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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 258/2015. · Registro digital (IUS): 80209
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Versión electrónica, Pág. 10.

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 258/2015. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión administrativa identificado al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Interposición del recurso. Por escrito presentado vía Servicio Postal Mexicano (Oficina de Correos de México-MexPost) con remisión a la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio del Consejo de la Judicatura Federal el nueve de noviembre de dos mil quince, **********, participante en el Vigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Monterrey, Nuevo León, interpuso revisión administrativa contra los actos que a continuación se indican:

"1.1. El Acuerdo General 9/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil quince.

1.2. El cuestionario y la evaluación correspondiente a la primera etapa de la Convocatoria al Vigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Monterrey, Nuevo León, aplicado en el Hotel Presidente Intercontinental de la propia sede, el diecinueve de octubre de dos mil quince.

1.3. La publicación de la lista de participantes que en la Convocatoria al Vigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Monterrey, Nuevo León, pasan a la segunda etapa, realizada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil quince".

SEGUNDO. Auto admisorio y trámite. Con motivo de la recepción del recurso de revisión administrativa, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, el Ministro Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por admitido el medio de defensa, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir, registrándolo con el número 258/2015; se tuvieron por ofrecidas las pruebas señaladas en el escrito de la parte recurrente y, por lo que hace al Consejo de la Judicatura Federal, se le requirió para que rindiera el informe justificado a que se refiere el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y para que remitiera las pruebas mencionadas por aquélla.

Asimismo, se determinó que los autos fueran turnados, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis se tuvo por presentado en tiempo y forma el informe del Consejo de la Judicatura Federal y se recibió el oficio número ********** signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con el que dio cumplimiento al requerimiento formulado en el acuerdo admisorio, remitiendo las pruebas solicitadas y con las cuales se ordenó dar vista a la parte recurrente, para lo cual podía acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclarando que el plazo para desahogar la vista respectiva, "iniciará a más tardar el quince de febrero de dos mil dieciséis"; o bien, ingresar a la página de intranet de este Alto Tribunal.

El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se informó que la parte recurrente no ejerció su derecho en relación con la vista otorgada de las pruebas relacionadas con el concurso visibles en la oficina de la Actuaría de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal y en el repositorio denominado "Sistema de consulta de medios de prueba ofrecidos por el CJF en relación con los concursos: 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º"; y, se ordenó dar vista mediante rotulón a los terceros interesados, a fin de que estuvieran en posibilidad de alegar, dentro del plazo de cinco días, lo que a su derecho conviniera.

Finalmente, por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se determinó precluido el derecho de los terceros interesados, sin que hubieren realizado manifestación alguna; razón por la cual, al considerar que no existía pendiente ningún otro trámite por desahogar, se ordenó enviar el asunto a la Comisión 83 denominada "Concursos del Vigésimo Segundo al Vigésimo Séptimo para la designación de Jueces de Distrito" cuyo Ministro responsable es el Ministro Alberto Pérez Dayán, en debido acatamiento a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de ocho de febrero de dos mil dieciséis, para los efectos legales conducentes.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero y quinto, así como 100, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XII, 11, fracción VIII, 122 y 123, fracción I, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Punto Segundo, fracciones X y XVII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que se trata de un recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de diversos actos del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales se estima que se requiere su intervención, dada la trascendencia de las resoluciones impugnadas.

SEGUNDO. Procedencia, legitimación y oportunidad del recurso de la revisión. El presente recurso de revisión administrativa es procedente y la parte recurrente se encuentra legitimada, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que impugnó la lista de participantes que accedieron a la segunda etapa del Vigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Monterrey, Nuevo León, por haber sido excluida de ésta.

Son aplicables en el caso a estudio las tesis aisladas números P.XXXI/97 y P.XXIV/99, de rubros y textos siguientes:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, los medios de defensa, por regla general, se encuentran previstos respecto de las personas que sean afectadas en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad. De acuerdo con ello, al contemplar el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión administrativa, entre otros casos, en contra de las resoluciones sobre designación de Jueces de Distrito y dar legitimación para promoverlo, el artículo 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a quienes participaron en el concurso, debe inferirse que ello se circunscribe a la afectación de los intereses jurídicos de los mismos, a saber, que no fueron favorecidos por la designación, considerando tener derecho a ello respecto de los designados, sin que proceda interponer ese medio de defensa cuando no se produce esa afectación".(1)

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO INTENTADO POR UN ASPIRANTE QUE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA ETAPA DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. Como el recurso de revisión administrativa tiene como objetivo garantizar la legalidad de la designación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia, resulta procedente el promovido por el aspirante que hubiese sido rechazado y no pudo continuar con la segunda etapa del concurso de oposición interno, pues de otra manera se podría dar lugar a que en una eliminación primaria se negara el acceso al concurso a los funcionarios que cumplieran con todos los requisitos exigidos, sin base para ello, impidiéndoles indefinidamente el ascenso que buscan, sin darles oportunidad de defenderse".(2)

El recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a lo siguiente:

• La lista de participantes que accedieron a la segunda etapa en el Vigésimo Sexto Concurso Interno de Oposición para la designación de Jueces de Distrito, con sede en Monterrey, Nuevo León, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de octubre de dos mil quince.

• Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, esto es el martes tres de noviembre siguiente, de conformidad con el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado.

• Conforme a lo anterior, el plazo de cinco días previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para promover el recurso de revisión administrativa, transcurrió del miércoles cuatro al martes diez de noviembre de dos mil quince.

• Se deben descontar de dicho cómputo, por ser inhábiles, el sábado siete y domingo ocho de noviembre de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• Por tanto, si el recurso de revisión administrativa se presentó vía Servicio Postal Mexicano (Oficina de Correos de México-MexPost) el nueve de noviembre de dos mil quince, resulta claro que fue oportuna su presentación.

Es aplicable al respecto la tesis aislada P.VIII/99, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es el ordenamiento supletorio para la tramitación del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, para determinar el momento en que surte sus efectos la notificación de la resolución administrativa que decreta la remoción de un Magistrado o Juez de Distrito, para efectos del cómputo respectivo de la oportunidad del recurso, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 321 del ordenamiento procesal citado, que establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practiquen".(3)

Cabe señalar que en la papeleta que se encuentra adherida al sobre en el que se presentó el ocurso, no obra fecha de recepción por parte del Servicio Postal Mexicano (Oficina de Correos de México-MexPost), empero, con base en la guía estampada en dicha papeleta "**********", en una búsqueda realizada en la página web de esa oficina (http://www.correosdemexico.gob.mx), se advierte que el escrito se presentó en la fecha antes apuntada, según se demuestra a continuación:

Ver número de guía

TERCERO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es necesario hacer un breve relato de sus antecedentes, los cuales son:

Ver antecedentes

CUARTO. Agravios. En el recurso de revisión administrativa, la parte recurrente formuló, en esencia, los agravios que enseguida se sintetizan de acuerdo a la metodología con la que se estudiará más adelante el asunto.

1. Agravio en el que se controvierte la validez del concurso bajo diversas perspectivas. La parte recurrente, aduce diversos razonamientos por los que considera que el concurso adolece de serias irregularidades que afectan su validez. Sus motivos son de diversa índole, los cuales se indican a continuación:

a) Se combate la legalidad del Acuerdo General 9/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El artículo 21, del Acuerdo General 9/2015 transgrede los artículos 97 y 100 constitucionales; 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de ejercicio 1/2006, de la facultad prevista en el artículo 100, párrafo octavo, de la Carta Magna, toda vez que permite la elaboración de preguntas que impliquen la memorización de textos legales, tesis de jurisprudencia o textos doctrinarios, al no señalar la prohibición expresamente; irregularidad que implica una medida regresiva.

Lo antes apuntado le genera afectación, toda vez que el cuestionario que resolvió, no verifica los conocimientos jurídicos sobre la materia por parte de los sustentantes, sino su capacidad de memorización.

b) En sus argumentos controvierte la fundamentación y motivación que originó la determinación de revaluación. Aduce que se infringe el artículo 16 de la Constitución Federal, ante los siguientes eventos:

• El punto 5 de la Convocatoria del concurso de mérito establece que la calificación obtenida no podrá ser modificada ni variada bajo ninguna circunstancia.

• El diecinueve de octubre de dos mil quince, al concluir el examen teórico, sólo tres participantes obtuvieron la calificación necesaria para acceder a la siguiente etapa del concurso.

• El treinta de octubre siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de las personas que pasaron a la segunda etapa, arrojando un total de cuarenta y cuatro personas.

De esa guisa, se transgrede el precepto constitucional antes referido, ya que se pone en duda el motivo, el mecanismo y el método que empleó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para modificar los reactivos y las calificaciones del cuestionario correspondiente.

c) Ante el desconocimiento de las preguntas del cuestionario, indica de manera genérica que éste incumple con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 9/2015, toda vez que los reactivos:

• No son claros y por lo mismo ofuscan la mente.

• Contienen más de una respuesta.

Que en atención a que no cuenta con los elementos necesarios para impugnar de manera específica lo que a su juico le genera agravio, se reserva su derecho para formular su ampliación.

d) Agravio en contra de la disminución de los 100 reactivos requeridos. Aduce que se quebranta la cantidad de reactivos (100) de los que debió constar el cuestionario, según se indicó en la Convocatoria referida.

e) Agravio en el que se aduce violación al principio de igualdad con relación a los que no pasaron desde un inicio a la segunda etapa. Estima que se trastocó el principio de igualdad porque aquellos participantes que obtuvieron una calificación inicial de 85 puntos o más pasaron a la segunda etapa del concurso, sin que se justifique esa distinción de trato, ya que si los reactivos fueron modificados, no existe razón para que a ellos se les respete su examen.

2. Se aduce que la convocatoria transgrede el derecho fundamental de igualdad al establecer como puntuación mínima para acceder a la segunda etapa la de 85 (ochenta y cinco puntos), en tanto que para determinar a los vencedores sólo se requiere la puntuación de 80 (ochenta puntos). Estima que la Convocatoria trastocó el principio de igualdad previsto en el artículo 1 constitucional porque el punto decimoprimero y decimoquinto señala un puntaje de 85 como calificación mínima para acceder a la segunda etapa, en tanto que para poder ser vencedor del concurso únicamente se requiere un puntaje mayor a 80, sin que el trato diferenciado obedezca a un fin legítimo.

3. Se aducen manifestaciones en contra de la evaluación de los reactivos que se llevó a cabo por 1era vez por el Instituto de la Judicatura Federal (antes de la revaluación del Consejo de la Judicatura Federal). A reserva de poder examinar la totalidad del cuestionario y su justificación que conoció a través del correo electrónico que le fue enviado el seis de noviembre de dos mil quince, expone diversas irregularidades que advirtió en los reactivos 6, 24, 26 y 74.

QUINTO. Precisión. Es importante precisar que las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el presente medio de impugnación consisten en revisar si la forma en que el Consejo de la Judicatura Federal establece los procedimientos y evaluación de los participantes de los concursos de oposición, así como las determinaciones que lleve a cabo durante el desarrollo de esos certámenes, se ajusta a los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus Acuerdos Generales, los cuales derivan, pormenorizan y complementan las disposiciones de los ordenamientos jurídicos citados en primer término, puesto que todo este marco normativo no sólo es vinculante para los concursantes, sino también para el propio Consejo.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"CARRERA JUDICIAL. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL APLICAR LO RELATIVO A ESE SISTEMA, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE SE REFIERE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. Conforme a los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano especializado, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la atribución exclusiva de aplicar lo relativo al sistema de carrera judicial en los términos fijados por la Ley Orgánica de dicho Poder, para lo cual nombrará y adscribirá a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca dicha Ley, la cual le confiere la atribución de que, según las necesidades imperantes y que dicho órgano, por su propia naturaleza y facultades, conoce, establezca esos criterios. Así, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mencionado Consejo tiene la atribución de emitir la convocatoria de los concursos para la designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, lo que implica que en su ejercicio tiene la libertad de fijar los requisitos que aquélla contendrá, en la inteligencia de que deben ser afines a los principios constitucionales rectores de la carrera judicial, con las bases previstas por la ley para su procedimiento y de acuerdo a los requisitos inherentes a la persona que, para ocupar tales cargos, prevé la propia Ley Orgánica, así como para decidir en qué momento se requiere realizar tales convocatorias, conforme a las necesidades imperantes en determinada época, las plazas a cubrir, etcétera, y además, tiene la atribución de efectuar los procedimientos necesarios para la ratificación de los Magistrados y Jueces Federales, así como la vigilancia de su correcta labor y, en su caso, de seguir los procedimientos disciplinarios e imponer las sanciones correspondientes."(4)

Cabe señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 122, dispone que el recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

Lo cual es relevante puesto que el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que incidan en el mecanismo mediante el cual se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito estén apegadas al marco normativo aplicable.

Lo expuesto con antelación, se ve reflejado en la tesis P. XXI/96, que a la letra dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma".(5)

En virtud de lo anterior, es menester resaltar que este Alto Tribunal ejercerá sus facultades tomando en cuenta las pruebas afectas a los expedientes que se encuentran localizables en el repositorio denominado "Sistema de consulta de medios de prueba ofrecidos por el CJF en relación con los concursos: 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º".

SEXTO. Análisis de los agravios en los que se controvierte la validez del concurso bajo diversas perspectivas. En este apartado se analizan en conjunto aquellos agravios en los que se aduce lo siguiente:

a) Se combate la legalidad del Acuerdo General 9/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al no prever expresamente la prohibición de que los reactivos del cuestionario de selección prescindan de la memorización de textos legales, tesis de jurisprudencia o textos doctrinarios.

b) Se controvierte la fundamentación y motivación que originó la determinación de revaluación, puesto que la manera en que se condujo del Consejo de la Judicatura Federal pone en duda al propio concurso, habida cuenta que en la propia convocatoria se prohíbe variar bajo ninguna circunstancia la calificación obtenida del examen escrito.

c) Se argumenta que no obstante desconoce las preguntas del cuestionario, de manera genérica indica que los reactivos no cumplen con los lineamientos normativos aplicables.

d) Se indica que se quebranta lo establecido en la Convocatoria en cuanto a la cantidad de reactivos que debe tener un examen, a saber, 100.

e) Se aduce que se transgrede el principio de igualdad con relación a los participantes que no pasaron desde un inicio a la segunda etapa, pues no existe justificación para que a ellos se les dé un trato diferente al respetar su examen.

De la lectura del planteamiento identificado en el inciso a) se puede observar que la idea central del argumento es cuestionar la validez del concurso con la finalidad de que se declare nulo o desierto; sin embargo, el motivo que al efecto aduce, el Pleno de este Alto Tribunal considera que conforme a lo pretendido, deviene jurídicamente ineficaz, por las razones que a continuación se exponen.

La finalidad del recurso de revisión, es privilegiar que los mecanismos mediante los cuales se nombra a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito se encuentren apegados al marco normativo aplicable y la pretensión esencial de la parte recurrente al interponer el presente medio de defensa consiste en que de ser fundados los argumentos planteados, se le permita acceder a la segunda etapa del concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito.

Entre los derechos que se deben privilegiar en favor de los recurrentes, se encuentran los derechos adjetivos, que se conforman a través de diversos principios procesales; en ellos se prevé, entre otros, que a través de la interposición del medio de defensa no se perjudique a la parte recurrente.

Efectivamente, atento al principio general de derecho "non reformatio in peius", el juzgador tiene como obligación, al analizar un agravio, el que del estudio realizado no se actualice como resultado una situación más perjudicial para el inconforme; supuesto ante el cual, el medio de defensa en cuestión, con independencia de que pudiera resultar fundado, no sería procedente su análisis si con motivo de ello se le causara un perjuicio mayor, puesto que tal situación resultaría contraria al mencionado principio jurídico.

Así, el recurso de revisión administrativa no es excepción a lo aseverado, ya que igualmente, la finalidad que se persigue con la interposición del medio de defensa es que se resuelva favorablemente su pretensión, por lo que es deber de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación velar por no agravar la situación de la parte recurrente; sin que ello signifique que no se puedan considerar infundados o desestimarse los agravios planteados, sino que la interposición no produzca una situación dañosa de mayor alcance para el promovente.

En ese tenor, considerando la aspiración esencial al interponer el recurso de revisión administrativa, es menester señalar que no pueden ser atendidas aquellas manifestaciones que son contrarias a lo que pretende la parte recurrente, puesto que ello atentaría contra el principio de congruencia y el diverso principio supra citado, que, como se dijo, la razón justificativa radica en evitar un fallo más perjudicial en contraste con la situación inicial.

Ahora bien, como se relató al inicio del presente considerando, la parte recurrente pretende acceder a la segunda etapa del concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito; no obstante, con sus afirmaciones pretende que se declare la nulidad o que se declare desierto el concurso en que participó, en virtud de que existieron diversas irregularidades.

Sobre el particular cabe señalar que, de atender a lo solicitado en el sentido de que se debió anular o declarar desierto el certamen en el que participó, ningún beneficio le aportaría, puesto que le traería como única consecuencia un resultado pernicioso, ya que ello equivaldría a apartarse de la finalidad del medio de defensa y del principio de "non reformatio in peius", previamente analizado.

Se afirma que se actualizaría un resultado negativo para la parte recurrente, toda vez que ello no le permitiría de ninguna manera acceder a la segunda etapa, puesto que una decisión de esa naturaleza (anulación o declaración de desierto del certamen) únicamente tendría por efecto dejar insubsistente el acto mencionado respecto del concursante.

Por lo tanto, el planteamiento en el que se aduce que el concurso en el que participó la parte recurrente se debe anular, es inoperante para lograr su pretensión, consistente en acceder a la segunda etapa de dicho certamen.

Respecto de las manifestaciones sintetizadas en los incisos b), d) y e), es menester señalar que son inoperantes, en atención a que su estudio a nada práctico llevaría, puesto que, suponiendo sin conceder, aun cuando pudiere considerarse fundada su argumentación, lo cierto es que la parte recurrente no obtendría la puntuación necesaria para acceder a la segunda etapa.

En otras palabras, en el supuesto caso de que le asistiere la razón la parte recurrente, ello implicaría que mantuviera la puntuación que por primera vez obtuvo al resolver el cuestionario, esto es "71 puntos", de acuerdo a las listas enviadas por el Consejo de la Judicatura Federal; calificación que es insuficiente para tener acceso a la segunda etapa.

Finalmente, este Tribunal Pleno considera que el argumento hecho valer en el inciso c) es inoperante, en virtud de que constituyen manifestaciones genéricas que carecen de sustento jurídico, es decir, son argumentos imprecisos o derivados de apreciaciones subjetivas; puesto que no señala concretamente qué preguntas en específico se refiere y que no cumplieron con los lineamientos aplicables. En tal virtud, estos planteamientos son genéricos y carecen de sustento jurídico. Lo anteriormente sostenido tiene sustento en las tesis aisladas P. XIII/99 y P. XIV/99 del Tribunal Pleno, de rubros y textos siguientes:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO, SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Son inoperantes los conceptos de agravio expuestos en el recurso de revisión administrativa que no tienden a combatir los fundamentos y consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida, por no ser materia de la litis y sobre lo cual no existe pronunciamiento p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80209-4bdf0a1e/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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