Sin rubro
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 1858/2013. 11 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE SIETE VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión celebrada, el once de agosto de dos mil catorce.
V I S T O S para resolver los autos del incidente de inejecución de sentencia 1858/2013, derivado del juicio de amparo **********, promovido por **********, por su propio derecho, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila; cuyo objeto consiste en determinar si deben aplicarse o no las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil doce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:(1)
Autoridades Responsables:
**********, **********.
**********, **********.
**********.
Actos Reclamados:
" De **********, **********, se reclama la elaboración, determinación, valuación y emisión del acto administrativo consistente en el avalúo catastral número **********, de tres de octubre de dos mil doce, del predio con clave catastral **********.
" De **********, **********, se reclama la elaboración, determinación, valuación y emisión del acto administrativo consistente en el Avalúo Catastral número **********, de tres de octubre de dos mil doce, del predio con clave catastral **********.
" De la Tesorería Municipal de Torreón, Coahuila, se reclama la retención, cobro y la posible ejecución, del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y de los derechos de servicios catastrales 1.8, al millar, con base en un acto administrativo ilegal consistente en el avalúo catastral número **********, de tres de octubre de dos mil doce, del predio con clave catastral **********.
" Autoliquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y de los derechos de servicios catastrales 1.8, al millar, con base en un avalúo catastral número **********, de tres de octubre de dos mil doce, del predio con clave catastral **********, mismo que es ilegal.
Preceptos Constitucionales que contienen los derechos humanos violados. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Admisión, trámite y resolución del amparo. Conoció del asunto el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, quien mediante proveído de quince de noviembre de dos mil doce, lo admitió y registró con el número **********; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que legalmente asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.(2)
Mediante sentencia de siete de enero de dos mil trece, dicho Juzgado resolvió, conceder el amparo solicitado, para los efectos siguientes:(3)
"para que las autoridades responsables dejen insubsistente el dictamen de valuación catastral a efecto de que si se encuentra dentro de sus facultades legales, funden y motiven dicho acto; así mismo (sic) para que dejen insubsistente los cobros del pago de derechos por servicios catastrales y del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamados y regresen las cantidades pagadas por esos conceptos, sin perjuicio de que si pueden y desean las responsables fundar y motivar debidamente el avalúo catastral relativo al inmueble adquirido por la parte quejosa, hagan el cobro correspondiente."
TERCERO. Trámite y resolución del recurso de revisión. En contra de la anterior resolución, mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil trece, en el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, **********, **********, interpuso recurso de revisión.(4)
Por acuerdo de siete de febrero de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión y lo registró con el número **********; seguidos los trámites de ley, en sesión de dieciocho de abril de dos mil trece,(5) resolvió confirmar la sentencia recurrida.
CUARTO. Trámite del cumplimiento. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil trece,(6) el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, requirió a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, posteriores a su notificación, dieran cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, les impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; asimismo, requirió al Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, en su calidad de superior jerárquico de aquellas, a fin de que dentro del plazo de tres días, les ordenara cumplir con la sentencia de amparo, apercibido que en caso de no demostrar que dio la orden, también se le impondría una multa por la misma cantidad, requerimiento que reiteró en los mismos términos, por acuerdo de diez de junio de dos mil trece.(7)
Por auto de diecisiete de junio de dos mil trece, el Juez de Distrito, tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de junio de dos mil trece, en representación del **********, informó que requirió al **********, ********** y al **********, el inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo.(8)
Posteriormente, dicho Juzgado mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil trece,(9) al advertir que no obraba constancia de que las autoridades responsables hubieran dado cumplimiento al requerimiento de diez de junio de dos mil trece, hizo efectivo el apercibimiento e impuso a cada una de las autoridades responsables **********, **********, ********** y **********, una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Con lo anterior, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, para que de estimar inexcusable el cumplimiento, lo reenviara a ésta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el estudio de la procedencia de la imposición de sanciones establecidas por el artículo 107, fracción XVI, constitucional.
QUINTO. Trámite del Incidente de Inejecución en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. Por auto de presidencia de dieciséis de agosto de dos mil trece, el citado Tribunal Colegiado admitió y radicó a trámite el cuaderno incidental, lo registró con el número **********, ordenó notificar a las partes y requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días expusieran las razones por las que no habían dado cumplimiento o en su caso, manifestaran la imposibilidad material o jurídica que les impedía hacerlo.
Seguido el trámite de ley y, ante la omisión de las responsables a dar cumplimiento al requerimiento efectuado por auto presidencial de dieciséis de agosto de dos mil trece, el citado órgano colegiado en sesión de diecisiete de octubre de dos mil trece, declaró parcialmente fundado el incidente de inejecución citado, al estimar que no se encontraba cumplido por las responsables **********, ********** y **********, todos del **********, no así por cuanto al Presidente Municipal, quien en cumplimiento al requerimiento del Juez de Distrito del conocimiento, de diez de junio de dos mil trece, informó que mediante oficios de doce de junio del año en cita, había requerido al **********, ********** y al **********, todos de **********, el inmediato cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual, acreditó con las constancias correspondientes; por lo que, el citado órgano colegiado remitió a este Alto Tribunal, testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, así como los autos de dicho juicio,(10) para que determinara si en el caso procedía o no la aplicación de las sanciones contenidas en la fracción XVI, del artículo 107 constitucional.
SEXTO. Admisión y trámite del Incidente de Inejecución de Sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos correspondientes, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil trece, el Presidente de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente relativo al incidente de inejecución de sentencia, con el número 1858/2013, requirió a las autoridades responsables, para que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación del mencionado acuerdo, acreditaran haber acatado el fallo protector, o bien, justificaran la causa del incumplimiento y, turnó el expediente a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto respectivo.(11)
Durante el trámite del presente cuaderno incidental, se recibieron en este Máximo Tribunal, las siguientes actuaciones:
Mediante oficio número **********, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, remitió oficio **********, signado tanto por el **********, como por el **********, con residencia en **********, del que se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil trece, se dejó sin efectos la elaboración, determinación, valuación y emisión del avalúo catastral número **********, de fecha tres de octubre de dos mil doce.(12)
El seis y siete de noviembre de dos mil trece, se recibieron diversas constancias, de las que se desprende que el apoderado general para pleitos y cobranzas de la **********, **********, remitió al Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, cheque número **********, expedido a nombre de **********, por la cantidad de **********, a cargo de **********; lo que el titular del citado Juzgado hizo del conocimiento de la quejosa, mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil trece.
Posteriormente, por dictamen de quince de noviembre de dos mil trece, el Ministro Ponente solicitó la devolución de los autos al Juzgado del conocimiento, a fin de que éste se pronunciara respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo.(13)
Mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, de Torreón, Coahuila, determinó que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, pues se dejaron insubsistentes los actos inconstitucionales y se reintegró a la parte quejosa, la cantidad que erogó con motivo de la contribución declarada inconstitucional.(14)
Previo dictamen de cinco de diciembre de dos mil trece, del Ministro Ponente, el Subsecretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, envió el expediente a esta Primera Sala, para su radicación, al considerarse que no era el caso de someter a la consideración del Tribunal Pleno, el proyecto de resolución.
Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil catorce, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y asimismo, previo dictamen del Ministro Ponente y Presidente de la misma, se requirió al Juez Tercero de Distrito en la Laguna, para que informara el estado que guardaba el juicio de amparo **********, con la finalidad de saber si alguna de las partes se inconformó o interpuso algún recurso en contra de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil trece, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.
En respuesta a lo anterior, el Secretario en funciones de titular de dicho Juzgado, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil catorce, informó que ninguna de las partes interpuso algún medio de impugnación.(15)
Previo dictamen del Ministro Ponente y de las determinaciones correspondientes, el presente asunto quedó radicado en el Tribunal Pleno.
Posteriormente, el quince de abril de dos mil catorce, se agregaron a los autos copias certificadas de un escrito y anexos exhibido por el **********, **********, mismas que obran en original en el diverso expediente Varios **********, las cuales el Presidente de este Alto Tribunal, por auto de la fecha citada, tomando en consideración la presentación de cuatro proyectos de resolución recibidos en la Secretaría General de Acuerdos, entre ellos, del presente incidente de inejecución de sentencia número 1858/2013, ordenó se anexaran a este expediente, -al igual que a los demás- así como también se remitieran copias simples de las mencionadas documentales a la ponencia respectiva, con el objeto de que se tuvieran a la vista al momento de dictar el pronunciamiento correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción VI, del Acuerdo General Plenario 5/2013, así como con el punto Tercero, fracción I, del Acuerdo 10/2013, ambos del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se refiere a una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que causó ejecutoria con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento. Sirve de sustento a lo referido las tesis de jurisprudencia 49/2013(16) y 91/2013,(17) cuyo idéntico rubro y texto son los siguientes, emitidas por la Primera y Segunda Sala de esta Suprema Corte y, que el Tribunal Pleno comparte:
"CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas."
SEGUNDO. Problemática jurídica a resolver. La cuestión que debe resolverse en el presente incidente de inejecución, es examinar si el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo, fue justificado o no, a fin de determinar si deben imponerse las sanciones previstas por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Estudio del asunto. Previo al estudio de la problemática jurídica a resolver, este órgano jurisdiccional considera necesario, precisar los parámetros a considerar, para arribar a la determinación de imposición o no de las sanciones correspondientes a las autoridades responsables, a la luz de la normatividad vigente, con relación al cumplimiento extemporáneo de una sentencia concesoria de amparo.
CUESTIONES PREVIAS
Es importante destacar que el seis de junio de dos mil once, se modificó la fracción XVI, del artículo 107, constitucional, para señalar que la "justificación" del incumplimiento de las sentencias de amparo, determinada por esta Suprema Corte de Justicia, es el único caso en que el plazo para ello, podrá ampliarse por un tiempo razonable, transcurrido el cual, si aún no hay cumplimiento se procederá como si no hubiera justificación, separando al titular de la autoridad responsable para consignarlo directamente ante el Juez de Distrito, y en su caso, al superior jerárquico que hubiera incurrido en responsabilidad.(18)
En la exposición de motivos de dicha reforma constitucional, se destacó la importancia de establecer la forma de sancionar a los servidores públicos que incumplan con una sentencia de amparo, para evitar situaciones de indefensión de los gobernados e incluso de impunidad.
Derivado de ello, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, regula en su TÍTULO TERCERO. Cumplimiento y Ejecución, CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución, el procedimiento para lograr un puntual cumplimiento de las sentencias de amparo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en concreto en su artículo 192,(19) el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata.
En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238(20) y 258(21) de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y, su posterior consignación.
En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.
El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan las sentencias de amparo tiene tres excepciones:(22) 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) ya iniciado el procedimiento y no cumplida la sentencia en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196(23) de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo informe relativo, a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto o si existe imposibilidad para cumplirla.
La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, salvo que contra esa determinación, alguno de los sujetos legitimados interponga el recurso de inconformidad; pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, no está cumplida correctamente o es de imposible cumplimiento, entendiéndose por lo primero, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley de Amparo, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, hará efectivo el apercibimiento de multa a la autoridad responsable, así como, en su caso, a su superior jerárquico y ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado tratándose de amparos indirectos o bien, a esta Suprema Corte de Justicia en los casos de amparos directos y, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria.
Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente se dictará la resolución que corresponda.
Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico.
Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito, podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento.
Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del superior jerárquico; lo que se notificará a dichas autoridades.
Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda, la cual podrá ser en los siguientes términos: 1) Si el incumplimiento es justificado, se otorgará un plazo adecuado a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; vencido este plazo si no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, separará de su cargo a la autoridad responsable y la consignará ante el Juez de Distrito y, en su caso, a su superior jerárquico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2) Devolverá los autos al órgano judicial de amparo, si es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que dé trámite al incidente ya referido en esta resolución y, 3) Si estima injustificable el incumplimiento, tomando en cuenta la resolución del Tribunal Colegiado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá resolución en la que separe a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico y los consigne ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad de que se trate, por el delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, ordenará la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda en contra de los anteriores responsables del incumplimiento.
Cabe destacar que la ley establece que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni al superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante para imponer la sanción penal.
En este sentido, una interpretación a contrario de esta disposición nos lleva a considerar que si el cumplimiento extemporáneo es justificado, en ese caso, sí se eximirá de responsabilidad tanto a la autoridad responsable a la vinculada y, en su caso, al superior jerárquico de dicha o dichas autoridades.
Ahora bien, una vez precisado lo establecido en la Ley de Amparo sobre las diversas particularidades del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, surgen algunas cuestiones, que se considera necesario puntualizar, en específico las relacionadas con la imposición de sanciones (multa, separación y consignación a las autoridades contumaces) y respecto de la forma en que deberán proceder los órganos jurisdiccionales de amparo frente al actuar de las autoridades en el contexto del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo.
En primer lugar, debe destacarse que, como ya se señaló, la ley es clara en determinar que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el anterior sistema de ejecución y el previsto en la nueva ley.
En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado.
En un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en su caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo público y posterior consignación ante el juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, se insiste, la autoridad y en su caso, su superior jerárquico han sido omisos respecto del cumplimiento, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional.
En este primer escenario, de especial relevancia, resulta que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades.
En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector.
Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el sentido de que "todas las au
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80142-9ae4d34c/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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