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Modo: Corpus Pro

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Tipo de asunto: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 580/2014 DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 939/2012. · Registro digital (IUS): 80146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Versión electrónica, Pág. 1.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 580/2014. 12 DE ENERO DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: GABINO GONZÁLEZ SANTOS.

SUMARIO

*********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la falta de cumplimiento de la resolución emitida en el juicio de nulidad de veintiocho de octubre de dos mil once y en el recurso de queja de veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitidos en el expediente *********** por la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León concedió el amparo para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León cumpliera con la sentencia del juicio de nulidad. Sin embargo, a raíz de los múltiples requerimientos y debido a la actitud omisa por parte de la responsable y de su superior jerárquico, el Juez de Distrito ordenó la apertura del incidente de inejecución. La cuestión a resolver en el presente incidente de inejecución de sentencia consiste en determinar si se siguió adecuadamente el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo y, consecuentemente, si deben o no aplicarse las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional.

C U E S T I O N A R I O

México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día doce de enero de dos mil quince, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Correspondiente al incidente de inejecución de sentencia 580/2014, cuyo objeto consiste en determinar si deben aplicarse o no las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, a la autoridad responsable en el juicio de amparo de origen.

I. ANTECEDENTES

1. De autos se desprende que *********** presentó un escrito en el que solicitó una corrección del pago de su pensión en lo concerniente a las diferencias de gratificación anual ante la Subdirección de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

2. Mediante oficio ***********, le fue negada dicha modificación, por lo que, inconforme, promovió juicio de nulidad. La Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintiocho de octubre de dos mil once, declaró la nulidad del oficio, y exigió la emisión de una nueva resolución debidamente fundada en la que se le concediera el pago de esas diferencias.

3. En virtud del incumplimiento por parte de las autoridades respecto de la sentencia en el juicio de nulidad, el actor, interpuso recurso de queja, la cual fue resuelta el veintiocho de septiembre de dos mil doce, como procedente y fundada, para que en un término de veinte días dieran cumplimiento a lo resuelto en el juicio de nulidad.

4. En razón del incumplimiento, *********** promovió la demanda de amparo que a continuación se precisa.

II. TRÁMITE

5. Juicio de amparo. El treinta de noviembre de dos mil doce, *********** promovió juicio de amparo en contra de la falta de cumplimiento de la resolución en el juicio nulidad de veintiocho de octubre de dos mil once y en el recurso de queja de veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitidos en el expediente ***********por la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(1)

6. La parte quejosa señaló como garantía violada en su perjuicio la contenida en el artículo 17 de la Constitución y expresó los antecedentes y conceptos de violación que estimó pertinentes.

7. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León admitió la demanda, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil doce. Posteriormente, celebrada la audiencia constitucional, el Juez concedió el amparo a la parte quejosa mediante una sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece.(2)

8. El amparo se concedió para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León diera inmediato cumplimiento a la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil once, emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que recayó al juicio de nulidad ***********, en los términos ahí indicados.

9. Mediante un auto de siete de mayo de dos mil trece, el Juez del conocimiento declaró que la sentencia dictada en el juicio de amparo causó ejecutoria, y requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, como autoridad responsable y al Delegado del referido instituto, como su superior jerárquico, ello para que en un término de tres días cumplieran con la sentencia de amparo, apercibidas que en caso de ser omisas se harían acreedoras de una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

10. Mediante un acuerdo de primero de agosto de dos mil trece, el Juez del conocimiento señaló que las autoridades, tanto la responsable como su superior jerárquico, habían sido omisas, por lo que hizo efectivo el apercibimiento y les impuso una multa. En el mismo auto, requirió al superior jerárquico del Delegado, esto es, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para que conminara a las responsables al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de ser omisa, se haría acreedor a una multa, asimismo remitiría al Tribunal Colegiado el expediente respectivo para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente.

11. A través de un acuerdo de trece de septiembre de dos mil trece, el juez federal tuvo por recibido el oficio *********** signado por el Subdirector de lo Contencioso, quien actuó en representación del Director General del multicitado Instituto, en el que informó que giró instrucciones a su inferior jerárquico respecto del cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, toda vez que no se había logrado el cumplimiento de la misma, se requirió a la Junta Directiva del Instituto, para que en el término de tres días ordenara el cumplimiento de la sentencia, reiterándole el apercibimiento ya señalado.

12. Mediante diversos requerimientos de veinticinco de septiembre y once de diciembre, ambos de dos mil trece, el juez de distrito requirió al Subdelegado de Prestaciones, al Delegado, al Director General y a la Junta Directiva, todas del Instituto referido, para que en un término de tres días cumplieran con la sentencia de amparo o conminaran al cumplimiento, con el apercibimiento de imponerles una multa y de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia respectivo.

13. Mediante oficio recibido el tres de marzo de dos mil catorce en el juzgado de conocimiento, el Subdirector de lo Contencioso informó que ni la Junta Directiva ni el Director General tienen facultades para obligar a la autoridad responsable a cumplir con el fallo constitucional, ello conforme al artículo 214 de la Ley del Instituto.

14. Finalmente, a través de un auto de dos de abril de dos mil catorce, el Juez del conocimiento determinó que las autoridades responsables no habían dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tal razón, hizo efectivo el apercibimiento y ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno.

15. Trámite del incidente de inejecución *********** ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Mediante un auto de siete de abril de dos mil catorce,(3) el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número ***********. En el mismo auto, requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables y a sus superiores jerárquicos, para que comprobaran el acatamiento dado a la ejecutoria de garantías, apercibiéndoles que en caso de ser omisas, se continuaría el procedimiento que podría culminar con la imposición de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, constitucional. Se requirió a las siguientes autoridades: Subdelegado de Prestaciones, como autoridad responsable y como superiores jerárquicos a las siguientes autoridades: al Delegado en el Estado de Nuevo León, al Director General y a la Junta Directiva, todos pertenecientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

16. Finalmente, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil catorce,(4) el Tribunal Colegiado resolvió fundado el incidente de inejecución y con el proyecto de destitución, ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

17. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos correspondientes, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal mediante un acuerdo de veinte de agosto de dos mil catorce(5) ordenó formar y registrar el expediente relativo al presente incidente de inejecución bajo el número 580/2014, así como turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

III. COMPETENCIA

18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, 196 y 198 de la Ley de Amparo; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción VI del Acuerdo Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos ml trece, toda vez que se refiere a una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto que causó ejecutoria con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento, y en virtud de que se trata del cumplimiento extemporáneo de una ejecutoria de amparo, en la que se aplicará a las autoridades que resulten responsables, las sanciones previstas en el citado precepto constitucional. Sirve de sustento a lo referido la tesis de jurisprudencia 49/2013,(6) de rubro: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA".

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

19. IV.1. Interpretación del contexto legal aplicable De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en concreto en su artículo 192,(7) el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata.

20. En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238(8) y 258(9) de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación.

21. En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.

22. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones:(10) 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) ya iniciado el procedimiento y no cumplida la sentencia en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, y 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196(11) de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

24. La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, salvo que contra esa determinación alguno de los sujetos legitimados interponga el recurso de inconformidad; pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo, no está cumplida correctamente o es de imposible cumplimiento, entendiéndose por lo primero, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley de Amparo el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, hará efectivo el apercibimiento de multa a la autoridad responsable, así como, en su caso, a su superior jerárquico, y ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado tratándose de amparos indirectos, o bien a esta Suprema Corte de Justicia en los casos de amparos directos, y formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

25. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente se dictará la resolución que corresponda.

26. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico.

27. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento.

28. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del superior jerárquico, lo que se notificará a dichas autoridades.

29. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda, la cual podrá ser en los siguientes términos: 1) Si el incumplimiento es justificado, se otorgará un plazo adecuado a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; vencido este plazo si no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, separará de su cargo a la autoridad responsable y la consignará ante el Juez de Distrito y, en su caso, a su superior jerárquico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2) Devolverá los autos al órgano judicial de amparo, si es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que dé trámite al incidente ya referido en esta resolución; y 3) Si estima injustificado el incumplimiento, tomando en cuenta la resolución del Tribunal Colegiado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitirá resolución en la que separe a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico y los consigne ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de la entidad de que se trate, por el delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, ordenará la devolución de los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que continúe el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda en contra de los anteriores responsables del incumplimiento.

30. Cabe destacar que la ley establece que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni al superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante para imponer la sanción penal.

31. En este sentido, una interpretación a contrario de esta disposición nos lleva a considerar que si el cumplimiento extemporáneo es justificado, en ese caso sí se eximirá de responsabilidad tanto a la autoridad responsable, vinculada y, en su caso, al superior jerárquico de dicha o dichas autoridades.

32. Ahora bien, una vez precisado lo establecido en la Ley de Amparo sobre las diversas particularidades del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, surgen algunas cuestiones que se considera necesario puntualizar, en específico las relacionadas con la imposición de sanciones (multa, separación y consignación a las autoridades contumaces) y respecto de la forma en que deberán proceder los órganos jurisdiccionales frente al actuar de las autoridades en el contexto del procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo.

33. En primer lugar, debe destacarse que, como ya se señaló, la ley es clara en determinar que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el anterior sistema de ejecución y el previsto en la nueva ley.

34. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado.

35. En un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en su caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo público y posterior consignación ante el juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, se insiste, la autoridad y en su caso, su superior jerárquico han sido omisos respecto del cumplimiento, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional.

36. En este primer escenario, de especial relevancia resulta que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades.

37. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector.

38. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el sentido de que "todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento..."; en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener la consideraciones y los fundamentos legales que sirven de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

39. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, el enjuiciamiento de las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo.

40. La finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se prevé en la ley un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Es en atención a ello, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad cumple la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia de amparo aún después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento que podrá concluir con la separación del cargo y consignación.

41. Ahora bien, puede darse el caso, que la autoridad pretenda acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo dentro del plazo de tres días o, en su caso, dentro del plazo ampliado establecido en el requerimiento de cumplimiento. En este supuesto, el órgano de amparo deberá actuar en los términos precisados en el artículo 196, citado y descrito en párrafos anteriores.

42. En este sentido, en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente se establece que si la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, entendiendo por ello que se cumpla en su totalidad y correctamente, o se considera de imposible cumplimiento, el órgano judicial de amparo remitirá los autos, según corresponda, al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como establece en lo conducente el artículo 193 de la propia ley.

43. Ahora bien, para determinar que existe incumplimiento -fuera del caso de omisión total a que se hizo referencia anteriormente- la ley, en el propio artículo 193, establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

44. En atención a lo anterior, este Tribunal Pleno considera que el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento, constituye un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberán imponerse las sanciones de multa y continuar con el procedimiento de inejecución para lo cual se enviarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno propongan a este Tribunal Pleno, en caso de que proceda, la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es aplicable, en los casos en que las autoridades pretenden acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pero no cuando han sido omisas respecto del mismo.

45. El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, en el requerimiento de la sentencia de amparo, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

46. Por otro lado, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia amparo, ciertos procedimientos que no son necesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, pues de ellos no depende una condición de exigibilidad del fallo.

47. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 ya citado.

48. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que, por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficienc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80146-4638ab58/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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