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Modo: Corpus Pro

JUNTAS LABORALES. FACULTAD DE LAS, PARA AUMENTAR EL MONTO DE UNA INDEMNIZACION DE UNA INCAPACIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 131/92. · Registro digital (IUS): 903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, , Pág. 253.

Amparo directo 131/92, Instituto Mexicano del Seguro Social.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La existencia del acto reclamado se encuentra debidamente acreditada con el informe justificado de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y con los autos originales del juicio laboral.

SEGUNDO.-Las consideraciones en que se apoyó el laudo reclamado son del tenor siguiente: "II. El actor Crescencio Leal Aguirre demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social la declaración judicial en los términos del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo en vigor por esta Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que se aumente la valuación de incapacidad parcial permanente que tiene el actor de un 60% a un 100% y como consecuencia reclamó el pago de las diferencias en la pensión de riesgo profesional a partir de la fecha 21 de febrero de 1966, y hasta la fecha en que se le pague en forma legal y voluntaria por la demandada y como consecuencia incremento en la cuantía que corresponda a partir del 21 de febrero de 1966, fundándose en los hechos de su demanda que quedaron transcritos con anterioridad. A lo que la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social contestó que carecía de acción y derecho el actor para reclamar los conceptos mencionados en virtud de no estar en los supuestos del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, teniendo que el citado artículo establece: `Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que corresponda por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes.' Por lo que en tales términos corresponde al actor acreditar estar en los supuestos del artículo mencionado ofreciendo para acreditar tal evento la prueba pericial médica a cargo del perito oficial Dr. Marco A. Treviño Tamez quien dictaminó que el actor presenta: `Secuelas por encefalomielitis post vacunal (cuatriparesia y atrofia muscular severa generalizada). Al actor le corresponde el 100% y que el actor se encuentra en los supuestos del artículo 493 de la Ley Laboral fundando su dicho en los exámenes clínicos y paraclínicos de laboratorio y gabinete que practiqué en la persona del actor así como a las interconsultas solicitadas al departamento de neurología'. Siendo uniforme con el dictamen descrito el perito médico tercero en discordia Dr. Gustavo Pérez Villamayor. Obrando en autos también el peritaje del Dr. Arturo Rodríguez Salas perito médico del I.M.S.S. quien estableció que el actor presenta una encefalomielitis vacunal con cuadriparesia y trastornos tróficos musculares y que el artículo 493 es correspondencia absoluta su aplicación a esta Junta de Conciliación y Arbitraje. Y en las repreguntas al contestar a la número 4 que establece: 4. Diga el perito si las condiciones físicas y mentales actuales del actor puede éste desempeñar su puesto de electricista u otro similar. El perito contestó: `Dado su diagnóstico el actor está francamente limitado para subir y bajar escaleras así como para cortar con pinzas eléctricas y maniobrar en instalaciones eléctricas." Desprendiéndose de lo anterior que el actor se encuentra imposibilitado para desempeñar su profesión de electricista lo cual no fue objetado puesto que si bien el seguro negó los hechos en cuanto al puesto dicha negación fue categórica puesto que no estableció cuál era la profesión del actor al sufrir el riesgo de trabajo, evento que debió probar conforme al artículo 784 de la ley laboral aplicada analógicamente puesto que ella tiene la categoría del actor tales como los movimientos afiliatorios el aviso de accidente de trabajo, la resolución en donde se concedió la incapacidad parcial permanente, documentos estos de los cuales debe de aparecer el puesto del actor y además de que como se dijo, la negación del hecho del puesto fue en forma categórica, por lo que se tiene al I.M.S.S. por aceptando el puesto del actor y dado el estudio de las pruebas periciales del mismo se encuentra incapacitado totalmente para desarrollar el puesto de electricista u otro similar susceptible de producirle ingresos semejantes, por lo que conforme a lo anterior es procedente condenar y se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a la aplicación del artículo 493 de la Ley Laboral y como consecuencia a incrementarle al actor Crescencio Leal Aguirre su incapacidad parcial permanente de un 60% a un 100% en los términos del artículo citado y a pagarle la misma conforme al artículo 66 de la Ley del Seguro Social a partir de la fecha del presente laudo, lo anterior con fundamento en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el amparo directo 389/88 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en resolución de fecha 24 de junio de 1988 que en su parte concreta establece que el pago por la aplicación del artículo 493 de la ley laboral es a partir de la fecha del laudo, razón la anterior por la que se absuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de diferencias en la pensión de riesgo profesional a partir del 21 de febrero de 1966 así como del incremento en la cuantía a partir de dicha fecha."

TERCERO.-La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación: "Garantía violada. Se viola en perjuicio de mi representado las garantías de seguridad jurídica, legalidad y exacta aplicación de la ley contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ley aplicada inexactamente. Se aplica en forma inexacta en perjuicio de mi representado el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 840, 841 y 842 de la ley invocada en cuanto a las formalidades legales que se requieren para dictar un laudo. En efecto, la autoridad responsable al dictar el laudo viola en perjuicio de mi representado las garantías de seguridad jurídica, legalidad y aplicación inexacta de la ley, contenidas en los preceptos constitucionales invocados, y como se desprende del considerando II y puntos resolutivos, permitiéndome transcribir las consideraciones que se combaten para que no quede duda de que se violan en perjuicio de mi representada las garantías señaladas: `El actor Crescencio Leal Aguirre demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social la declaración judicial en los términos de los artículos 493 de la Ley Federal del Trabajo en vigor por esta H. Junta de Conciliación y Arbitraje en el sentido de que se aumente la valuación de incapacidad parcial permanente que tiene el actor de un 60% a un 100% y como consecuencia reclamó el pago de las diferencias en la pensión de riesgo profesional a partir de la fecha 21 de febrero de 1966, y hasta la fecha en que se me pague en forma legal y voluntaria por la demandada y como consecuencia incremento en la cuantía que corresponda a partir del 21 de febrero de 1966, fundándose en los hechos de su demanda que quedaron transcritos con anterioridad. A lo que la demandada I.M.S.S. contestó que carecía de acción y derecho el actor para reclamar los conceptos mencionados en virtud de no estar en los supuestos del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, teniendo que el citado artículo establece: Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto que le corresponda por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes'. Por lo que en tales términos corresponde al actor acreditar estar en los supuestos del artículo mencionado ofreciendo para acreditar tal evento la prueba pericial médica a cargo del perito oficial Dr. Marco A. Treviño Tamez quien dictaminó que el actor presenta: Secuelas por encefalomielitis post vacunal (cuadriparesia y atrofia muscular severa generalizada). Al actor le corresponde el 100% y que el actor se encuentra en los supuestos del artículo 493 de la ley laboral, fundando su dicho en los exámenes clínicos y paraclínicos de laboratorio y gabinete que practiqué a la persona del actor, así como a las interconsultas solicitadas al departamento de neurología". Siendo uniforme con el dictamen descrito el perito médico tercero en discordia Dr. Gustavo Pérez Villamayor. Obrando en autos también el peritaje del Dr. Arturo Rodríguez Salas perito médico del I.M.S.S. quien estableció que el actor presenta una encefalomielitis vacunal con cuadriparesia y trastornos tróficos musculares y que el artículo 493 es correspondencia absoluta su aplicación a esta Junta de Conciliación y Arbitraje. Y en las repreguntas al contestar la No. 4 que establece: 4. Diga el perito si las condiciones físicas y mentales actuales del actor puede éste desempeñar su puesto de electricista u otro similar. El perito contestó. Dado su diagnóstico el actor está francamente limitado para subir y bajar escaleras, así como para cortar con pinzas eléctricas y maniobrar en instalaciones eléctricas. Desprendiéndose de lo anterior que el actor se encuentra imposibilitado para desempeñar su profesión de electricista, lo cual no fue objetado puesto que si bien el seguro negó los hechos en cuanto al puesto, dicha negación fue categórica puesto que no estableció cual era la profesión del actor al sufrir el riesgo de trabajo, evento que debió probar conforme al artículo 784 de la ley laboral aplicada analógicamente, puesto que ella tiene la categoría del actor tales como los movimientos afiliatorios, el aviso de accidente de trabajo, la resolución en donde se concedió la incapacidad parcial permanente, documentos éstos de los cuales debe de aparecer el puesto del actor y además de que como se dijo, la negación del hecho del puesto del actor y dado el estudio de las pruebas periciales el mismo se encuentra incapacitado totalmente para desarrollar el puesto de electricista u otro similar susceptible de producirle ingresos semejantes, por lo que conforme a lo anterior es procedente condenar y se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a la aplicación del artículo 493 de la Ley laboral y como consecuencia a incrementarle al actor Crescencio Leal Aguirre su incapacidad parcial permanente de un 60% a un 100% en los términos del artículo citado y a pagarle la misma conforme al artículo 66 de la Ley del Seguro Social a partir de la fecha del presente laudo, lo anterior con fundamento en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en el amparo directo 389/88 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en resolución de fecha 24 de junio de 1988 que en su parte concreta establece que el pago por la aplicación del artículo 493 de la ley laboral es a partir de la fecha del laudo, razón anterior por la que se absuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de diferencias en la pensión de riesgo profesional a partir del 21 de febrero de 1966, así como del incremento en la cuantía a partir de dicha fecha." De lo anterior se desprende que la responsable en forma indebida e infundada condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a incrementar la incapacidad parcial permanente otorgada por el instituto de un 60% a un 100% con aplicación del artículo 493 de la ley laboral, toda vez que la Junta carece de facultades para modificar los porcentajes otorgados por el Instituto, ya que la propia Ley del Seguro Social establece la forma y procedimiento para determinar las valuaciones de las enfermedades y riesgos de trabajo, por lo que de ahí resulta improcedente que la autoridad condene al Instituto con las facultades que dice le otorga el artículo 493 de la Ley laboral a incrementar la valuación de incapacidad parcial permanente a un 100% ya que si bien es cierto que el artículo 275 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre el Instituto y sus asegurados se podrán resolver ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y dándole una correcta interpretación a dicho dispositivo legal se llega a la conclusión que la aplicación es únicamente en cuanto a procedimiento y no así a los derechos que otorga la Ley Federal del Trabajo, ya que también cabe establecer que el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo le da facultades a los Tribunales del Trabajo para que aumenten la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad total permanente, y haciendo una correcta interpretación de este artículo cabe establecer que dichos Tribunales del Trabajo únicamente podrán hacer uso de esa facultad cuando el trabajador de una empresa o negocio no se encuentre inscrito ante el régimen obligatorio del Seguro Social puesto que también dicho dispositivo legal habla de una indemnización y no así de pensiones vitalicias, también cabe establecer que el artículo 60 de la Ley del Seguro Social establece la subrogación de la responsabilidad del patrón en los términos que la propia ley indica y no como lo pretende la autoridad responsable aplicando la Ley Federal del Trabajo ya que la subrogación que realiza el Seguro al encontrarse inscrito un derechohabiente otorga las prestaciones en dinero, especie y sociales que marca la propia Ley del Seguro Social y en cuestiones de incapacidades otorga pensiones vitalicias y por lo tanto no debe de aplicarse la Ley Federal del Trabajo por lo tanto la Junta carece de facultades para modificar los porcentajes otorgados por el instituto, además la Junta no puede determinar que el actor tenga una incapacidad total permanente, ya que dicha responsable no conoce en forma cierta el medio ambiente y las actividades del ahora tercero perjudicado en el centro de trabajo para el cual laboraba y no puede aplicar la analogía estableciendo que dada la categoría del actor no puede realizar su profesión y que éste se encuentra privado de una remuneración igual al de su categoría por lo tanto el laudo combatido es infundado e incongruente con la litis planteada, asimismo los peritos no tienen facultades para determinar la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo ya que éstos son únicamente simples auxiliares de la Junta, por lo que si establecen que es procedente la aplicación de dicho dispositivo legal los mismos pretenden ser parte en el juicio laboral, lo cual no es admisible ya que existen criterios sustentados por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Razón por la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de que ordene a la responsable dejar insubsistente el laudo combatido y dicte otro en el que se absuelva al instituto del incremento de porcentaje decretado por la Junta por la aplicación del artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo."

CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación.

Aduce la parte quejosa que la Junta responsable carece de facultades para modificar los porcentajes de las pensiones otorgadas por el instituto inconforme, pues la propia Ley del Seguro Social establece la forma y procedimiento para determinar las valuaciones de las enfermedades y riesgos de trabajo, de ahí que resulte inaplicable el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar la pensión hasta el 100%, ya que dicho numeral al hablar de una indemnización y no de pensión vitalicia, se refiere al caso de que el trabajador incapacitado no esté inscrito en el régimen obligatorio del seguro social; asimismo argumenta, que aun y cuando el artículo 60 de la Ley del Seguro Social establece la subrogación patronal en materia de riesgos de trabajo, ésta opera en los términos prescritos por la propia ley y no conforme a la legislación laboral.

Sobre lo anterior, cabe decir que adolecen de razón jurídica las alegaciones del peticionario de amparo atento a las siguientes consideraciones.

El artículo 60 de la Ley del Seguro Social textualmente dice: "El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado, en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo."

Del citado precepto se advierte que en materia de riesgos de trabajo la institución inconforme subroga a los patrones inscritos en el régimen obligatorio de seguridad social de todas aquellas responsabilidades contempladas en el Título Noveno de la legislación laboral; en esas condiciones, como el artículo 493 comprendido en el indicado título, que establece la facultad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para aumentar la indemnización hasta el monto que correspondería a una incapacidad permanente total en el evento de que la incapacidad permanente parcial trajera como consecuencia la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, tomando en cuenta la importancia de ésta y la posibilidad de desarrollar otra de similar categoría que produzca ingresos semejantes, debe concluirse que su aplicación en el laudo reclamado no transgrede garantías en agravio del amparista, habida cuenta que el numeral en comento trae imbíbita la obligación del patrón de incrementar la indemnización proveniente del riesgo de trabajo, siempre y cuando se pruebe el supuesto en él contenido, obligación de cuyo cumplimiento quedó relevado el patrón del trabajador demandante merced a la subrogación establecida por el artículo 60 de la Ley del Seguro Social.

Así las cosas, no obsta que dicha ley prescriba otra forma y procedimiento para determinar o modificar las valuaciones de las enfermedades y riesgos de trabajo, y que trate de pensiones vitalicias en vez de indemnizaciones, pues la existencia de esas formas y procedimientos no excluye a los estatuidos por la Ley Federal del Trabajo, la denominación de las prestaciones utilizadas por cada ordenamiento (pensión e indemnización) es intrascendente en razón de que ambas son equivalentes jurídicamente.

Son aplicables en la especie las ejecutorias consultables en las páginas 686, 687 y 629 de los precedentes de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no han integrado jurisprudencia, cuyo texto por su orden es: "SEGURO SOCIAL, PENSIONES POR INCAPACIDAD OTORGADAS POR EL. FACULTADES DE LAS JUNTAS PARA DETERMINAR EL GRADO.-La Junta de Conciliación y Arbitraje puede determinar, con base en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, que la indemnización de un trabajador debe corresponder a la incapacidad total permanente, aun cuando en los peritajes se haya señalado un porcentaje menor, atendiendo a las labores que desempeñaba el trabajador y la circunstancia de que la incapacidad que padezca lo imposibilite para desempeñar un trabajo que le produzca la misma remuneración que le producía su ocupación habitual. El anterior criterio es aplicable tratándose de las pensiones que otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que el referido artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo se encuentra dentro del capítulo de riesgo de trabajo, respecto de los cuales se sustituye dicho Instituto, con base en el artículo 60 de la Ley del Seguro Social, por lo cual debe concluirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no violan las garantías individuales del Instituto Mexicano del Seguro Social, al basarse en el ya referido artículo 493, para determinar el grado de las incapacidades y, consecuentemente el monto de las pensiones." "RIESGOS PROFESIONALES, INDEMNIZACION EN CASO DE. SUBROGACION POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA JURIDICA DE LAS PRESTACIONES. En principio, tratándose de riesgos de trabajo, los patrones son responsables del pago de las indemnizaciones que resulten, según la Ley Federal del Trabajo, que señala en el artículo 502 que en caso de muerte del trabajador la indemnización relativa será la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salarios; pero en el artículo 46 de la Ley del Seguro Social se establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en la obligación que la Ley Federal del Trabajo impone a los patrones en materia de accidentes de trabajo, cuando aseguren a sus trabajadores en contra de tales riesgos, estimándose que existe una equivalencia jurídica entre las prestaciones que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social por la muerte de un trabajador a consecuencia de un riesgo profesional y los que señala la ley laboral, aun cuando aquéllas se paguen en forma de pensiones o prestaciones sociales, sin que exista equivalencia aritmética por la distinta forma en que se líquida a los beneficiarios."

Por lo que resta, resultan correctas las consideraciones que condujeron a la Junta responsable a declarar procedente la modificación del monto de la pensión derivada de la incapacidad parcial permanente presentada por el actor Crescencio Leal Aguirre, en atención a que los dictámenes emitidos por los peritos designados por las partes y el tercero en discordia, así como del interrogatorio formulado al propuesto por el instituto quejoso, se concluye que efectivamente el nombrado tercero perjudicado quedó totalmente inhabilitado para desempeñar su profesión de electricista, u otra de categoría similar susceptible de producir ingresos semejantes, debido a la cuadriparesia y atrofia muscular ocasionadas por la encefalomielitis post vacunal, pues las opiniones técnicas son coincidentes en el padecimiento del incapacitado, e incluso en las preguntas adicionales hechas al perito médico Arturo Rodríguez Salas específicamente en la cuarta, afirmó que dado el diagnóstico el actor está francamente limitado para subir y bajar escaleras así como para cortar con pinzas eléctricas y maniobrar en instalaciones eléctricas; en ese orden de ideas, resulta inconcuso que en el caso se surtieron los supuestos exigidos por el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo para hacer procedente el aumento de la pensión de incapacidad parcial permanente valuada en un inicio en el 60%, al 100%. Por último, cabe decir que es intrascendente la afirmación del instituto quejoso relativa a que los peritos no tienen facultades para determinar la aplicación del numeral antes invocado por ser simples auxiliares de la Junta, toda vez que el laudo impugnado no se sustentó particularmente en esa opinión, sino en el resultado conjunto de los dictámenes periciales que evidenciaron la imposibilidad física del trabajador para desempeñar su profesión.

En las relacionadas circunstancias, ante lo infundado de los motivos de inconformidad hechos valer, se impone negar el amparo de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 158, 190 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en Guadalupe, Nuevo León, precisado en el resultando único de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito licenciados Juan Miguel García Salazar, Ramiro Barajas Plasencia y José Antonio Hernández Martínez, siendo ponente el segundo de los nombrados y firman con el secretario de Acuerdos que actúa y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/903-ac1bf79a/juntas-laborales-facultad-de-las-para-aumentar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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