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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 354/2015 · Registro digital (IUS): 80201
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Versión electrónica, Pág. 2.

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 354/2015. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos de la revisión administrativa identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Interposición del recurso. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio del Consejo de la Judicatura Federal el diez de noviembre de dos mil quince, **********, participante en el Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Toluca, Estado de México, interpuso revisión administrativa contra los actos que a continuación se indican:

"a) La Convocatoria a los concursos internos de oposición para la designación de Jueces de Distrito: Vigésimo Segundo sede Ciudad de México, Distrito Federal; Vigésimo Tercero sede Toluca, Estado de México; Vigésimo Cuarto sede Zapopan, Jalisco; Vigésimo Quinto sede Mérida, Yucatán; Vigésimo Sexto sede Monterrey, Nuevo León y Vigésimo Séptimo sede Tijuana, Baja California, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dos de septiembre de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de septiembre siguiente.

b) El cuestionario aplicado el diecinueve de octubre de dos mil quince, correspondiente a la primera etapa del citado concurso.

c) La resolución aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de octubre de dos mil quince y publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre siguiente, que contiene la Lista de Participantes que en el Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito sede Toluca, Estado de México, pasan a la segunda etapa.

d) El acta circunstanciada de veintisiete de octubre de dos mil quince, que contiene la determinación de la Comisión de Carrera Judicial, por medio de la cual determinó someter a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la 'modificación' de los reactivos del cuestionario relativo a la primera etapa y elaboró la lista de las personas que pasan a la siguiente etapa.

e) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de calificaciones y el número de código de barras de todos los aspirantes que participaron en la primera etapa del Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito sede Toluca, Estado de México, como lo establece el punto DECIMOCTAVO, numeral 5, de la convocatoria señalada en el inciso a) inmediato anterior."

SEGUNDO. Auto admisorio y trámite. Con motivo de la recepción del informe rendido por el Consejero de la Judicatura Federal J. Guadalupe Tafoya Hernández y del recurso de revisión administrativa, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, el Ministro Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por admitido el medio de defensa, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir, registrándolo con el número 354/2015; se admitieron las pruebas ofrecidas por el recurrente y se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que remitiera otras mencionadas por aquél; asimismo, se tuvo por rendido el informe del citado Consejo y se admitieron las pruebas ofrecidas por éste, con las que se ordenó dar vista al promovente para que manifestara lo que a su derecho conviniera; finalmente, se determinó que los autos fueran turnados, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis se declaró precluido el derecho de la parte recurrente, entre otra cuestión, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el informe inicial y las pruebas exhibidas por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se recibió el oficio número ********** signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con el que dio cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo admisorio, remitiendo las pruebas solicitadas y con las cuales se ordenó dar vista a la parte recurrente, para lo cual podía acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclarando que el plazo para desahogar la vista respectiva, "iniciará a más tardar el siete de marzo de dos mil dieciséis"; o bien, ingresar a la página de intranet de este Alto Tribunal.

El quince de abril de dos mil dieciséis, se informó que el recurrente no ejerció su derecho en relación con la vista otorgada de las pruebas relacionadas con el concurso visibles en la oficina de la Actuaría de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal y en el repositorio denominado "Sistema de consulta de medios de prueba ofrecidos por el CJF en relación con los concursos; 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º"; y, se ordenó dar vista mediante rotulón a los terceros interesados, a fin de que estuvieran en posibilidad de alegar, dentro del plazo de cinco días, lo que a su derecho conviniera.

Finalmente, por acuerdo de diez de mayo de dos mil dieciséis, se determinó precluido los derechos de los terceros interesados, sin que hubieren realizado manifestación alguna; razón por la cual, al considerar que no existía pendiente ningún otro trámite por desahogar, se ordenó enviar el asunto a la Comisión 83 denominada "Concursos del Vigésimo Segundo al Vigésimo Séptimo para la designación de Jueces de Distrito" cuyo Ministro responsable es el Ministro Alberto Pérez Dayán, en debido acatamiento a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de ocho de febrero de dos mil dieciséis, para los efectos legales conducentes.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero y quinto, así como 100, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2°, 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122 y 123, fracción I, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Punto Segundo, fracción X y XVII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de diversos actos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales se estima que se requiere su intervención, dada la trascendencia de las resoluciones impugnadas.

SEGUNDO. Procedencia, legitimación y oportunidad del recurso de la revisión. El presente recurso de revisión administrativa es procedente y la parte recurrente se encuentra legitimada, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se impugnó la lista de participantes que accedieron a la segunda etapa del Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Toluca, Estado de México y fue excluido de ésta.

Son aplicables en el caso a estudio las tesis aisladas números P.XXXI/97 y P.XXIV/99, de rubros y textos siguientes:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los medios de defensa, por regla general, se encuentran previstos respecto de las personas que sean afectadas en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad. De acuerdo con ello, al contemplar el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión administrativa, entre otros casos, en contra de las resoluciones sobre designación de Jueces de Distrito y dar legitimación para promoverlo, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a quienes participaron en el concurso, debe inferirse que ello se circunscribe a la afectación de los intereses jurídicos de los mismos, a saber, que no fueron favorecidos por la designación, considerando tener derecho a ello respecto de los designados, sin que proceda interponer ese medio de defensa cuando no se produce esa afectación".(1)

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO INTENTADO POR UN ASPIRANTE QUE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. Como el recurso de revisión administrativa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la designación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, resulta procedente el promovido por el aspirante que hubiese sido rechazado y no pudo continuar con la segunda etapa del concurso de oposición interno, pues de otra manera se podría dar lugar a que en una eliminación primaria se negara el acceso al concurso a los funcionarios que cumplieran con todos los requisitos exigidos, sin base para ello, impidiéndoles indefinidamente el ascenso que buscan, sin darles oportunidad de defenderse".(2)

El recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a lo siguiente:

• La lista de participantes que accedieron a la segunda etapa en el Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Toluca, Estado de México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de octubre de dos mil quince.

• Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es el martes tres de noviembre siguiente, de conformidad con en el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado;

• Conforme a lo anterior, el plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para promover el recurso de revisión administrativa, transcurrió del miércoles cuatro al martes diez de noviembre de dos mil quince.

• Se deben descontar de dicho cómputo, por ser inhábiles, el sábado siete y domingo ocho de noviembre de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Por tanto, si el recurso de revisión administrativa se presentó en la Oficialía de Partes y Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, el diez de noviembre de dos mil quince, resulta claro que fue oportuna su presentación.

Es aplicable al respecto la tesis aislada P.VIII/99 cuyo rubro y texto son

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen".(3)

TERCERO. Antecedentes. Para una mejor comprensión de la exposición, es necesario hacer un breve relato de los antecedentes del asunto.

Ver antecedentes

CUARTO. Agravios. En el recurso de revisión administrativa, el recurrente formuló, en esencia, los agravios que se sintetizan a continuación, de acuerdo a la metodología con la que se estudiará más adelante el presente asunto:

1. Agravios en los que se aduce que el Punto Decimoprimero de la Convocatoria impugnada viola el principio de subordinación jerárquica, porque excede lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer en ochenta y cinco puntos el parámetro para definir las más altas calificaciones. Aduce que el Punto Decimoprimero de la Convocatoria impugnada viola el principio de subordinación jerárquica, porque excede lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que establece que sólo pasarán quienes hayan obtenido las "ochenta" más altas calificaciones que no podrán ser menor a ochenta y cinco puntos, no obstante que la citada ley orgánica no establece o fija en ochenta y cinco puntos el parámetro para definir las más altas calificaciones.

Que por tanto la convocatoria es ilegal, debido a que, en el caso, los 30 participantes que accedieron a la segunda etapa del concurso en cuestión, no representa en realidad a quienes obtuvieron las más altas calificaciones, ya que en la parte considerativa de la resolución mediante la cual se determinó la lista de participantes que en el Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito sede Toluca, Estado de México, en lugar de determinar que pasaban a la segunda etapa del concurso las cuarenta personas con las más altas calificaciones, entre las cuales se encontraba el recurrente, pero que no se pude demostrar en el momento, ya que el Instituto no publicó la lista de calificaciones de todos los participantes.

Que no pasa inadvertido lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica en cita, ya que el derecho que tiene el Consejo para fijar un mínimo aprobatorio debe interpretarse en el sentido de que éste no sea un obstáculo, para que en el supuesto de que no se obtenga la puntuación mínima, lo procedente es que pasen a la segunda etapa las cuarenta calificaciones más altas.

2. Agravio encaminado a combatir la legalidad de la base de preguntas de la que deriva el cuestionario. Señala que, a reserva de hacer un agravio concreto una vez que conozca con certeza las respuestas que se calificaron como "no aciertos", el banco de preguntas con el que se elaboró el examen relativo a la primera etapa del concurso impugnado, no se ajustan a lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 9/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que influyó en la calificación del recurrente.

3. Agravios en los que se controvierte la validez del concurso bajo diversas perspectivas. La parte recurrente, aduce diversos razonamientos por los que considera que el concurso adolece de serias irregularidades que afectan su validez. Sus motivos son de diversa índole, los cuales se indican a continuación:

a) En sus argumentos controvierte la fundamentación y motivación que originó la determinación de revaluación. Considera que la resolución aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de octubre de dos mil quince, es contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, al dejarlo en estado de indefensión debido a que no explica el procedimiento en que se basó para la modificación de los reactivos del cuestionario respectivo y menos aún explica los motivos y razones o causas, así como el procedimiento para determinar a los treinta participantes que al realizarse la modificación de los reactivos obtuvieron las calificaciones más altas.

Que en el caso, solamente diez personas sacaron una calificación igual o mayor a ochenta y cinco puntos y en vez de declarar la deserción del concurso, modificó o eliminó reactivos, mediante un procedimiento que no explicó ni hizo público el Consejo, sino que determinó en forma unilateral las personas que pasaban a la segunda etapa del concurso, sin respetar la puntuación mínima de ochenta y cinco que fijó en la convocatoria.

b) Agravios en los que se aduce violación al principio de igualdad relacionado con la lista de los participantes que pasaron a la segunda etapa de los concursos internos de oposición para Jueces de Distrito. Aduce que se viola el derecho de igualdad, ya que no se tomaron en cuenta las distintas circunstancias en las cuales se ubicaron los participantes del concurso, lo que exigía un tratamiento distinto y no generalizado; una de esas situaciones es la relativa a los participantes que no respondieron correctamente a los reactivos modificados y otra que corresponde a quienes pudieron haber contestado adecuadamente conforme a su formulación.

Estima que la decisión del Consejo es contraria al principio de proporcionalidad e igualdad jurídica, debido a que no resulta razonable la diferencia en el trato, porque no se justifica que una participante que originalmente tenía una condición reprobatoria pasara a una condición aprobatoria, en perjuicio de quien obtuvo una calificación superior a la suya desde un principio.

c) Se aduce que la lista de participantes que pasan a la segunda etapa del concurso interno de oposición carece de fundamentación y motivación. Que se violó el procedimiento del concurso de oposición, porque el Instituto omitió publicar en el Diario Oficial de la Federación, la lista de calificaciones y el número de código de barras de todos los aspirantes que participaron en la primera etapa del Vigésimo Tercer Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito sede Toluca, Estado de México, como lo establece el Punto Decimoctavo, numeral 5 de la convocatoria respectiva.

4. Argumentos en los que se plantean diversas cuestiones, de manera general, de la actuación del Consejo de la Judicatura Federal. Refiere la parte recurrente que al margen de la modificación, tenía un derecho adquirido a tener por correctas las respuestas dadas a los reactivos que fueron objeto de esa modificación, la cual no puede ser menoscabado o restringido por una decisión posterior, aunque provenga del propio Consejo de la Judicatura Federal, debido a que implicaría una aplicación en perjuicio del principio de retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Que esta circunstancia debe ser considerada para mejorar la calificación obtenida por el recurrente en la primera etapa pero no para disminuirla, por lo que la modificación no debe perjudicarle en atención al principio de interpretación más favorable que establece el artículo 1° constitucional.

QUINTO. Precisión. Es importante mencionar que las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el presente medio de impugnación consisten en revisar si la forma en que el Consejo de la Judicatura Federal establece los procedimientos y evaluación de los participantes de los concursos de oposición, así como las determinaciones que lleve a cabo durante el desarrollo de esos certámenes, se ajusta a los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus Acuerdos Generales, los cuales derivan, pormenorizan y complementan las disposiciones de los ordenamientos jurídicos citados en primer término, puesto que todo este marco normativo no sólo es vinculante para los concursantes, sino también para el propio Consejo.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"CARRERA JUDICIAL. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL APLICAR LO RELATIVO A ESE SISTEMA, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE SE REFIERE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. Conforme a los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano especializado, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la atribución exclusiva de aplicar lo relativo al sistema de carrera judicial en los términos fijados por la Ley Orgánica de dicho Poder, para lo cual nombrará y adscribirá a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca dicha Ley, la cual le confiere la atribución de que, según las necesidades imperantes y que dicho órgano, por su propia naturaleza y facultades, conoce, establezca esos criterios. Así, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mencionado Consejo tiene la atribución de emitir la convocatoria de los concursos para la designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, lo que implica que en su ejercicio tiene la libertad de fijar los requisitos que aquélla contendrá, en la inteligencia de que deben ser afines a los principios constitucionales rectores de la carrera judicial, con las bases previstas por la ley para su procedimiento y de acuerdo a los requisitos inherentes a la persona que, para ocupar tales cargos, prevé la propia Ley Orgánica, así como para decidir en qué momento se requiere realizar tales convocatorias, conforme a las necesidades imperantes en determinada época, las plazas a cubrir, etcétera, y además, tiene la atribución de efectuar los procedimientos necesarios para la ratificación de los Magistrados y Jueces Federales, así como la vigilancia de su correcta labor y, en su caso, de seguir los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones correspondientes."(4)

Cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 122, dispone que el recurso de revisión administrativa tendrá como objeto que la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

Lo cual es relevante puesto que el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que incidan en el mecanismo mediante el cual se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito estén apegadas al marco normativo aplicable.

Lo expuesto con antelación, se ve reflejado en la tesis P. XXI/96, que a la letra dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma".(5)

En virtud de lo anterior, es menester resaltar que este Alto Tribunal ejercerá sus facultades tomando en cuenta las pruebas afectas a los expedientes que se encuentran localizables en el repositorio denominado "Sistema de consulta de medios de prueba ofrecidos por el CJF en relación con los concursos: 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º".

SEXTO. Agravios en los que se aduce que el Punto Decimoprimero de la Convocatoria impugnada viola el principio de subordinación jerárquica, porque excede lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer en ochenta y cinco puntos el parámetro para definir las más altas calificaciones.

En este agravio, se alega que el Punto Decimoprimero de la Convocatoria impugnada viola el principio de subordinación jerárquica, porque excede lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que establece que sólo pasarán quienes hayan obtenido las "ochenta" más altas calificaciones que no podrán ser menor a ochenta y cinco puntos, no obstante que la citada ley orgánica no establece o fija en ochenta y cinco puntos el parámetro para definir las más altas calificaciones.

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los argumentos que anteceden son infundados, con base en las consideraciones que a continuación se precisan.

De los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la facultad de regular lo relativo a la carrera judicial, observando en todo momento los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los procedimiento y requisitos que establezca la ley.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en sus artículos 105 a 117 establece las bases para el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación y que se llevará a cabo mediante el sistema de carrera judicial y reitera que los principios que la regirán serán los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Concretamente el artículo 114 de la Ley Orgánica mencionada, en la parte que interesa, establece que:

"Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:

(...)

II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.

De entre el número total de aspirantes tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, asegurando que el número de los seleccionados sea mayor al de las plazas vacantes.

El Consejo de la Judicatura Federal, deberá establecer en la convocatoria respectiva, de manera clara y precisa, los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio para esta etapa dentro del concurso de oposición.

(...)".

En este orden de ideas, si se atiende a los datos que debe contener una convocatoria para un concurso interno de oposición para ocupar el cargo de Juez de Distrito previstos en el citado artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es posible advertir que tal disposición normativa, respecto del tema materia de estudio, constriñen a que aquélla contenga "de manera clara y precisa, los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio" que se considerará en esta primera etapa de selección del certamen de que se trate para que el aspirante se encuentre en posibilidad de pasar a la etapa de oposición.

En debido acatamiento a esa previsión legal, el citado Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil quince, la Convocatoria a los concursos internos de oposición para la designación de jueces de Distrito: Vigésimo Segundo sede Ciudad de México, Distrito Federal; Vigésimo Tercero sede Toluca, Estado de México; Vigésimo Cuarto sede Zapopan, Jalisco; Vigésimo Quinto sede Mérida, Yucatán; Vigésimo Sexto sede Monterrey, Nuevo León y Vigésimo Séptimo sede Tijuana, Baja California, en la que se advierte lo siguiente:

"DECIMOPRIMERO. De los concursantes que pasan a la Segunda Etapa. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 5 del propio Acuerdo General 9/2015, pasarán a la segunda etapa de cada concurso, en sus dos fases, quienes obtengan las 40 (CUARENTA) más altas calificaciones, que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80201-54cc7a5e/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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