Sin rubro
EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA VÍA 1/2015. DERIVADA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 10/2014. ACTORA: **********. DEMANDADA: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
SUMARIO
En el juicio ordinario civil federal **********, la actora demandó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras prestaciones, la anulación o revocación de la rescisión administrativa que le fue notificada mediante oficio ********** de once de diciembre de dos mil trece. Una vez emplazada al juicio, al contestar la demanda, la enjuiciada opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes, entre ellas, la de improcedencia de la vía, sustentada en que la vía civil no procede cuando se impugna la validez de un acto de naturaleza administrativa, como lo es la rescisión unilateral a cargo de una dependencia pública y que, en el caso, es la rescisión del contrato ********** relativo a la compraventa de un vehículo blindado. Tal excepción es la materia de esta interlocutoria.
CUESTIONARIO
• Por regla general, ¿cuál es la vía procedente para impugnar la rescisión administrativa de contratos de adquisiciones del sector público?
• Tratándose de los contratos de adquisición celebrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Cuál es el marco normativo que los regula?
• Las normas aplicables a los contratos de adquisición celebrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿disponen una vía judicial específica para dilucidar las controversias derivadas de los acuerdos celebrados por este Alto Tribunal?
• ¿Del contenido del Acuerdo General VI/2008, puede colegirse que se impone el mismo criterio que rige para el resto del sector público, en el sentido de que la vía procedente para reclamar la nulidad de la rescisión unilateral es la administrativa?
México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil quince emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la que se resuelve la excepción de improcedencia de la vía 1/2015, opuesta por la demandada en el juicio ordinario civil federal 10/2014, promovido por Share y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil catorce, ********** (que en adelante se identificará como ********** o la proveedora), por conducto de su apoderada, demandó de la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(1), las prestaciones siguientes:
"...A) Anular o revocar la rescisión contenida en el oficio ********** de fecha once de diciembre del año dos mil trece, realizada por la Directora General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos que determine este Tribunal Pleno.
B) Absolver a mi representada del pago de la pena convencional que a juicio de la Directora General de Recursos Materiales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo acreedor mi representada, consistente en el pago de la cantidad de $**********. (**********).
C) Absolver a mi representada de reintegrar el anticipo que la Directora General de Recursos Materiales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación impone a mi representada, consistente en el pago de la cantidad de $ **********. (**********).
D) Ordenar el cumplimiento del objeto de contrato de compraventa ilegalmente rescindido, el cual consiste en que la sociedad mercantil denominada **********, proporcione a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ********** (con las especificaciones convenidas en la cláusula Primera del contrato **********) y, a su vez, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cubra y entregue materialmente a mi representada, por concepto de contraprestación, la cantidad restante del precio convenido en la cláusula segunda del mismo contrato, equivalente a la cantidad de $*********. (********), respetando las contraprestaciones que ya se hayan cumplido y realizadas por las partes del referido contrato de compraventa..."
2. Admisión. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Ministra en funciones de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (quien proveyó ante la imposibilidad por impedimento legal del entonces Presidente Ministro Juan N. Silva Meza para actuar en el asunto), admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuestas, dispuso que se registrara con el número de expediente *********, ordenó el emplazamiento de la demandada y dio respuesta a las diversas peticiones formuladas por la demandante en su escrito inicial(2).
3. Emplazamiento y contestación. El diez de diciembre de dos mil catorce se verificó el emplazamiento de la demandada(3), se le corrió traslado con copia simple del escrito de demanda, de sus anexos y del auto admisorio a fin de que contestara la demanda respectiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la diligencia de mérito.
4. El once de diciembre del mismo año el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de nueve días concedido a la demandada para que diera contestación a la demanda, transcurría del doce de diciembre de dos mil catorce al doce de enero del año dos mil quince(4).
5. Por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de enero de dos mil quince, la demandada, por conducto del Subdirector General de lo Contencioso y del Director de Juicios y Medios de Defensa, ambos adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, dio contestación a la demanda y reconvino de la actora el pago de diversas prestaciones. Dentro de las excepciones y defensas opuestas se encuentra la de IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, respecto de lo cual la dependencia manifestó su inconformidad con el auto admisorio, en virtud de que a través de éste se dio curso a la impugnación de validez de un acto de naturaleza administrativa, como es la determinación de dar por rescindido el contrato número ********** (cuyo objeto fue la compraventa de un vehículo blindado), a través de la vía ordinaria civil, cuando la misma no resulta idónea para obtener la anulación o revocación de dicha determinación administrativa que le fue notificada al contratista, mediante diligencia de trece de diciembre de dos mil trece, a través del oficio *********, firmado por la Directora General de Recursos Materiales de este Alto Tribunal.
6. Formación del incidente. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil quince, la Presidenta en Funciones decana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el impedimento legal formulado por el Ministro Luis María Aguilar Morales(5), ordenó dar trámite en la vía incidental a la excepción de improcedencia de la vía opuesta y acordó reservar el acuerdo del resto de las promociones recibidas(6).
II. TRÁMITE
7. Admisión. Formado el cuaderno incidental que quedó registrado como EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA VÍA 1/2015, por proveído de once de marzo de dos mil quince, la Presidenta en Funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la excepción mencionada y ordenó la suspensión del procedimiento en todos los cuadernos del juicio ordinario civil federal 10/2014. Para el trámite correspondiente, mandó correr traslado, únicamente con la parte conducente de la excepción de improcedencia de la vía, a la parte actora para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés conviniera y se pronunciara sobre la aclaración formulada por la demandada en el sentido de que, el órgano que autorizó la rescisión administrativa del contrato fue el COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES (CASOD), en su Novena sesión ordinaria celebrada el dieciocho de octubre de dos mil trece. De igual forma ordenó que, en su oportunidad, pasaran los autos para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz, en razón de que a él correspondió el conocimiento de las diversas excepciones de improcedencia registradas con los números 1/2014, 2/2014, 3/2014 y 4/2014 en las que se plantean idénticos planteamientos en relación con la vía en que deben tramitarse los juicios.
8. Desahogo de la vista. Ésta se verificó por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de marzo de dos mil quince catorce(7), en donde además de explicar las razones que -según la proveedora- justifican la procedencia de la vía elegida, hizo las aclaraciones que estimó pertinentes en relación al órgano que autorizó la rescisión administrativa, de la que pretende su nulidad.
9. Por auto de catorce de mayo de dos mil quince, se tuvo por desahogada la vista y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, la que tuvo verificativo en los términos del acta correspondiente(8), por lo que una vez integrado el incidente, por proveído de primero de junio posterior, se ordenó pasar los autos al Ministro designado para la elaboración del proyecto de la interlocutoria correspondiente.
10. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil quince, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y se ordenó el envío de los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
11. A petición del Ministro Ponente, en auto de tres de agosto siguiente, el expediente se remitió al Tribunal en Pleno para que éste se avocara a su conocimiento y radicado en esa instancia, se devolvió al Ministro designado para su resolución.
III. COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
12. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la excepción de improcedencia de la vía opuesta en el juicio ordinario civil federal 10/2014, en términos de lo establecido en los artículos 104, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3°, párrafo segundo, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho por el que se regulan los Procedimientos para la Adquisición, Administración y Desincorporación de Bienes y la Contratación de Obras, Usos y Servicios requeridos por este Alto Tribunal; 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 18 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que la proveedora demandó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas prestaciones derivadas del contrato de compraventa número SCJN/DGRM/DABC-077/12/2012 de veintiuno de diciembre de dos mil doce, celebrado entre este Alto Tribunal y la persona jurídica Share y Asociados, y es necesario que el Tribunal en Pleno conozca del asunto al tratarse de temas que conciernen a la vía en que deben tramitarse los procedimientos seguidos ante la propia Corte, en los que se pretende anular la rescisión de los contratos celebrados por este Máximo Tribunal del país.
13. Por otro lado, se estima que la excepción se opuso oportunamente, en virtud de que se hizo valer en el escrito de contestación de demanda dentro del plazo de nueve días que se le concedió en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil catorce.
IV. ESTUDIO
14. Elementos necesarios para resolver el asunto. A continuación se sintetizarán los motivos expresados por la demandada para sustentar la excepción planteada.
14.1 La demandada manifiesta su inconformidad con el auto admisorio en virtud de que a través de éste se dio curso al planteamiento de la actora tramitado en la vía incorrecta, pues su pretensión se encuentra dirigida a impugnar la validez de un acto de naturaleza administrativa, como es la determinación de dar por rescindido el contrato número **********, relativo a la compraventa de un vehículo blindado, lo que debería tramitarse en la vía administrativa.
14.2 La vía ordinaria civil es improcedente cuando lo que se pretende es obtener la anulación o revocación de la determinación administrativa de rescisión que, en el caso específico, le fue notificada a la demanda desde el trece de diciembre de dos mil trece, a través del oficio **********, suscrito por la titular de la Dirección General de Recursos Materiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
14.3 Al respecto, la enjuiciada aclara que el órgano que autorizó la rescisión administrativa del contrato en cuestión, fue el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD), en su novena sesión ordinaria celebrada el dieciocho de octubre de dos mil trece.
14.4 En apoyo a sus aseveraciones, el área jurídica de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación invoca la tesis P. CI/97, publicada en la página ciento sesenta y uno, del Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NULIDAD DE ACTOS DE AUTORIDAD EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL. SOLAMENTE PROCEDE CUANDO LA LEY QUE LOS RIGE ESTABLECE LA ACCIÓN RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)" y explica que, la circunstancia de que en el caso no proceda la vía ordinaria civil en modo alguno afecta el derecho fundamental de tutela judicial efectiva en perjuicio de la demandante, pues tal derecho en modo alguno pugna con el respeto a las formalidades esenciales, conforme a las cuales no puede hacerse procedente un medio jurisdiccional que no es legalmente idóneo.
14.5 La demandada agrega que si bien el Título Octavo del Acuerdo General de Administración VI/2008 -emitido por el Comité de Gobierno y Administración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación- regula el recurso de inconformidad y el Procedimiento de Conciliación, sin establecer de manera expresa algún supuesto para que en sede administrativa puedan impugnarse las determinaciones de los órganos administrativos de la Corte para dar por rescindido un contrato celebrado a la luz de dicho Acuerdo, esa sola circunstancia de suyo es insuficiente para afirmar la procedencia de la vía ordinaria civil, pues no debe soslayarse que en su caso, la persona moral actora pudo promover dentro de los plazos legales correspondientes algún diverso medio legal como pudo ser un recurso innominado ante la propia Corte para intentar la impugnación de la rescisión administrativa del contrato, como en su momento se resolvieron las determinaciones en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos de esta Corte, cuando el Acuerdo General no regulaba algún recurso específico.
14.6 Finalmente alega que no es válido intentar la nulidad de un acto administrativo a través de un juicio ordinario civil federal, sin respetar plazo alguno. Ello, toda vez que la demanda presentada se presentó con notoria extemporaneidad, pues aun cuando no se cuenta con regulación expresa respecto del plazo para promover una acción de anulación a través de un Juicio Ordinario Administrativo Federal, deben considerarse cuarenta y cinco días en atención a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
15. En respuesta a tales planteamientos, la actora manifestó lo siguiente:
15.1 En primer término, sostiene que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que decidió la vía procedente, toda vez que, antes de incoar el Juicio Ordinario Civil Federal, la actora promovió la Controversia a que se refiere la fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2014, cuya materia consiste en conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal.
15.2 Sin embargo, fue mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil catorce, que la Presidenta en funciones de la Suprema Corte determinó que la controversia a que se refiere a fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe tramitarse conforme al procedimiento ordinario previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que no existe otra normatividad que regule el procedimiento para dirimir asuntos como el que nos compete, además que en el país no existe una codificación especial para los contratos administrativos, por lo que es válido acudir a las reglas genéricas que desarrolla el derecho civil para su interpretación.
15.3 En ese sentido, la actora destaca la distinción entre los contratos administrativos y los civiles, y asegura que ésta consiste en que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones, sino que en los contratos administrativos la autoridad se encuentra en ventaja frente al particular, debido a la naturaleza del objeto del contrato. En ese sentido, cuando se trata de contratos administrativos, la autoridad es la que establece condiciones definitivas y es el particular el que se "adhiere".
15.4 En atención a dicha adhesión y a lo previsto en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA del contrato basal, la actora intentó la vía prevista en la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
15.5 En esa línea, en cumplimiento a las prevenciones ordenadas por el Presidente del Alto Tribunal, se reclamaron prestaciones idénticas a las del escrito original, y, únicamente, se adicionó la prestación marcada con la letra C) en la que se demanda el cumplimiento del contrato base de la acción, por lo que, mediante el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte ordenó trasladar la vía originalmente planteada al Juicio Ordinario Civil Federal 3/2014, dando de baja la controversia 1/2014.
15.6 No obstante lo anterior, la prestación C) también se encuentra prevista en el supuesto de la fracción XX, del artículo 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que en modo alguno debió iniciarse un Juicio Ordinario Civil Federal.
15.7 Al respecto, la actora afirma que le causa incertidumbre e inseguridad jurídica el hecho de que la Suprema Corte haya estableció expresamente en el contrato base de la acción, la aplicación de la fracción XX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que, posteriormente, haya sido la Presidenta en funciones de dicho órgano quien determinara que la vía intentada no era la prevista en el referido artículo, sino el Juicio Ordinario Civil Federal; y, sea ésta última la que combate la vía determinada por el presidente, pero desconociendo lo contratado en el documento base de la acción.
15.8 Asimismo, alega que le causa inseguridad jurídica, que la Suprema Corte sólo haya dado contestación a la pretensión marcada con el inciso A), no así a las pretensiones marcadas con los incisos B), C), D), las cuales consideró la Presidenta en funciones del Alto Tribunal para efecto de la procedía de la vía ordinaria civil.
15.9 En ese sentido, solicita que la excepción de la vía se declare improcedente a efecto de no causar un mayor perjuicio a la economía procesal y seguridad jurídica. Además, sostiene que, en todo caso, la vía procedente es la prevista en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de acuerdo al procedimiento previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
EN CUANTO AL TEMA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES Y DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MATERIALES:
15.10 Aduce que tal como se hizo valer en la demanda inicial, la resolución que determina la rescisión administrativa del contrato base de la acción se encuentra signada, únicamente, por la Directora General de Recursos Materiales, la cual no cuenta con facultades para ello.
15.11 Además, sostiene que la demandada indebidamente pretende perfeccionar dicho acto al sostener que la recisión se encuentra basada en una sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, cuya acta fue desconocida por la actora.
15.12 Señala que dicha acta no se encontraba agregada al instructivo elaborado y entregado a la actora por la licenciada Ernestina Bejarano Alfonso, titular de la notaría pública 216 del Distrito Federal, ni mucho menos agregado al acta notarial donde consta la notificación del oficio DGRM/9533/2013.
15.13 En ese sentido, toda vez que la rescisión del contrato basal se firmó exclusivamente por la Directora General de Recursos Materiales, es procedente el argumento respecto de que dicha determinación contiene un vicio, pues le genera estado de indefensión a la actora el desconocimiento del acta de sesión y los argumentos íntegros del Comité.
15.14 La demandante incorporó otra serie de argumentos por los que cuestiona la rescisión del contrato SCJN/DGRM/DABC-077/12/2012, por lo que, en su concepto, procede la declaración de nulidad de la rescisión del contrato contenida en el oficio DGRM/9533/2013.
15.15 Por otra parte, insiste en que el argumento de improcedencia resulta infundado, toda vez que la materia del asunto, ya sea civil o administrativo, no es obstáculo para el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, en virtud de que corresponde al Tribunal Pleno resolverlo. En todo caso, la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no distingue entre materia civil o administrativa, sino prevé como hipótesis, la determinación de recisión de un contrato administrativo celebrado entre la Suprema Corte y un particular, sin perjuicio de que se demanden entre otras prestaciones, algunas de carácter civil, pues atendiendo a la continencia de la causa, éstas deberán resolverse en un mismo procedimiento para evitar resoluciones contradictorias.
EN CUANTO AL TEMA DE FLEXIBILIZAR LO PROCESAL Y PRIVILEGIAR LO SUSTANTIVO: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
15.16 Argumenta que en el presente conflicto, no se encuentra establecido en la ley el procedimiento exactamente aplicable, por lo que la actora, -inicialmente- fundamentó su reclamo inter alia como "controversia a que se refiere la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación" sin que expresamente se indicara nombre ni vía intentada, lo cual no excusa a los juzgadores de conocer y resolver el procedimiento jurisdiccional, toda vez que para un juzgador se avoque al conocimiento de la causa, no es necesario ejercer la acción mediante el uso de fórmulas solemnes, como la designación del nombre correcto de la misma, sino que es suficiente que se formule claramente el alcance de la petición, lo que lleva al juez a determinar si se actualizan las hipótesis normativas que producen consecuencias de derecho pretendidas.
15.17 En ese sentido, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte previno a la actora -mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce- a efecto de aclarar ciertas situaciones, y posteriormente, determinó que la vía correspondiente era la Ordinaria Civil Federal, sin que para ello expresara razonamiento alguno para sustentar que a partir del desahogo de la prevención se ejerció una acción diversa a la originalmente planteada (controversia prevista en la fracción XX, del artículo 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).
15.18 De ahí que, toda vez que se dio de baja la controversia 1/2014 y se dio lugar al juicio ordinario civil federal 3/2014, dicha forma de proceder de la Suprema Corte motivó que la actora tramitara los demás juicios en la vía ordinaria civil federal. En ese sentido, la actora considera que se ha cumplido con los requisitos procesales, incluida la vía, y corresponde al juzgador observar el acceso a la jurisdicción a efecto de obtener una tutela judicial efectiva en virtud de que se está frente a una norma que no prevé expresamente el supuesto normativo procesal aplicable, por lo que es éste quien debe realizar una interpretación flexible en aras del equilibrio, seguridad jurídica y justicia.
15.19 Además añade que, la actora ha intentado dos vías distintas (la controversia prevista en la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Juicio Ordinario Civil Federal), lo que se podría traducir en inseguridad jurídica así como la transgresión al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el presente procedimiento no resulta sencillo por las complicaciones que el sistema jurídico mexicano establece para su formal admisión y accesibilidad.
15.20 Alega que tampoco puede considerarse como un recurso rápido en virtud de que han existido dilaciones, ni tampoco podría considerarse efectivo, atendiendo a la posibilidad real de acceder al mismo, independientemente de la existencia formal del recurso, en caso de que resulte ilusiorio. Como fundamento de ello, citó los casos Ivcher Bronstein Vs. Perú y Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
15.21 Solicita que en caso de que el Alto Tribunal considere que la vía correcta es una distinta a las intentadas, se reencause el asunto, toda vez que la vía es un presupuesto procesal subsanable por el juzgador, en atención al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, así como los principios de proporcionalidad, in dubio pro actione y al de conservación de las actuaciones. En su opinión, de lo contrario, equivaldría a considerar la vía como un formalismo rigorista totalmente incompatible con el orden jurídico nacional en materia de derechos humanos.
EN CUANTO AL RECURSO INNOMINADO, INCONFORMIDAD O CUALQUIER OTRO DIVERSO:
15.22 Alegó que si bien el Título Octavo del Acuerdo General de Administración VI/2008 no establece de manera expresa el recurso o medio de impugnación que proceda en contra de actos como la determinación de la rescisión de un contrato celebrado con el Máximo Tribunal del país, ello no repercute en la procedencia de la vía intentada.
15.23 Sostuvo que si bien, fue el Alto Tribunal el que determinó la procedencia del Juicio Ordinario Civil Federal, la recisión del contrato base de la acción, en un acto aparentemente administrativo, tiene causas que parten de la interpretación del cumplimiento de obligaciones derivadas de dicho contrato, respecto del cual no existe ordenamiento específicamente aplicable a los contratos administrativos, por lo que es procedente aplicar supletoriamente las disposiciones de derecho civil.
15.24 En esa misma línea, sostiene que si el Tribunal Pleno considera que estamos ante un caso administrativo, la excepción de improcedencia de la vía resultará fundada respecto de la revocación de la rescisión administrativa, no así de las demás prestaciones que pertenecen al ámbito civil, y en atención al principio de indivisibilidad de las sentencias y continencia de la causa, no podrán iniciarse procedimientos distintos para resolverlas.
15.25 Destaca que es incorrecto el argumento que sostiene la demandada en el sentido de que no existe un medio de defensa para combatir la rescisión administrativa de un contrato celebrado con la Suprema Corte, toda vez que existen por lo menos dos vías posibles.
15.26 Incluso, sostiene que el Recurso de Inconformidad no es aplicable toda vez que no se está frente a un acto del procedimiento o fallo en el procedimiento de licitación.
POR LO QUE HACE AL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA A LOS ASUNTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN XX, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:
15.27 Insiste en que el Tribunal Pleno ha resuelto que la promoción de las controversias previstas en la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no está sujeta a plazo determinado. Citó el criterio de rubro: "CONTROVERSIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN XX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PROMOCIÓN NO ESTÁ SUJETA A UN PLAZO DETERMINADO."(9)
15.28 Finalmente solicita que se aplique el principio pro actione para poder garantizar las condiciones de acceso a la justicia.
16. Por razón de método y en atención a las manifestaciones expresadas por ambas partes, su estudio se hará a partir de interrogantes que comprenden, primero, aspectos generales atinentes a la procedencia de la vía y, a partir de ello, se atenderá a las particularidades del caso. En ese tenor, para la resolución del asunto se dará respuesta a las siguientes preguntas:
- Por regla general, ¿cuál es la vía procedente para impugnar la rescisión administrativa de contratos de adquisiciones del sector público?
- Tratándose de los contratos de adquisición celebrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Cuál es el marco normativo que los regula?
- Las normas aplicables a los contratos de adquisición celebrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿disponen una vía judicial específica para dilucidar las controversias derivadas de los acuerdos celebrados por este Alto Tribunal?
- ¿Del contenido del Acuerdo General VI/2008, puede colegirse que se impone el mismo criterio que rige para el resto del sector público, en el sentido de que la vía procedente para reclamar la nulidad de la rescisión unilateral es la administrativa?
PRIMERA INTERROGANTE: Por regla general, ¿cuál es la vía procedente para impugnar la rescisión administrativa de contratos de adquisiciones del sector público?
17. Previamente a dar respuesta a esa pregunta, es importante destacar que la vía constituye uno de los requisitos para que el juez pueda proveer de fondo o mérito y resolver si el demandante tiene o no el derecho pretendido, y el demandado, la obligación que se le imputa. La vía procesal adecuada, significa s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80159-1be30e05/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. AL DECLARARSE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ÉSTE, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AQUELLOS DERIVADOS DE AQUÉL SIGUEN LA SUERTE DEL PRINC (I.12o.C.108 C (10a.))
- GASTOS FINANCIEROS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDE SU PAGO RESPECTO A LAS PENAS CONVENCIO (I.1o.A.183 A (9a.))
- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONSECUENCIAS PATRIMONIALES DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (I.3o.C.175 C (10a.))
- GASTOS FINANCIEROS. SU PAGO NO ES CONSECUENCIA DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.- (40)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis