Sin rubro
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 318/2015. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, CON RESERVA SOBRE EL GRADO DE PROFUNDIDAD DEL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS RESPECTIVAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión administrativa identificado al rubro; y
PRIMERO. Interposición del recurso. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal el nueve de noviembre de dos mil quince, **********, participante en el Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, interpuso revisión administrativa contra los actos que a continuación se indican:
"1) La resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiocho de octubre de dos mil quince, por medio de la cual dio a conocer la Lista de Participantes que en el Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, Sede Mérida, Yucatán, pasan a la Segunda Etapa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de octubre siguiente.
2) Los resultados de la primera etapa del Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, Sede Mérida, Yucatán, publicados tanto en la pantalla electrónica del Instituto de la Judicatura Federal, como en cualquier otro medio de comunicación oficial.
3) El cuestionario a que se refiere el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y aplicado en la primera etapa del Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, Sede Mérida, Yucatán; específicamente, en las preguntas que serán materia de agravio.
4) El sistema de selección o evaluación utilizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los participantes que pasaron a la segunda etapa del Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito, Sede Mérida, Yucatán, con relación al suscrito".
SEGUNDO. Auto admisorio y trámite. Con motivo de la recepción del informe rendido por el Consejero de la Judicatura Federal **********, del recurso de revisión administrativa, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, el Ministro Presidente en funciones de este Alto Tribunal tuvo por admitido el medio de defensa, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir, registrándolo con el número 318/2015; se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente y se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que remitiera otras mencionadas por aquél.
Por otra parte, en el acuerdo señalado se tuvo por rendido el informe del Consejo de la Judicatura Federal, también se admitieron las pruebas que se acompañaron a aquél y se dio vista al promovente con los documentos de mérito para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniese; finalmente, se determinó que los autos fueran turnados, para su estudio, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Mediante auto de quince de febrero de dos mil dieciséis se declaró precluido el derecho de la inconforme para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el informe rendido y las pruebas exhibidas por el Consejo de la Judicatura Federal por escrito de doce de noviembre de dos mil quince; asimismo, se tuvo por recibido el oficio número ********** signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con el que dio cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo admisorio, remitiendo las pruebas solicitadas y con las cuales se ordenó dar vista al recurrente, para lo cual podía acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclarando "que el plazo fijado transcurrirá a partir del primer día en el que materialmente tenga acceso a dicha consulta, en la inteligencia de que ese plazo iniciará a más tardar el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis"; o bien, ingresar a la página de intranet de este Alto Tribunal.
El once de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al promovente desahogando la vista ordenada en auto de quince de febrero de dos mil dieciséis; asimismo, se tuvieron por interpuestas la primera y segunda ampliaciones de agravios hechas valer por el recurrente, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir, con las cuales se ordenó dar vista al Consejo de la Judicatura Federal.
En proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis se tuvo por presentado el informe rendido por el Consejero de la Judicatura Federal **********, relativo a la primera y segunda ampliaciones de agravios formuladas por el recurrente, por lo que también se mandó dar vista a este último con dicho informe.
Por auto de once de abril de dos mil dieciséis, se tuvo al promovente desahogando la vista ordenada en proveído de veintinueve de marzo del año en curso; asimismo, se ordenó dar vista a las personas que fueron favorecidas con las resoluciones impugnadas, con las constancias que integran el expediente, para que alegaran lo que a su derecho conviniera.
Finalmente, por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciséis se determinó precluido el derecho de los terceros interesados, sin que hubieren realizado manifestación alguna; razón por la cual, al considerar que no existía pendiente ningún otro trámite por desahogar, se ordenó enviar el asunto a la Comisión 83 denominada "Concursos del Vigésimo Segundo al Vigésimo Séptimo para la designación de Jueces de Distrito" cuyo Ministro responsable es el Ministro Alberto Pérez Dayán, en debido acatamiento a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de ocho de febrero de dos mil dieciséis, para los efectos legales conducentes.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero y quinto, así como 100, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122 y 123, fracción I, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Punto Segundo, fracción X y XVII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de diversos actos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales se estima que se requiere su intervención, dada la trascendencia de las resoluciones impugnadas.
SEGUNDO. Procedencia, legitimación y oportunidad del recurso de la revisión. El presente recurso de revisión administrativa es procedente y la parte recurrente se encuentra legitimada, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que impugnó la lista de participantes que accedieron a la segunda etapa del Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, por haber sido excluido de ésta.
Son aplicables en el caso a estudio las tesis aisladas números P.XXXI/97 y P.XXIV/99, de rubros y textos siguientes:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los medios de defensa, por regla general, se encuentran previstos respecto de las personas que sean afectadas en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad. De acuerdo con ello, al contemplar el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión administrativa, entre otros casos, en contra de las resoluciones sobre designación de Jueces de Distrito y dar legitimación para promoverlo, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a quienes participaron en el concurso, debe inferirse que ello se circunscribe a la afectación de los intereses jurídicos de los mismos, a saber, que no fueron favorecidos por la designación, considerando tener derecho a ello respecto de los designados, sin que proceda interponer ese medio de defensa cuando no se produce esa afectación".(1)
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO INTENTADO POR UN ASPIRANTE QUE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. Como el recurso de revisión administrativa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la designación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, resulta procedente el promovido por el aspirante que hubiese sido rechazado y no pudo continuar con la segunda etapa del concurso de oposición interno, pues de otra manera se podría dar lugar a que en una eliminación primaria se negara el acceso al concurso a los funcionarios que cumplieran con todos los requisitos exigidos, sin base para ello, impidiéndoles indefinidamente el ascenso que buscan, sin darles oportunidad de defenderse".(2)
El recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a lo siguiente:
• La lista de participantes que accedieron a la segunda etapa en el Vigésimo Quinto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de octubre de dos mil quince.
• Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es el martes tres de noviembre siguiente, de conformidad con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado.
• Conforme a lo anterior, el plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para promover el recurso de revisión administrativa, transcurrió del miércoles cuatro al martes diez de noviembre de dos mil quince.
• Se deben descontar de dicho cómputo, por ser inhábiles, el sábado siete y domingo ocho de noviembre de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• Por tanto, si el recurso de revisión administrativa se presentó en la Oficialía de Partes y Certificación del Consejo de la Judicatura Federal el nueve de noviembre de dos mil quince, resulta claro que fue oportuna su presentación.
Es aplicable al respecto la tesis aislada P.VIII/99 cuyo rubro y texto son
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen".(3)
TERCERO. Oportunidad y legitimación de la primera y segunda ampliaciones de agravios. También fue oportuna la presentación de los escritos, mediante los cuales el recurrente amplió sus agravios, por lo siguiente:
• Las ampliaciones de agravios se hicieron en relación con el acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciséis, con el que se le dio vista con el informe y las pruebas exhibidas por el Consejo de la Judicatura Federal, el cual le fue notificado personalmente por conducto de su autorizado, el veinticinco de ese mismo mes y año.
Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 41/2012 (10ª), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DE DATOS NOVEDOSOS CON MOTIVO DEL INFORME QUE RINDA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL." el plazo para presentar el escrito de ampliación de agravios es de cinco días hábiles, siguientes al en que se tenga conocimiento de datos novedosos.
En esta tesitura, para combatir los hechos novedosos que se le dieron a conocer, el plazo de mérito trascurrió del viernes veintisiete de febrero al jueves cinco de marzo de dos mil dieciséis, debiéndose descontar de dicho cómputo, por ser inhábiles, el sábado veintiocho de febrero y domingo uno de marzo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Consecuentemente, si el recurrente presentó los escritos de la primera y segunda ampliación de agravios el dos y cuatro de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta oportuna su promoción.
Finalmente, quien suscribe los ocursos de ampliación es el propio revisionista, cuya legitimación ya fue reconocida con anticipación.
CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es necesario hacer un breve relato de sus antecedentes, los cuales son:
Ver antecedentes
QUINTO. Agravios. En el recurso de revisión administrativa, primera y segunda ampliación de agravios, la parte recurrente formuló, en esencia, los agravios que enseguida se sintetizan de acuerdo a la metodología con la que se estudiará más adelante el asunto.
1. Agravio en el que se controvierte la validez del concurso bajo diversas perspectivas. La parte recurrente, aduce que se violan los derechos de fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque conforme a la citada valoración, no es posible jurídicamente considerar válido un examen en el que más del cincuenta por ciento de los reactivos presentó diversas irregularidades, toda vez que genera un estado de incertidumbre, al desconocerse cuáles reactivos pudieran considerarse correctos a apreciación de las autoridades del Consejo. Que, además, con ello no se logran los objetivos de imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo que se busca en los juzgadores de Distrito, por lo que lo correcto era que se hubiera declarado nulo todo el cuestionario.
2. En sus argumentos controvierte la fundamentación y motivación que originó la determinación de revaluación. Aduce que se infringe el artículo 16 de la Constitución Federal, ante los siguientes eventos:
• La resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de octubre de dos mil quince, no precisa cuáles fueron los parámetros que sirvieron de base para determinar "que dichas personas" fueron las que obtuvieron la calificación requerida para pasar a la segunda etapa y continuar con el concurso de mérito, lo que deja en estado de indefensión al promovente.
• En la mencionada resolución de veintiocho de octubre de dos mil quince no se expusieron las razones y fundamentos de derecho por los cuáles se consideró procedente la aprobación de la propuesta presentada por la Comisión de Carrera Judicial, con relación a la modificación de los reactivos del cuestionario relativo, ni la valoración de los cien reactivos.
a) Agravio en contra de la disminución de los 100 reactivos requeridos. Aduce que al haber sido declarado nulos veintiséis reactivos, debió hacerse la recalificación partiendo de la base de los setenta y cuatro reactivos como el cien por ciento y así promediar los aciertos de los participantes; ya que la forma en que se hizo "privilegió a los que tuvieron la fortuna de equivocarse en esos reactivos, sin tener ninguna base objetiva", debido a que quienes tuvieron una calificación menor a setenta y cinco puntos, con la recalificación obtuvieron una calificación superior que les permitió pasar a la segunda etapa.
b) Agravio en el que se aduce violación al principio de igualdad con relación a los que no pasaron desde un inicio a la segunda etapa. Alega que se vulneró el derecho de igualdad previsto en el artículo 1° constitucional y que existe un trato discriminatorio en su contra, debido a que los parámetros de calificación no fueron iguales para todos. Que es así, ya que si los participantes que se encuentran en la lista impugnada y que se ubicaban en una misma situación que él, inicialmente obtuvieron una calificación inferior a ochenta y cinco y, con posterioridad, con motivo de una "revaluación", derivada de la anulación de diversas preguntas, obtuvieron la calificación requerida para pasar a la segunda etapa, resulta discriminatorio que el recurrente haya mantenido la misma calificación, máxime que al haber habido una eliminación de preguntas, el porcentaje que debió servir de base para la nueva evaluación resultó inferior, ya que el cien por ciento ya no se establece sobre las cien preguntas y, además, porque tampoco podrían eliminarse las respuestas que acertó, toda vez que respecto de la persona que obtuvo una calificación superior a ochenta y cinco puntos, se respetó su calificación de la primera evaluación.
3. Agravios en relación con las pruebas aportadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Señala que en las pruebas con que se le dio vista, se advierte que el Instituto ya había determinado que 44 personas pasarían a la segunda etapa y que, de acuerdo con la tabla de calificaciones, él ocupó el lugar 44, sin que hubiera sido llamado a presentar el examen de la segunda etapa. Que, por tanto, hay una completa inequidad y falta de fundamentación y motivación, ya que eso tenía que haberse respetado, máxime que en los otros concursos sí se respetó dicha tabla.
4. Se aducen manifestaciones en contra de la evaluación de los reactivos que se llevó a cabo por 1era vez por el Instituto de la Judicatura Federal (antes de la revaluación del Consejo de la Judicatura Federal) y después de la revaluación. Expone que en cuanto a los reactivos 6, era confuso y que también era correcta la respuesta "de oficio" (opción a); 25, era confuso; 46, que la opción correcta era el inciso "a)"; 63, era confuso y la primera y tercera opciones (a y c) eran correctas; 74, era confuso y también era correcta la opción "b)"; respecto a las preguntas 78 y 91 privilegian la memorización; en relación con los reactivos 87 y 94, aduce que las preguntas y respuestas no son claras ni precisas, ya que tienden a ofuscar la memoria y confundir al participante.
Aduce que de los medios de convicción ofrecidos por el Consejo de la Judicatura Federal se desprende que fueron anulados los reactivos 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29, 37, 56, 57, 67, 71, 77, 78, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99 y100 y que, en relación con ello, del cuestionario que contiene los reactivos anulados y las respuestas con la justificación, se advierte que el recurrente contestó correctamente las preguntas 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29, 37, 57, 67, 71, 77, 81, 90, 92, 93, 99 y 100, de manera que la anulación por los motivos expresados por el Consejo de la Judicatura Federal no debe pararle perjuicio al promovente.
SEXTO. Precisión. Es importante precisar que las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el presente medio de impugnación consisten en revisar si la forma en que el Consejo de la Judicatura Federal establece los procedimientos y evaluación de los participantes de los concursos de oposición, así como las determinaciones que lleve a cabo durante el desarrollo de esos certámenes, se ajusta a los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus Acuerdos Generales, los cuales derivan, pormenorizan y complementan las disposiciones de los ordenamientos jurídicos citados en primer término, puesto que todo este marco normativo no sólo es vinculante para los concursantes, sino también para el propio Consejo.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"CARRERA JUDICIAL. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL APLICAR LO RELATIVO A ESE SISTEMA, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE SE REFIERE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. Conforme a los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano especializado, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la atribución exclusiva de aplicar lo relativo al sistema de carrera judicial en los términos fijados por la Ley Orgánica de dicho Poder, para lo cual nombrará y adscribirá a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca dicha Ley, la cual le confiere la atribución de que, según las necesidades imperantes y que dicho órgano, por su propia naturaleza y facultades, conoce, establezca esos criterios. Así, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mencionado Consejo tiene la atribución de emitir la convocatoria de los concursos para la designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, lo que implica que en su ejercicio tiene la libertad de fijar los requisitos que aquélla contendrá, en la inteligencia de que deben ser afines a los principios constitucionales rectores de la carrera judicial, con las bases previstas por la ley para su procedimiento y de acuerdo a los requisitos inherentes a la persona que, para ocupar tales cargos, prevé la propia Ley Orgánica, así como para decidir en qué momento se requiere realizar tales convocatorias, conforme a las necesidades imperantes en determinada época, las plazas a cubrir, etcétera, y además, tiene la atribución de efectuar los procedimientos necesarios para la ratificación de los Magistrados y Jueces Federales, así como la vigilancia de su correcta labor y, en su caso, de seguir los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones correspondientes."(4)
Cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 122, dispone que el recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.
Lo cual es relevante puesto que el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para para verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que incidan en el mecanismo mediante el cual se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito estén apegadas al marco normativo aplicable.
Lo expuesto con antelación, se ve reflejado en la tesis P. XXI/96, que a la letra dice:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. "El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma".(5)
En virtud de lo anterior, es menester resaltar que este Alto Tribunal ejercerá sus facultades tomando en cuenta las pruebas afectas a los expedientes que se encuentran localizables en el repositorio denominado "Sistema de consulta de medios de prueba ofrecidos por el CJF en relación con los concursos: 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º".
SÉPTIMO. Análisis del agravio en el que se controvierte la validez del concurso bajo diversas perspectivas. En este apartado se analizan en conjunto aquellos agravios en los que se aduce lo siguiente:
a) Se combate el cuestionario en el sentido de que no es posible jurídicamente considerar válido un examen en el que más del cincuenta por ciento de los reactivos presentó diversas irregularidades y, por lo cual, debe declararse nulo.
b) Se controvierte la fundamentación y motivación que originó la determinación de revaluación, puesto que no precisa cuáles fueron los parámetros que sirvieron de base para determinar que las personas que pasaron a la segunda etapa fueron las que obtuvieron la calificación requerida para ello; además de que no se expusieron las razones y fundamentos de derecho por los cuáles se consideró procedente la aprobación de la propuesta presentada por la Comisión de Carrera Judicial, con relación a la modificación de los reactivos del cuestionario relativo.
c) Se aduce que se transgrede el principio de igualdad con relación a los que no pasaron desde un inicio a la segunda etapa, pues no existe justificación para que a ellos se les dé un trato diferente al respetar su examen.
De la lectura del planteamiento identificado en el inciso a), se puede observar que la idea central del argumento es cuestionar la validez del concurso con la finalidad de que se declare nulo o desierto; sin embargo, el motivo que al efecto aduce, el Pleno de este Alto Tribunal considera que conforme a lo pretendido, deviene jurídicamente ineficaz, por las razones que a continuación se exponen.
La finalidad del recurso de revisión, es privilegiar que los mecanismos mediante los cuales se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito se encuentren apegados al marco normativo aplicable y la pretensión esencial del recurrente al interponer el presente medio de defensa consiste en que de ser fundados los argumentos planteados, se le permita acceder a la segunda etapa del concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito.
Entre los derechos que se deben privilegiar en favor de los recurrentes, se encuentran los derechos adjetivos, que se conforman a través de diversos principios procesales; en ellos se prevé, entre otros, que a través de la interposición del medio de defensa no se perjudique a la parte recurrente.
En efecto, atento al principio general de derecho "non reformatio in peius", el juzgador tiene como obligación, al analizar un agravio, el que del estudio realizado no se actualice como resultado una situación más perjudicial para el inconforme; supuesto ante la cual, el medio de defensa en cuestión, con independencia de que pudiera resultar fundado, no sería procedente su análisis si con motivo de ello se le causara un perjuicio mayor, puesto que tal situación resultaría contraria al mencionado principio jurídico.
Así, el recurso de revisión administrativa no es excepción a lo asevera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80206-26495d01/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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