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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD, EN MATERIA LABORAL PUEDE SER EXPRESO O TACITO EL RECONOCIMIENTO DE LA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/93. · Registro digital (IUS): 90
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 1993, , Pág. 186.

CONTRADICCION DE TESIS 5/93. ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Corresponde a continuación verificar si existe la contradicción denunciada, entre las tesis de referencia:

A). En el juicio de amparo directo número 465/89 de su índice el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito dictó la siguiente resolución:

RESULTANDO:

Primero. Mediante oficio presentado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, Manuel Magallanes González en su carácter de apoderado jurídico de María de los Angeles Heredia y otros, promovió juicio de amparo directo contra actos de dicho tribunal, que esencialmente hizo consistir en el laudo de siete de septiembre del año citado, dictado en los expedientes número P-(1/28/88) y P-(l/3/89) acumulados, relativos a las demandas laborales promovidas por María de los Angeles Heredia y otros en contra del Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Educación y Cultura del mismo Estado e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, demandando la nivelación de salarios de acuerdo a sus categorías, mejoramiento de sus condiciones de trabajo y otras prestaciones.

Segundo. La Junta responsable, remitió la demanda de garantías a la Oficialía de Partes Común a los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, correspondiendo el conocimiento a este tribunal, el que por auto de presidencia de diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, admitió la demanda y ordenó emplazar al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien se abstuvo de intervenir en el presente asunto. Posteriormente, se turnaron los autos al Magistrado Ramiro Barajas Plasencia, para que formulara proyecto de resolución, mismo que no fue aprobado por mayoría de votos en sesión celebrada por el Pleno de este cuerpo colegiado el día seis de diciembre del presente año, porque el proyecto era en el sentido de sobreseer en el juicio, por no haberse justificado que la responsable hubiere reconocido la personalidad al promovente. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188, de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnaron los autos al C. Magistrado Juan Miguel García Salazar para que formulara nuevo proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero. La existencia del acto reclamado quedó plenamente acreditada, en las constancias originales que la autoridad responsable remitió en vía de informe justificado, en donde obra el laudo que se combate de siete de septiembre del mencionado año ....

Cuarto. Antes de analizar los conceptos de violación transcritos anteriormente, es pertinente destacar que en materia de personalidad, el Pleno de este Tribunal Colegiado ha establecido en diversas ejecutorias que aquélla debe ser reconocida expresamente por las Juntas laborales, sin que baste que el que dice ser representante legal de la quejosa afirme que tiene reconocida su personalidad ante la Junta, sino que es menester que esa personalidad le haya sido reconocida expresamente por ella, pues el hecho de que dicho profesionista haya intervenido en algunos actos procesales y la responsable le permitiera su intervención como apoderado de la quejosa, ello no es suficiente para tener comprobada la personalidad en el juicio constitucional.

Sin embargo, el análisis sistemático de los artículos 4o. y 13 de la Ley de Amparo, conduce a interrumpir el criterio antes señalado contenido en las respectivas sentencias en mérito de las consideraciones que enseguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece. 'El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor'. A su vez, el artículo 13 dispone: 'Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.'

De conformidad con el primero de los numerales reseñados la personalidad del quejoso o actor en el juicio de amparo puede revelarse de dos maneras, a saber: cuando exista de modo originario esto es el propio interesado quien desempeña los distintos actos procesales que le incumben (por su propio derecho) o de modo derivado, es decir en el caso en que no es él quien directamente interviene en el procedimiento en cuestión, sino un tercero, llamado representante, apoderado, mandatario, etcétera, el cual actúa a nombre suyo; es decir, dicho artículo consigna dos hipótesis en que puede manifestarse la personalidad del quejoso en el juicio de garantías, estableciendo además, diversas variaciones de la representación (representante propiamente dicho, defensor o cualquier persona extraña).

Ahora bien, el artículo 13 antes citado tiene una norma especial, peculiar del juicio de amparo que rige en materia de personalidad, siendo el motivo de dicha prevención, hacer que el juzgador del conocimiento del amparo respete la facultad de la autoridad responsable para tener o no por justificada la personalidad (derivada) de los interesados, es decir del quejoso o del tercer perjudicado, principalmente para lograr que no se desvíe su cometido constitucional, en el sentido de analizar únicamente, sin importarle las cuestiones de fondo o accidentales del conocimiento de la autoridad responsable, la constitucionalidad del acto reclamado.

Además, del texto literal del artículo 13 en estudio, no se desprende que para ser admitida la personalidad derivada en el juicio de garantías deba estar reconocida expresamente por la autoridad responsable, por tanto exigir dicha situación cuando el precepto no lo dispone, es ir más allá, de la intención de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, pues en todo caso esta última así lo ordenaría expresamente. Por consiguiente el alcance que debe entenderse de dicha disposición, es de que la personalidad debe estar reconocida tácita o expresamente por la autoridad responsable para que surta plenamente los efectos pertinentes.

Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 13, de la Ley de Amparo, exija, como se sustenta en diversas resoluciones anteriores emitidas por el Pleno de este órgano colegiado, que el reconocimiento de la personalidad de los promoventes en el juicio de amparo, deba ser reconocida expresamente por las autoridades responsables, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto en análisis ni en ningún otro de la Ley de Amparo. El anterior criterio, ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado de Circuito en diversas ejecutorias, al resolver los amparos directos laborales números 101/89, 339/89, 441/89 y 463/89, mismos que fueron resueltos por mayoría de votos en sesión celebrada el día seis de diciembre del presente año.

Quinto. En el presente caso, se advierte que la demanda de garantías fue interpuesta por Manuel Magallanes González, quien se ostenta como apoderado de María de los Angeles Heredia y otros.

Del estudio realizado a los autos existentes en el sumario, se advierte que en la demanda laboral promovida por María de los Angeles Heredia y otros, autorizaron a varios profesionistas para que los representen en el juicio, entre los que se menciona el ahora promovente; asimismo, que este último presentó un escrito el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, el cual fue acordado por la responsable en los siguientes términos: 'Visto el escrito signado por el licenciado Manuel Magallanes González apoderado jurídico de María de los Angeles Heredia y otros, dentro del expediente sin número formado con motivo de la reclamación laboral promovida en contra del Gobierno del Estado y Secretaría de Educación y Cultura del Estado...' (foja 82). Además, se advierte que el promovente compareció al desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, haciéndose constar por el secretario general del tribunal responsable lo siguiente: ..'que se encuentran presentes los actores y su apoderado jurídico licenciado Manuel Magallanes González... concediéndosele el uso de la palabra al apoderado jurídico de los actores, quien manifiesta...' (foja 117).

De lo antes expuesto, se colige que quien promovió el presente juicio constitucional, sí tiene acreditada su personalidad ante el tribunal del conocimiento, no obstante que éste, no haya emitido consideración alguna al respecto en el auto admisorio; pues al habérsele permitido intervenir en diversos actos procesales como ha quedado precisado, resulta incuestionable que la autoridad le reconoció tácitamente su personalidad, lo que es suficiente para tener justificada aquélla en el juicio de amparo que nos ocupa, conforme al razonamiento expuesto en el anterior considerando."

El Magistrado Ramiro Barajas Plasencia formuló voto particular, que en su parte medular, expresa:

"No es procedente la interrupción el criterio sustentado reiteradamente por este tribunal, respecto al reconocimiento de la personalidad en atención a lo siguiente:

....En relación a lo antes expuesto, en todas las materias se producen tesis acerca de que debe ser expreso el reconocimiento de la personalidad y de modo específico en materia laboral ha sustentado criterio en igual sentido el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, residente en la capital de la República, consultable en la tesis 18, página 262, Tercera Parte del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1978, que textualmente reza: 'PERSONALIDAD. EL RECONOCIMIENTO DE ELLA POR LAS JUNTAS DEBE SER EXPRESO. No basta que el que dice ser representante legal de la quejosa afirme que tiene reconocida su personalidad ante la Junta, sino que es menester que esa personalidad le haya sido reconocida expresamente por ella, pues el hecho de que dicho profesionista haya intervenido en algunos actos procesales y la responsable le permitiera su intervención, como apoderado de la quejosa, esto no es suficiente para que con base en esa situación promueva el amparo ni basta para que se le tenga por comprobada la personalidad, la que debió ser reconocida y acreditada expresamente ante la autoridad laboral. Amparo directo 255/77. Inmobiliaria Mercantil Netzahualcóyotl, S.A. 26 de octubre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Mota Aguirre. Secretario: José Manuel Tapia Acebrás.'

....El criterio que se establece, en forma alguna escinde la indudable bondad de la intención del legislador respecto a la salvedad de solemnidades en el proceso laboral, pues son aspectos totalmente diferentes el acreditamiento de la personalidad y el reconocimiento de la misma por la autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

La ausencia de formalidades no conlleva la ausencia del imperio de principios tradicionales, o la inexistencia de elementos básicos que sustentan la seguridad jurídica.

Tampoco significa la inexistencia, cesación, suspensión o destrucción de los actos indispensables. Ciertamente, no se pretende un formulismo específico para reconocer la personalidad del representante del trabajador, pero al menos es necesaria su expresa declaración por la responsable, aunque sea despojada de los requisitos debidos para otro tipo de determinaciones.

....La litis no es la ausencia de formulismo para tener por acreditada la personalidad del representante del trabajador, ni la ausencia de formulismo para su reconocimiento por la autoridad responsable, sino la ausencia de su reconocimiento, la falta de declaración al respecto, con la tácita conformidad del interesado, quien no insistió en dicha solicitud ni hizo valer desacuerdo alguno contra esa conducta omisiva.

Son relativas las supuestas ausencias de formalidades, pues del propio clausulado de la Ley Federal del Trabajo (artículos 687, 685, 873) deriva el constreñimiento de la precisión de los puntos petitorios, el fundamento de la excepción de inepto libelo y el de obscuridad de la demanda, con sus respectivos efectos jurídicos, por ende, la naturaleza social y no formalista del proceso del trabajo, así como la no paridad procesal, no se ven afectadas por el criterio que se sustenta, por no ser la materia del mismo. Cualquier tipo de tutela en sentido contrario, crearía fenómenos o fricciones de la ley ajenos al verdadero espíritu del legislador por ese concepto..."

B). El amparo en revisión número 191/89 radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se resolvió, en lo conducente, en los siguientes términos:

"CONSIDERANDO:

Tercero. Los agravios son infundados.

En efecto, el quejoso Antonio Ortiz Gámez reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de este Estado, el acuerdo dictado en la audiencia (de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas) celebrada el veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y nueve en el juicio laboral número 49/89/4, promovido por el propio peticionario de amparo en contra del Organismo descentralizado denominado 'Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas', mediante cuyo proveído reconoció a Felipe Mendoza Casco el carácter de apoderado de dicha demandada, teniéndolo a virtud de ello por contestada la correspondiente demanda en los términos a que se contrae el escrito signado por el propio representante.

Ahora bien, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo establece en lo conducente: 'Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite; III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder esté legalmente autorizado para ello.'

De este modo cabe sostener, que el Juez Federal consideró en forma del todo acertada, que en la especie el expresado Felipe Mendoza Casco sí acreditó, en forma legal el carácter de apoderado del organismo público descentralizado aludido, puesto que al efecto, de la copia certificada de actuaciones practicadas en el juicio laboral del que emanan los actos reclamados, que remitió la responsable con su informe justificado el Juez de Distrito, se advierte, que en la etapa de conciliación de la audiencia de mérito el mencionado Felipe Mendoza Casco exhibió el testimonio del poder general extendido en su favor por el representante legal del referido organismo, mediante el acta número 6606, volumen 176, del protocolo de la Notaría Pública número 49 del Distrito Federal, autorizada por el licenciado Juan Vicente Matute Ruiz como titular de la misma (fojas 14 a 33), de cuya documental se observa, que en el caso el mandato de que se trata fue otorgado en favor del referido Felipe Mendoza Casco por quien legalmente estaba autorizado para hacerlo. Sin que obste para sostener lo anterior la alegación del recurrente relativa a que, como el propio Mendoza Casco, no presentó ante la Junta responsable identificación suya, conforme a lo dispuesto por los artículos 694 en relación con el 5º de la Ley Federal del Trabajo no debió reconocérsele la representación con que se ostentó, puesto que a este respecto debe decirse, que sin pasar por alto que el segundo de tales preceptos señala que las disposiciones del ordenamiento laboral son de orden público, el primero de los propios artículos establece: 'Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante las Juntas del lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo; la personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma', de lo que debe entenderse que la identificación requerida por el numeral de que se trata, alude a los casos en los que los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, otorgan el poder correspondiente mediante comparecencia ante las mismas Juntas del lugar de su residencia, la cual no tiene aplicación cuando, como ocurre en la especie, el patrón hubiera otorgado el mandato respectivo a quien debe representarlos ante la autoridad de trabajo, con antelación a la comparecencia de dicho representante ante ésta; máxime cuando el poder se extendió por quien estaba legalmente facultado para hacerlo, ante fedatario público. Pero además y como atinadamente los argumenta el a quo, el artículo 692 de la ley en consulta no exige que el compareciente que lo hace en representación de persona moral exhiba identificación ante la Junta del conocimiento.

Lo anterior es suficiente para concluir, que si los actos reclamados no son violatorios de garantías, la sentencia que se revisa no irroga al recurrente ningún agravio, a virtud de lo cual se impone confirmarla.

C). Del juicio de amparo directo 255/77 promovido ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito por Inmobiliaria Mercantil Netzahualcóyotl, S.A., se encuentran los siguientes antecedentes:

Oficio 323 de doce de febrero de mil novecientos noventa y tres remitido por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (foja 46), que expresa:

"Visto lo de cuenta y apareciendo de la razón secretarial que habiéndose hecho una búsqueda minuciosa en el archivo de este Primer Tribunal Colegiado no se localizó el expediente de amparo directo 255/77, ni tarjeta de control relativa a ese expediente; en tal virtud, cabe determinar que forma parte de los que se extraviaron con motivo de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. En tal virtud, no es posible dar cumplimiento a lo solicitado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su oficio 735 del veintiséis de enero del presente año, de remitirle los autos de dicho toca. Gírese oficio a la Superioridad y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el Magistrado Roberto Gómez Argüello, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Doy fe."

Acuerdo del Presidente de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres (foja 38), que es del siguiente tenor literal:

"Agréguense los oficios 785 y 323 de once y doce del presente mes, respectivamente, el primero de la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito con el que remite a este Alto Tribunal copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 191/89, promovido por Antonio Ortiz Gámez; y el segundo del Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el que informa que habiéndose realizado una búsqueda minuciosa en el archivo de este tribunal no se localizó el expediente del amparo directo 255/77, ni tarjeta de control 'relativa al mismo, considerando que forma parte de los que se extraviaron con motivo de los sismos ocurridos en septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, motivo por el cual no es posible remitir el toca solicitado. Dado lo anterior, no pasa inadvertido que ambos tribunales comparten el mismo criterio en la presente contradicción, por lo que en tales condiciones se considera debidamente integrado el expediente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pase este asunto al procurador general de la República para que por sí o por conducto del agente que así lo designe, si lo estima pertinente, exponga su parecer dentro del plazo de treinta días; devuelto que sea túrnese al ministro relator que corresponda a fin de que formule el proyecto de resolución respectivo y con él dé cuenta a la Sala. Notifíquese. Lo acordó y firma el Ministro Carlos García Vázquez, Presidente de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fe."

No obstante la desaparición del expediente respectivo se cuenta con la tesis concerniente que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca 1969- 1987, páginas 4216 y 4217 del Tomo XIII Per-Pro correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, así como también publicada en la página 262, Tercera Parte del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al año de 1978, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EL RECONOCIMIENTO DE ELLA POR LAS JUNTAS, DEBE SER EXPRESO"; y que textualmente reza así: "No basta que el que dice ser representante legal de la quejosa afirme que tiene reconocida su personalidad ante la Junta, sino que es menester que esa personalidad le haya sido reconocida expresamente por ella, pues el hecho de que dicho profesionista haya intervenido en algunos actos procesales y la responsable le permitiera su intervención como apoderado de la quejosa, esto no es suficiente para que con base en esa situación promueva el amparo ni basta para que se le tenga por comprobada la personalidad, la que debió ser reconocida y acreditada expresamente ante la autoridad laboral." Amparo directo 255/77. Inmobiliaria Mercantil Netzahualcóyotl, S.A. 26 de octubre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Mota Aguirre. Secretario: José Manuel Tapia Acebrás.

CUARTO. De lo precisado en los párrafos anteriores se llega a la conclusión de que no surge contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, pues en ambos no se examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, provocando que los criterios provengan del examen de diferentes elementos, genéricamente similares pero específicamente diversos.

En efecto, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sostiene que el reconocimiento de la personalidad de las partes por las Juntas laborales puede ser tácito o expreso, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito establece que es innecesaria la identificación de los apoderados o representantes del patrón para acreditar su personalidad ante la Junta cuando exhiban testimonio del poder notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien otorgó el poder está legalmente autorizado para ello, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; esto es, se resolvió respecto al como acreditar la personalidad derivado de que hubiese o no identificación personal del apoderado, sin existir pronunciamiento alguno por el tribunal de referencia en cuanto a que se requiera de la Junta laboral el reconocimiento expreso o tácito.

QUINTO. En cuanto al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al establecer que es menester que la personalidad deba ser reconocida expresamente por la autoridad laboral, se concluye que sí existe contradicción con el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito que sostiene que el reconocimiento de la personalidad de las partes por las Juntas laborales puede ser tácito o expreso.

En efecto, aun cuando no se localizó el expediente del amparo directo 255/77 que dio origen al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito residente en la capital de la República, se cuenta con la tesis derivada de tal asunto, transcrita en el considerando tercero y que en esencia estatuye ser menester que la personalidad deba reconocerse expresamente por las Juntas.

Por su parte, el asunto que dio lugar al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito atañe a una demanda laboral promovida por varias personas en contra del Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Educación y Cultura del mismo Estado e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, reclamando nivelación de salarios, mejora de sus condiciones de trabajo y otras prestaciones, contra cuyo laudo interpuso amparo el representante de los actores.

Al turnarse los autos al Magistrado Ramiro Barajas Plasencia, integrante del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, el proyecto de resolución no fue aprobado dado que su sentido era el de sobreseer, al no haberse justificado que la responsable hubiera reconocido expresamente la personalidad del promovente.

Se formuló nuevo proyecto y en el considerando cuarto del mismo antes de analizar los conceptos de violación, el tribunal de referencia, por mayoría de votos, interrumpió el criterio que venía sosteniendo, para establecer que se tuviera por reconocida la personalidad del apoderado de los actores, aunque la Junta no hubiere emitido consideración alguna al respecto y, en consecuencia, sostener que el reconocimiento puede ser tácito o expreso.

En estos términos queda configurada la contradicción de tesis.

SEXTO. Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León.

En efecto, la interpretación del Título Catorce en su Capítulo Segundo de la Ley Federal del Trabajo, debe realizarse con base en el principio fundamental de garantía de audiencia que se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que los artículos 689 a 697 del mencionado Capítulo Segundo, son a su vez, normas tuteladoras de la garantía de audiencia de las partes ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo en los juicios laborales. En efecto, el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas y morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones." A su vez el artículo 692 del mismo ordenamiento estatuye: "Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite; III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y, IV: Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que las extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato". Como se observa, este precepto autoriza a las partes a comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado y al satisfacerse los requisitos que exige dicho artículo, queda legitimada la representación, cumplimentándose un presupuesto procesal indispensable como lo es el que las partes deben acreditar la personalidad con que promueven. Además en materia laboral, por imperativo legal, particularmente de los artículos 685 y 687 de la Ley Federal del Trabajo, el proceso tiende a la mayor simplicidad, despojado de toda solemnidad y formas determinadas, pues como se establece en el primero de los artículos invocados, las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Aunada a la incuestionable facultad de las Juntas para examinar, aun oficiosamente, la personalidad de quien comparece por cualquiera de las partes a fin de cerciorarse de que efectivamente está legitimado para ello, resulta irrelevante el pretender que forzosa y necesariamente siempre exista una declaración expresa y, por ende, formalista, del reconocimiento de la personalidad por parte de la Junta, para darse por comprobados los requisitos de la representación ostentada y, en consecuencia, acreditada, pues este reconocimiento puede ser también en forma tácita, inferido de las actuaciones dentro del procedimiento, de las que se desprenda el carácter de apoderado, en los términos que establece el capítulo II del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo.

Si en otras materias debe ser expreso el reconocimiento de la personalidad, no lo es así en la laboral, pues como se dijo, en esta materia puede ser expreso o tácito. Admitir lo contrario, o sea exigir que siempre sea expreso, afectaría el principio de ausencia de solemnidades en el proceso del trabajo y obstaculizaría la posibilidad de interpretar extensivamente disposiciones favorables a la economía, concentración y sencillez de dicho proceso. Corrobora lo dicho, la circunstancia de que el artículo 694 de la Ley Federal del Trabajo, permite otorgar poder mediante simple comparecencia de las p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/90-783a1edd/personalidad-en-materia-laboral-puede-ser-expreso-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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