COMPETENCIA CIVIL FEDERAL EN UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA A UNA DEPENDENCIA DE UNA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE PUEDA SER PRORROGABLE, ES NECESARIO QUE LA CONTROVERSIA REUNA LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL.
COMPETENCIA CIVIL 141/93. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI Y JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRON.
SECRETARIA: ETHEL LIZETTE DEL C. RODRIGUEZ ARCOVEDO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y tres, ante el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Miguel Angel González Purata y Leola Jean Pue de González, en representación del menor Mauricio Israel González Pue, promovieron juicio extraordinario civil, en contra de la Administración Regional de la Oficialía Mayor del Centro, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, demandando lo siguiente:
"a). Por la desocupación y entrega jurídica y material a nuestro favor del inmueble ubicado en la calle Juárez No. 211 de esta ciudad y que actualmente ocupa nuestra demandada. b). Por el pago de la cantidad de 51,500,000.00 (CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.) por concepto de veintitrés meses de pensiones rentísticas que se nos adeuda por parte de la Administración Regional de la Oficialía Mayor del Centro correspondiente a los meses de enero a diciembre de 1991 y de enero a noviembre de 1992. c). Por el pago de las rentas que se sigan venciendo hasta la total solución del presente juicio. d). Por el pago de los daños y perjuicios que se nos ha ocasionado por parte de la Administración Regional de la Oficialía Mayor Centro representada por el C.P. Héctor Sánchez Vega, con su negativa para hacernos entrega del inmueble materia de esta litis, así como por falta de pago puntual de las pensiones rentísticas que se nos adeuda la demandada. e). Por el pago de las costas y gastos que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio."
SEGUNDO. Por resolución de diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, se declaró incompetente para conocer de dicha demanda a la que correspondió el número 377/93/2, y ordenó la remisión de la misma con sus anexos al Juez de Distrito en turno, con fundamento en las siguientes consideraciones:
"Téngase por recibido escrito de los C.C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ PURATA Y LEOLA JEAN PUE DE GONZALEZ presentado en este juzgado el día 26 de enero del año en curso, con documentos y copias simples que acompaña, demandando en la vía extraordinaria civil a la Administración Regional de la Oficialía Mayor Centro, representada por el C.P. HECTOR SANCHEZ VEGA con domicilio en la calle Juárez No. 211 de esta ciudad, demanda que instaura por los conceptos a que se refiere en la misma. Regístrese la misma en el Libro de Gobierno y fórmese expediente. Dígasele a los promoventes que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, este juzgado se considera incompetente para conocer del asunto que plantean, toda vez que si bien es cierto que de las copias certificadas que se anexan, relativas al expediente 1479/91/2o., de diligencias de jurisdicción voluntaria, se desprende que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, se declara incompetente para conocer de dichas diligencias; sin embargo, también es cierto que en esencia la autoridad federal en mención argumentó que para que se dé la competencia de los tribunales de la Federación es necesario que con motivo de la controversia se afecte un bien de un organismo descentralizado y que tenga carácter de bien nacional en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales y que además no se estaba en presencia de fuero renunciable, y que estaba en el caso de la competencia concurrente, pero no se debe perder de vista que tales razonamientos se hicieron valer en relación a las diligencias de jurisdicción voluntaria ya aludidas que incluso no son de controversia como ahora acontece en el caso concreto y por tal motivo ahora si resulta evidente que como en el contrato de arrendamiento que también se agrega como documento fundatorio, se obliga el C.P. HECTOR SANCHEZ VEGA en su carácter de representante de la Administración Regional de la Oficialía Mayor Centro, entre otras cosas y según la cláusula segunda y con fundamento en la Ley General de Bienes Nacionales, a pagar por concepto de renta mensual, la cantidad de $1'600,000.00 (UN MILLON, SEISCIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.) más 15% (QUINCE POR CIENTO) de I.V.A. (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) durante el año de 1980 y que la renta correspondiente a 1990 se cubriría de acuerdo al dictamen que emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, de manera tal que como también la arrendataria declara en el mismo contrato de arrendamiento en el inciso a) que es una dependencia de la administración pública centralizada conforme a lo establecido por la ley orgánica de la administración federal, además de ser parte de Federación obviamente en el presente negocio, como también los actores le reclaman el pago de pensiones rentísticas, es claro que se está pretendiendo mermar en su patrimonio a la Federación de resultar una sentencia condenatoria y por tanto no solamente es parte en juicio, sino que también se afectan intereses de ámbito federal. En tal virtud, y ante la falta de presupuesto procesal que se analizó, este juzgado se declara incompetente de plano para conocer de este negocio, al estimarse que se surte la competencia en favor de la autoridad federal en los términos de la fracción VI, del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por tanto, en su oportunidad, remítase el presente negocio al C. Juez de Distrito en turno; sin perjuicio de lo anterior, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a los CC. Licenciados HUGO DELGADO MARTINEZ y/o JOSE ELIAS PALACIOS CASTRO en la calle de Jacarandas esquina con Encino de la Colonia 18 de marzo de ésta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE."
TERCERO. La Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por resolución de tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, no aceptó la competencia para conocer del asunto, con base en las siguientes consideraciones:
"UNICO. Este Juzgado Tercero de Distrito es incompetente para conocer del juicio extraordinario civil que promueven MIGUEL ANGEL GONZALEZ PURATA Y LEOLA JEAN PUE DE GONZALEZ, en representación de MAURICIO ISRAEL GONZALEZ PUE, en contra de la ADMINISTRACION REGIONAL DE LA OFICIALIA MAYOR CENTRO, representada por el C. P. HECTOR SANCHEZ VEGA. En efecto el juicio de referencia, no encuadra en ninguna de las hipótesis normativas establecidas en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación toda vez que no implica la aplicación de leyes federales, no se afecta un bien de propiedad nacional, no se suscita entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, tampoco es concerniente a miembros del cuerpo diplomático o consular; y no es parte la Federación. En efecto, la parte actora, como primera prestación demanda la desocupación y entrega jurídica y material del inmueble ubicado en la calle de Juárez No. 211 de Ciudad Valles, S. L. P., que indica es propiedad de su representado y que dio en arrendamiento a la demandada y que aunque ciertamente ésta constituye una dependencia de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, sin embargo ese solo hecho no da lugar a que se surta la competencia en favor de los tribunales federales, pues para que ello suceda es, además necesario que en la controversia respectiva se afecte un bien propiedad de dicha secretaría y por ende tenga, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales el carácter de bien propiedad de la nación; además de que no está demandando al Estado Mexicano a través de la secretaría antes señalada sino a la ADMINISTRACION REGIONAL. Pues aunque forma parte integrante de la aludida secretaría de Estado, que es un órgano de gobierno, pero no a la entidad Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior el precedente No. 51 localizable en la foja 104 del Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1988 bajo la voz: 'COMPETENCIA FEDERAL NO SE SURTE AUNQUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SI NO SE AFECTA BIENES PROPIEDAD NACIONAL. Así como la tesis jurisprudencial número 22/92, aprobada por la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de octubre de 1993, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón y Miguel Montes García' (sic) localizable bajo la voz: 'COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA COMO EL ENTE JURIDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Establece el artículo 104, fracción III, constitucional, que los tribunales federales conocerán de las controversias. <<En que la Federación fuese parte>>. En este precepto el término Federación no está utilizado como forma de gobierno ni como órgano federal con facultades específicas, sino como la nación misma, es decir, como la agrupación humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a través del derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos, con todos sus elementos; población, territorio y poder público, que abarca tanto el orden federal, que impera sobre todo el territorio, como a las órdenes locales, que velan sobre el territorio específico de cada entidad federativa. El Estado Mexicano actúa o ejerce; las diversas funciones en que se desarrolla el poder público a través de órganos estatales que en su conjunto constituyen el Gobierno Federal, con jurisdicción en todo el país, o bien los gobiernos de cada entidad federativa, pero es el primero el que además de ejercer las funciones que le corresponden dentro de la distribución de competencias, asume la representación de la nación. Lo anterior no implica que se identifique el Estado Mexicano y el Gobierno Federal; éste se constituye sólo por los órganos a través de los cuales aquél, persona moral de derecho público con sustancialidad jurídica y políticas propias, ejercita en el ámbito federal el poder público de que está investido y aun cuando posea la representación de dicho Estado, no es el Estado mismo. Por tanto, para que se surta la competencia de los tribunales federales según lo dispuesto por la fracción III del artículo 104 constitucional, se requiere que sea parte en la controversia la nación, el Estado Federal Mexicano como ente de derecho, con personalidad jurídica y política propias, que abarca el orden total, dentro del cual se incluye el federal y los locales. No basta, por tanto, que en la controversia sea parte alguno de los Poderes de la Unión o algún órgano de los mismos con motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones que conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues en este supuesto el sujeto en la controversia es el órgano de gobierno mas no la entidad Estados Unidos Mexicanos, sin que puedan identificarse. En cambio, cuando alguno de los poderes u órganos federales intervienen en un juicio, no como tal sino como representante de la nación, su conocimiento compete a los tribunales federales porque es parte el Estado Mexicano y no el poder u órgano que sólo lo representa.'. Por otra parte en la especie a estudio no estamos en presencia del fuero renunciable, para que, en base a ello a voluntad de los contratantes se determine la competencia no por materia a territorio sino de fuero ya local o federal; como lo acordó el arrendador y el arrendatario en el contrato respectivo que celebraron. También debe hacerse mención a que cuando se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria o de una contienda, la competencia corresponde a una autoridad federal, en los supuestos a que se contrae el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al artículo 22 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los actos preparatorios es competente el Juez que lo sea para el negocio principal, por lo que si la actora promovió ante un Juez del fuero común diligencias de jurisdicción voluntaria de notificación de terminación de contrato de arrendamiento conforme al artículo 2308 del Código Civil del Estado, de acuerdo a las constancias que se anexan a la demanda de referencia; ello es una razón más que permite concluir que es a un Juez del Fuero Común a quien le compete conocer del juicio a que se ha hecho mención. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 106 de la Constitución Federal y numerales 14, 19 y 22 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, no acepta conocer del juicio extraordinario civil promovido por MIGUEL ANGEL GONZALEZ PURATA Y LEOLA JEAN PUE DE GONZALEZ, en contra de la ADMINISTRACION REGIONAL DE LA OFICIALIA MAYOR CENTRO, representada por el C. HECTOR SANCHEZ VEGA, por considerarse incompetente para ello. Por tanto, la parte interesada deberá ocurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin necesidad de agotar los recursos ordinarios ante el superior inmediato, a fin de que ordene a este juzgado le envíe el presente expedientillo, en el que se contienen las respectivas resoluciones de incompetencia, como se establece en el artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles."
CUARTO. Por escrito, presentado el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Miguel Angel González Purata y Leola Jean Pue de González en representación de su hijo menor Mauricio Israel González Pue, solicitaron a este Alto Tribunal requerir a los Jueces contendientes para que remitieran el expediente 377/93/2, y en su oportunidad se dictara la resolución correspondiente.
QUINTO. El presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, ordenó formar y registrar el expediente relativo y girar oficio al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Ciudad Valles, San Luis Potosí y Juez Tercero de Distrito en la citada entidad federativa para que remitieran los expedientes 377/93/2 y 664/93 respectivamente.
SEXTO. Por acuerdo de veintidós de junio del presente año, el presidente de la Tercera Sala de este Alto Tribunal declaró competente a la misma para conocer del conflicto competencial, con fundamento en el artículo 26, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ordenó correr traslado al Ministerio Público Federal, mismo que formuló pedimento en el sentido de declarar competente a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. En el mismo auto se ordenó turnar el expediente al Ministro Mariano Azuela Güitrón, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
El expediente fue recibido en la ponencia el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que la contienda se presenta entre un Juez Federal y un Juez de una entidad federativa para conocer de un juicio extraordinario civil.
SEGUNDO. Para resolver el presente conflicto competencial motivado, esencialmente, en que en el juicio extraordinario civil tiene el carácter de parte a la Administración Regional de la Oficialía Mayor del Centro que es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe examinarse en primer lugar lo que se establece al respecto en la Constitución, en las leyes secundarias y posteriormente, los diversos criterios sustentados por esta Suprema Corte, para determinar si en el caso se da una de las hipótesis para que la competencia recaiga en los tribunales federales o si por el contrario recae en el fuero común.
El artículo 104 de la Constitución Federal establece lo siguiente:
"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado: I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; III. De aquellas en que la Federación fuese parte; IV. De las que se susciten entre dos o más Estados o un Estado y la Federación, así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o un Estado; V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular."
En el presente asunto las fracciones del artículo 104, transcrito que resultan aplicables son la I y la III. Conforme a la primera, nuestra Constitución reservó para los tribunales federales el conocimiento de los asuntos del orden civil o criminal que versen sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales, salvo el caso en que en los mismos sólo se afecten intereses particulares, pues en tal hipótesis existirá jurisdicción concurrente, ya que queda a elección del actor el escoger a un Juez Federal o a uno local para que conozca del asunto respectivo.
Por tanto, para que se surta la competencia de los tribunales federales, según lo dispuesto por la fracción I que se examina, se requiere que las controversias reúnan los siguientes requisitos: a) sean del orden civil o criminal; b) versen sobre la aplicación de leyes federales o tratados internacionales; c) no afecten sólo intereses particulares.
Para que se dé la jurisdicción concurrente conforme a la fracción I es necesario que las controversias que cumplan con los requisitos especificados en los incisos a) y b) afecten sólo intereses particulares, supuesto en el cual queda a elección del actor escoger el fuero al que desee someterse.
La fracción III, del artículo 104 constitucional reserva a los tribunales federales el conocimiento de las controversias en que la Federación fuese parte. La propia Constitución Política da al término Federación diversas acepciones; en sus artículos 40, 42, fracción I; 43, 45 y 121, considera a la Federación como la forma de organización política, llámesele Estado o gobierno, constituida de entidades libres y autónomas en cuanto a su régimen interno pero unidas en un Pacto Federal, abarcando así esta organización tanto el orden federal, es decir aquél que impera sobre todo el territorio, como el orden local, que rige sobre el territorio de los Estados o entidades federativas.
Los artículos 3o., párrafo primero, 4o., tercer párrafo, 18, párrafos segundo a cuarto, 27, fracciones VI, párrafo segundo, y VIII, inciso c), 31, fracción IV, 49, párrafo primero, 62, 72, inciso j), 73, fracciones XXV y XXIX, punto 4o., 74, fracción IV, 90, párrafo primero, 94, párrafos primero y séptimo, 103, 106, 115, fracciones IV, inciso b), y VI, 123, apartado B, fracción XII, segundo párrafo, 127 y 131 constitucionales, utilizan el término Federación referido al órgano o autoridad federal, con facultades específicas y jurisdicción federal, es decir, sobre todo el territorio del país.
Por último, en los artículos 48, 102, 104, fracciones III y IV, 105 y 107, fracción V, inciso c), segundo párrafo, constitucionales, se utiliza el término Federación equiparándolo al de Estados Unidos Mexicanos.
Se deriva de todo lo anterior que el término Federación no está utilizado como forma de gobierno ni como órgano federal con facultades específicas, sino como la nación misma, entendida ésta como la agrupación humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a través del derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos, con todos sus elementos: población, territorio y poder público, que abarca tanto al orden federal, que impera sobre todo el territorio, como a los de órdenes locales, que valen sobre el territorio específico de cada entidad federativa. El Estado Mexicano actúa o ejerce las diversas funciones en que se desarrolla el poder público a través de órganos estatales que en su conjunto constituyen el Gobierno Federal, con jurisdicción en todo el país, o bien los gobiernos de cada entidad federativa, pero es el primero el que además de ejercer las funciones que le corresponden dentro de la distribución de competencias, asume la representación de la nación. Lo anterior no implica que se identifiquen el Estado Mexicano y el Gobierno Federal; éste se constituye sólo por los órganos a través de los cuales aquél, persona moral de derecho público con sustancialidad jurídica y política propias, ejercita en el ámbito federal el poder público de que está investido y aun cuando posea la representación de dicho Estado, no es el Estado mismo.
De conformidad con lo anterior, para que se surta la competencia de los tribunales federales según lo dispuesto por la fracción III del artículo 104 constitucional se requiere que sea parte en la controversia la nación, el Estado Federal Mexicano como ente de derecho, con personalidad jurídica y política propias, que abarca el orden total, dentro del cual se incluyen el federal y los locales. No basta por tanto, que en la controversia sea parte alguna de los Poderes de la Unión o algún órgano de los mismos con motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones que conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues en este supuesto el sujeto en la controversia es el órgano de gobierno mas no la entidad Estados Unidos Mexicanos, sin que puedan identificarse según ha quedado determinado con anterioridad. En cambio, cuando alguno de los poderes u órganos federales intervienen en un juicio, no como tal sino como representante de la nación, su conocimiento compete a los tribunales federales porque es parte el Estado Mexicano y no el poder u órgano que sólo lo representa.
Es aplicable la jurisprudencia 22/90, de esta Tercera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 59, noviembre 1992, páginas 18 y 19 que dice:
"COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA COMO EL ENTE JURIDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Establece el artículo 104, fracción III, constitucional, que los tribunales federales conocerán de las controversias 'en que la Federación fuese parte'. En este precepto el término Federación no está utilizado como forma de gobierno ni como órgano federal con facultades específicas, sino como la nación misma, es decir, como la agrupación humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a través del derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos, con todos sus elementos: población territorio y poder público, que abarca tanto al orden federal, que impera sobre todo el territorio, como a los órdenes locales, que velan sobre el territorio específico de cada entidad federativa. El Estado mexicano actúa o ejerce las diversas funciones en que se desarrolla el poder público a través de órganos estatales que en su conjunto constituyen el Gobierno Federal, con jurisdicción en todo el país, o bien los gobiernos de cada Entidad Federativa, pero es el primero el que además de ejercer las funciones que le corresponden dentro de la distribución de competencias, asume la representación de la nación. Lo anterior no implica que se identifiquen el Estado Mexicano y el Gobierno Federal; éste se constituye sólo por los órganos a través de los cuales aquél, persona moral de derecho público con sustancialidad jurídica y política propias, ejercita en el ámbito federal el poder público de que está investido y aun cuando posea la representación de dicho Estado, no es el Estado mismo. Por tanto, para que se surta la competencia de los tribunales federales según lo dispuesto por la fracción III del artículo 104 constitucional, se requiere que sea parte en la controversia la nación, el Estado Federal Mexicano como ente de derecho, con personalidad jurídica y política propias, que abarca el orden total, dentro del cual se incluye el federal y los locales. No basta, por tanto, que en la controversia sea parte alguna de los Poderes de la Unión o algún órgano de los mismos con motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones que conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues en este supuesto el sujeto en la controversia es el órgano de gobierno mas no la entidad Estados Unidos Mexicanos, sin que pueda identificarse. En cambio, cuando alguno de los poderes u órganos federales interviene en un juicio, no como tal sino como representante de la nación, su conocimiento compete a los tribunales federales porque es parte el Estado Mexicano y no el poder u órgano que sólo lo representa."
Asimismo, debe señalarse que el artículo 104 constitucional no establece que los tribunales federales sólo y únicamente puedan conocer de los asuntos que en dicho precepto se especifican y, por tanto, las leyes secundarias pueden establecer competencia.
En efecto, el artículo 54, fracciones I a VI y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los casos en que un Juez de Distrito especializado en materia civil o mixto puede actuar como Juez de instancia civil; dicho precepto dispone:
"Artículo 54. Los Jueces de Distrito en materia civil conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten entre particulares con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando el actor elija la jurisdicción federal, en los términos del artículo 104, fracción I, de la Constitución; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias en que la Federación, fuere parte, salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 11 de esta ley, en cuyo caso el Juez de autos, de oficio o a petición fundada de cualquiera de las partes, enviará el expediente al Pleno de la Corte; IX. De todos los demás asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, conforme a la ley, y que no estén enumerados en los tres artículos que preceden."
Por lo que se refiere al presente conflicto competencial, sólo interesa el análisis de las fracciones I, II, VI y IX transcritas. La fracción I contempla como competencia de los Juzgados de Distrito en materia civil aquellas controversias que reúnan los siguientes requisitos: a) sean del orden civil; b) se susciten entre particulares; c) versen sobre la aplicación de leyes federales, y d) el actor haya elegido la jurisdicción federal.
Conforme a la fracción VI del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, compete a los Juzgados de Distrito conocer de los juicios en que la Federación fuere parte, salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispositivo éste, que otorga competencia al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las controversias en que siendo parte la Federación, el propio Pleno las considere de importancia trascendente para los intereses de la nación, oyendo el parecer del procurador general de la República. Al respecto debe aclararse, por un lado, que para que se surta la competencia federal según lo dispuesto por la fracción que se examina debe ser parte en el juicio el ente Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo razonado al analizarse la fracción III del artículo 104 constitucional; y por el otro, que el Pleno de la Suprema Corte, en la tesis que a continuación se transcribe, ha establecido los casos en que el conocimiento de las controversias le compete a él en única instancia:
"JUICIOS FEDERALES (CASOS EN QUE LA FEDERACION ES PARTE). La competencia de los tribunales federales al que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución, se surte en las controversias en que la Federación es parte, es decir, en aquellas en que la Federación figura como sujeto activo o pasivo de la relación procesal. La forma de Gobierno Federal adoptada por el artículo 40 de nuestro Código Político impide el conocimiento de los negocios que afectan en alguna forma a la Federación por los tribunales de los Estados. Pero ya dentro de la jurisdicción de los tribunales federales, el conocimiento de los negocios que a la Federación atañen, no co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/84-5613c018/competencia-civil-federal-en-un-juicio-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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