de dos mil trece, el Subsecretario del Ayuntamiento de Torreón, informó al juzgado de Distrito que requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el auto de ocho de mayo de dos mil trece(7) el Juez de Distrito tuvo por admitido dicho oficio.

9. Ante el incumplimiento de la ejecutoria, el Juez Federal, en un auto de veintiuno de mayo de dos mil trece,(8) hizo efectivo el apercibimiento e impuso una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las autoridades responsables, así como al Presidente Municipal, en su carácter de superior jerárquico; asimismo, ordenó turnar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, para que de estimar inexcusable el cumplimiento, fuera remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (9)

10. Trámite del incidente de inejecución ********** ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número **********.

11. Por considerar que no se había cumplido con la ejecutoria de amparo, en sesión del día veintidós de agosto de dos mil trece, (10) el Tribunal Colegiado resolvió como fundado el incidente de inejecución y ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con testimonio del proyecto de destitución en el que se propone ordenar la separación inmediata de las siguientes autoridades: 1. Tesorero (autoridad directamente obligada) y 2. Presidente, ambos del Municipio de Torreón, del Estado de Coahuila de Zaragoza, éste último como superior jerárquico. Asimismo, para que fuera este Alto Tribunal quien determinara si aplica o no las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.

12. Cabe señalar que el Tribunal Colegiado dejó establecido que aunque en las actuaciones no existió una determinación expresa por parte del juzgador de amparo sobre la cantidad específica a devolver, ésta se encuentra determinada sin mayor esfuerzo, por derivar claramente de las actuaciones, ya que la concesión del amparo lo fue únicamente por un solo concepto, el de "Derecho por Pago de Servicios Catastrales ********** al millar", que de acuerdo al recibo oficial de pago **********, correspondió a una erogación de la cantidad de $********** (**********), máxime que ninguna de las partes expresó inconformidad al respecto.

13. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de esta Suprema Corte, mediante un auto emitido el cinco de septiembre de dos mil trece, ordenó formar y registrar el presente incidente de inejecución de sentencia con el número 1566/2013, requirió al Jefe del Catastro, Responsable de Verificación Física de Catastro y al Tesorero, todas del Municipio de Torreón, Coahuila, como autoridades obligadas al fallo protector, así como al Presidente del citado Municipio, en su calidad de superior jerárquico, para que en un plazo de tres días hábiles comprobaran el acatamiento de la ejecutoria de amparo, o expusieran y acreditaran las razones que justifiquen el incumplimiento, apercibiéndolas en caso de que fueran omisas a dicho requerimiento con la continuación del procedimiento que pudiera culminar con la separación del cargo y la consignación directa ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.

14. Asimismo, designó como ponente al Ministro José Ramón Cossío Díaz a fin de que formulara el proyecto de resolución respectivo.

15. Por dictamen del ministro ponente de veintiocho de octubre de dos mil trece, y en virtud de que se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diverso oficio ********** del Juez Tercero de Distrito en la Laguna, mediante el cual informó que se recibieron constancias con las que la autoridad pretendió acreditar el cumplimiento, se solicitó la devolución de los autos al Juez de Distrito a fin de que se pronunciara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

16. Por oficio ********** de veintidós de noviembre de dos mil trece, el Juez de Distrito informó a este Alto Tribunal que por acuerdo de esta misma fecha tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

17. Posteriormente, se agregaron copias certificadas de un escrito y anexos exhibidos por el Tesorero Municipal de Torreón, Coahuila, el quince de abril del año en curso, al presente cuaderno incidental, mismas que obran en original en el diverso expediente Varios **********, las cuales el Presidente de este Alto Tribunal, por auto de la fecha citada, tomando en consideración la presentación de cuatro proyectos de resolución recibidos en la Secretaría General de Acuerdos, entre ellos, del presente incidente de inejecución de sentencia número **********, ordenó se agregaran a este expediente, -al igual que a los demás- así como también se remitieran copias simples de las mencionadas documentales a la ponencia respectiva, con el objeto de que se tuvieran a la vista al momento de dictar el pronunciamiento correspondiente.

II. COMPETENCIA

18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, 196 y 198 de la Ley de Amparo; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción VI del Acuerdo Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos ml trece, toda vez que se refiere a una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que causó ejecutoria con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento, y en virtud de que se trata del cumplimiento extemporáneo de una ejecutoria de amparo, en la que se aplicará a las autoridades que resulten responsables, las sanciones previstas en el citado precepto constitucional. Sirve de sustento a lo referido la tesis de jurisprudencia 49/2013,(11) de rubro: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA".

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

19. III.1. Interpretación del contexto legal aplicable De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en concreto en su artículo 192,(12) el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata.

20. En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238(13) y 258(14) de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación.

21. En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.

22. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: (15) 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) ya iniciado el procedimiento y no cumplida la sentencia en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, y 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196(16) de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

24. La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, salvo que contra esa determinación alguno de los sujetos legitimados interponga el recurso de inconformidad; pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, no está cumplida correctamente o es de imposible cumplimiento, entendiéndose por lo primero, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley de Amparo el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, hará efectivo el apercibimiento de multa a la autoridad responsable, así como, en su caso, a su superior jerárquico, y ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado tratándose de amparos indirectos, o bien a esta Suprema Corte de Justicia en los casos de amparos directos, y formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

25. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente se dictará la resolución que corresponda.

26. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico.

27. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento.

28. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del superior jerárquico, lo que se notificará a dichas autoridades.

29. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda, la cual podrá ser en los siguientes términos: 1) Si el incumplimiento es justificado, se otorgará un plazo adecuado a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; vencido este plazo si no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, separará de su cargo a la autoridad responsable y la consignará ante el Juez de Distrito y, en su caso, a su superior jerárquico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2) Devolverá los autos al órgano judicial de amparo, si es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que dé trámite al incidente ya referido en esta resolución; y 3) Si estima injustificado el incumplimiento, tomando en cuenta la resolución del Tribunal Colegiado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá resolución en la que separe a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico y los consigne ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad de que se trate, por el delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, ordenará la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que continúe el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda en contra de los anteriores responsables del incumplimiento.

30. Cabe destacar que la ley establece que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni al superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante para imponer la sanción penal.

31. En este sentido, una interpretación a contrario de esta disposición nos lleva a considerar que si el cumplimiento extemporáneo es justificado, en ese caso sí se eximirá de responsabilidad tanto a la autoridad responsable, vinculada y, en su caso, al superior jerárquico de dicha o dichas autoridades.

32. Ahora bien, una vez precisado lo establecido en la Ley de Amparo sobre las diversas particularidades del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, surgen algunas cuestiones que se considera necesario puntualizar, en específico las relacionadas con la imposición de sanciones (multa, separación y consignación a las autoridades contumaces) y respecto de la forma en que deberán proceder los órganos jurisdiccionales frente al actuar de las autoridades en el contexto del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo.

33. En primer lugar, debe destacarse que, como ya se señaló, la ley es clara en determinar que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el anterior sistema de ejecución y el previsto en la nueva ley.

34. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado.

35. En un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en su caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo público y posterior consignación ante el juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, se insiste, la autoridad y en su caso, su superior jerárquico han sido omisos respecto del cumplimiento, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional.

36. En este primer escenario, de especial relevancia resulta que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades.

37. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector.

38. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el sentido de que "todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento..."; en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener la consideraciones y los fundamentos legales que sirven de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

39. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, el enjuiciamiento de las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo.

40. La finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se prevé en la ley un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Es en atención a ello, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad cumple la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación.

41. Ahora bien, puede darse el caso, que la autoridad pretenda acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo dentro del plazo de tres días o, en su caso, dentro del plazo ampliado establecido en el requerimiento de cumplimiento. En este supuesto, el órgano de amparo deberá actuar en los términos precisados en el artículo 196, citado y descrito en párrafos anteriores.

42. En este sentido, en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente se establece que si la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, entendiendo por ello que se cumpla en su totalidad y correctamente, o se considera de imposible cumplimiento, el órgano judicial de amparo remitirá los autos, según corresponda, al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como establece en lo conducente el artículo 193 de la propia ley.

43. Ahora bien, para determinar que existe incumplimiento -fuera del caso de omisión total a que se hizo referencia anteriormente- la ley, en el propio artículo 193, establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

44. En atención a lo anterior, este Tribunal Pleno considera que el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento, constituye un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberán imponerse las sanciones de multa y continuar con el procedimiento de inejecución para lo cual se enviarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno propongan a este Tribunal Pleno, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es aplicable, en los casos en que las autoridades pretenden acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero no cuando han sido omisas respecto del mismo.

45. El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, en el requerimiento de la sentencia de amparo, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

46. Por otro lado, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia amparo, ciertos procedimientos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, pues de ellos no depende una condición de exigibilidad del fallo.

47. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80104-062a83b1/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-1566-2013-derivado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.