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Modo: Corpus Pro

PENSION DE INVALIDEZ, MOMENTO EN QUE SE ORIGINA EL DERECHO A LA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 201/92. · Registro digital (IUS): 924
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, , Pág. 278.

Amparo directo 201/92, Instituto Mexicano del Seguro Social.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La existencia del acto reclamado se acredita con el informe rendido por la Junta responsable y con las actuaciones originales del juicio laboral que remitió para justificarlo.

SEGUNDO.- Las referidas constancias permiten establecer que el licenciado José Omar Díaz García, en su carácter de apoderado jurídico de Luis Puente Arévalo, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos siguientes: "A. Otorgamiento y pago de pensión de invalidez por enfermedad no profesional a partir del día 16 de abril de 1991. Y para lo sucesivo así como las asignaciones familiares correspondientes. B. Como consecuencia de lo anterior, el otorgamiento de la atención médica y clínica para mi representado y sus beneficios". Expuso como hechos los que a continuación se plasman: "1. Mi representado fue afiliado ante el I.M.S.S., bajo el No. de afiliación 0349- 22-0062 adscrito a la Unidad Médica Familiar No. 32, habiendo cotizado en más de 150 semanas dentro del Régimen de Seguridad Social Obligatorio por lo que reúne los requisitos del artículo 131 de la Ley del Seguro Social encontrándose vigente actualmente dentro del período de conservación de derechos, y asimismo padece una serie de enfermedades que hacen que su capacidad física se encuentra disminuida para laborar en más del 50% siendo éstas de carácter no profesional, las cuales lo imposibilitan para reintegrarse al desempeño de su trabajo habitual que era el de trabajos varios o cualquier otro similar susceptible de obtener ingresos iguales o superiores por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la ley de la materia mi mandante presenta un estado de invalidez. 2. Con fecha 16 de abril de 1991, mi representado solicitó ante la Delegación Regional del I.M.S.S., el informe sobre el precómputo de semanas cotizadas dentro del Régimen de Seguridad Social Obligatorio y en consecuencia sí tenía derecho a que se le otorgara la pensión de invalidez en virtud de que previamente con fecha 11 de octubre de 1990, se solicitó informe a la Subdelegación Cuatro Sureste del I.M.S.S. semanas reconocidas dentro del régimen indicado a lo cual dicha dependencia mediante oficio de fecha 7 de noviembre de 1990, me comunicó que al cuarto bimestre de 1990, solamente había cotizado la cantidad de 42 semanas, lo cual es completamente falso en virtud de que mediante comunicación dirigida a mi poderdante de fecha 9 de mayo de 1991, debidamente firmada por el C. lic. Gerardo Montalvo Almaguer titular de la subdelegación IV sureste le reconoce la cantidad de 510 semanas cotizadas al año de 1966, sin embargo en forma injusta manifiesta que el actor se encuentra fuera del período de conservación de derechos lo cual es completamente falso en virtud de que mi representado sí tiene vigencia de derechos por haber elaborado en los últimos 6 años con diferentes patrones e inscrito en el régimen obligatorio en consecuencia se niega al actor el trámite y otorgamiento de la pensión de invalidez a lo cual sí tiene derecho por reunir los requisitos de los artículos 128, 131, 133, 134, 182 y 183 de la Ley del Seguro Social vigente lo que en el momento procesal oportuno se justificará, motivo por el cual se acuden mediante a la presente vía ante este tribunal a fin de reclamar en favor del actor los conceptos que se indican en virtud de tener derecho a dichas prestaciones. Se anexan documentos en su original aunque se hicieron referencia anteriormente".

Jaime Leal Treviño, como apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al contestar la demanda sostuvo la improcedencia de las acciones intentadas contra su mandante, oponiendo la excepción de incompetencia desistiéndose posteriormente de la misma y en relación a los hechos: expresó: "AL PROEMIO.- Incisos a) y b). Es improcedente y el actor carece de acción y derecho para reclamar de mi representado otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, asignaciones familiares, atención médica y clínica a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo, en virtud de que el actor no tiene estado de invalidez alguno para laborar ni su capacidad se encuentra disminuida en más de un 50% ni enfermedad de origen general o padecimiento que le produzca un estado de invalidez, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos ni reúne los requisitos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, asimismo, no tiene beneficiario alguno registrado ante mi representado por lo que resultan improcedentes las asignaciones familiares y demás conceptos que reclama, asimismo, existe una completa obscuridad en sus reclamaciones, por lo que se deja a mi representado en un estado de indefensión. CONTESTACION A LOS HECHOS.- Sobre el Primer Punto. Unicamente se reconoce que estuvo inscrito ante el Instituto con el número de afiliación que señala, así como la clínica de adscripción y que cotizó más de 150 semanas dentro del Régimen Obligatorio del Seguro Social, pero es falso y se niega que padezca una serie de enfermedades y que éstas hacen que su capacidad para laborar se encuentre disminuida a más de un 50% y que éstas sean de carácter no profesional, así como falso que éstas lo puedan imposibilitar para reintegrarse al desempeño de su trabajo habitual de trabajos varios, u otros susceptibles de obtener ingresos iguales o superiores, así como falso que conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social, ya que la realidad de los hechos es que el actor no tiene estado de invalidez alguno para laborar, ni enfermedad o padecimiento de carácter no profesional que le produzca éste, cabe señalar que la capacidad del accionante no se encuentra disminuida en más de un 50% como falsamente lo señala el actor, por lo que no tiene estado de invalidez alguno para laborar, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos ni reúne los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, y asimismo es falso todo lo manifestado por el actor. Sobre el segundo punto. Unicamente se reconoce la solicitud que realizó ante mi representado respecto al precómputo de semanas cotizadas dentro del Régimen de Seguridad Social Obligatorio pero es falso y se niega que haya solicitado el otorgamiento de una pensión de invalidez, al Instituto y que el actor tenga derecho a la misma, únicamente se reconoce también que el actor se encuentra dentro del período de conservación de derechos pero es falso y se niega que el actor tenga estado de invalidez para laborar ya que no lo tiene y su capacidad para laborar no se encuentra disminuida en más de un 50% y no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social ni reúne los requisitos del mismo, por lo que resulta improcedente lo reclamado por el accionante y carece de acción y sus acciones no encuentran adecuación legal ni contractual alguna, asimismo con los documentos no acredita la negativa que pretende ni la solicitud de la pensión. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. FALTA DE ACCION.- En el actor para reclamar de mi representado otorgamiento y pago de la pensión de invalidez, asignaciones familiares, atención médica y clínica a partir del 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo, por las razones de facto y de jure que han quedado expuestas al contestar al proemio a los hechos de la demanda, los cuales se reproducen en la presente vía de excepción y obvio de repeticiones OBSCURIDAD.- Se opone esta excepción a todas y cada una de las acciones que se mencionan en la excepción anterior en virtud de que las mismas no se encuentran debidamente fundadas en los hechos de la demanda, por lo que se deja a mi representado en un completo estado de indefensión".

El dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos, la Junta responsable dictó un laudo que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- La parte actora probó sus acciones y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se condena a la parte demandada I.M.S.S., a las siguientes prestaciones: 1. A otorgar al actor la pensión de invalidez a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo, fecha en que el actor solicitó su pensión de invalidez y le fue negada como consta a foja 5 de autos. 2. A pagarle al actor las mensualidades de la pensión de invalidez a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo. 3. A otorgarle al actor y a pagarle las asignaciones familiares correspondientes a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo. 4. A otorgarle al actor y a sus beneficiarios la atención médica y clínica a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo. TERCERO.-Se concede al I.M.S.S., el término de 72 hrs., a fin de que cumplimente la presente resolución. CUARTO.-Notifíquese personalmente...".

Dicho laudo se sustenta en las siguientes consideraciones: "II. La litis en el presente juicio consiste en determinar lo siguiente: 1. Si la parte actora tiene o no estado de invalidez en los términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, la carga probatoria en el presente juicio le corresponde al actor. Y si proceden o no las acciones y excepciones hechas valer por las partes del presente juicio. III. Apreciación de las Pruebas. A). La parte actora para acreditar su carga probatoria ofreció las siguientes probanzas: La confesional expresa y espontánea no le favorece al oferente por no indicar en qué consiste y lo que pretende acreditar con ella; la documental consistente en la solicitud dirigida al Delegado Regional del I.M.S.S., se acredita que el actor con fecha 16 de abril de 1991, solicitó el otorgamiento de su pensión de invalidez, tan es así que el titular de la subdelegación No. 4 sureste le dio contestación al mismo de ahí que con la pericial médica ofrecida por el I.M.S.S. y desahogada a foja 31 de autos a cargo del Dr. Marco A. Martínez Méndez el actor acredita su carga probatoria, en virtud de que el citado médico reconoce que la parte actora tiene estado de invalidez, por lo anterior el actor se desistió de la prueba pericial médica ofrecida de su intención, la instrumental de actuaciones ofrecida por el I.M.S.S., no desvirtúa lo anterior ya que de la misma no se desprende hecho alguno que favorezca al actor y la presuncional legal y humana tampoco le favorece al demandado en virtud de que no dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 834 de la ley laboral y la documental consistente en la hoja de certificación de derechos que obra a fojas 26 y 27 de autos se acredita que el actor al segundo bimestre de 1991, cotizó 553 semanas, por lo anterior se ha de condenar al I.M.S.S., a otorgar al actor la pensión de invalidez a partir del día 16 de abril de 1991, y para lo sucesivo, fecha en que el actor solicitó su pensión de invalidez y le fue negada como consta a foja 5 de autos 2. A pagarle al actor las mensualidades de la pensión de invalidez a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo. 3. A otorgarle al actor y a pagarle las asignaciones familiares correspondientes a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo. 4. A otorgarle al actor y a sus beneficiarios la atención médica y clínica a partir del día 16 de abril de 1991 y para lo sucesivo".

TERCERO.- El promovente del amparo, aduce los conceptos de violación que enseguida se detallan: "En su laudo de fecha 16 de enero de 1991, que se impugna por esta vía, la Junta responsable condena al Instituto quejoso a otorgarle al actor Luis Puente Arévalo la pensión de invalidez y a pagarle las mensualidades de la misma a partir del 16 de abril de 1991, fecha en que el actor solicitó su pensión de invalidez por aplicación analógica del artículo 134 de la Ley del Seguro Social. Esto según la Junta, condena que se considera injusta porque infracciona lo previsto en el artículo 493 y en el ya mencionado de la Ley del Seguro Social, violando por ende, las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del País.- En Efecto, tales disposiciones legales con la prelación que se deja señalada, establecen lo siguiente: "Para los efectos de este ramo del seguro y de enfermedades y maternidad se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquella que el Instituto certifique el padecimiento" y "El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla". Luego entonces, es una recta interpretación de estos artículos de la ley en comento, es a partir del momento en que el Instituto demandado certifica el padecimiento el que debe tomarse como fecha de la iniciación de la enfermedad y el derecho a la pensión de invalidez comienza o nace desde el día en que se produce tal estado, eventos estos que únicamente pueden ser determinados por un profesionista médico y solamente en el caso de que no pueda fijar el día de inicio del estado de invalidez, debe tomarse en cuenta como comienzo o nacimiento del derecho a la pensión de invalidez, la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla. Ahora bien, en el caso encontramos que a las doce horas del día cinco de diciembre de 1991, el Dr. Marco A. Martínez Méndez, perito médico del instituto quejoso, rinde su dictamen en donde certifica que el ahora tercero perjudicado Luis Puente Arévalo presenta estado de invalidez y que ésta data a partir de dicha fecha en que lo dictamina, debiéndose destacar que el apoderado jurídico de dicho actor en la audiencia en que se desahogó tal probanza se allanó en su integridad al dictamen rendido por el referido profesionista médico, por lo que no existe en autos otro dictamen médico que contradiga lo dictaminado por el perito de mi representado. Así las cosas, la Junta responsable debió de haber considerado en su fallo, ciñiéndose a lo prescrito a los preinvocados artículos de la Ley del Seguro Social, que el derecho a la pensión de invalidez del demandante debía comenzar desde el día en que se produjo el estado de invalidez, dictaminado, según lo antes expuesto, el día cinco de diciembre de 1991, pues es precisamente a partir de esta fecha en que el referido perito dicte se produce el estado de invalidez del accionante y no como erróneamente lo expresa en su laudo que debe ser a partir del 16 de abril de 1991, fecha en que se planteó la solicitud y como lo pretende la parte actora en el juicio principal. En consideración a lo anterior, se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que se ordene a la responsable deje sin efectos su laudo y dicte uno nuevo en donde determine que el derecho a la pensión de invalidez del actor del juicio natural Luis Puente Arévalo y su consecuencia pago de las mensualidades de la misma y asignaciones familiares que procedan y atención médica debe datar a partir del día 5 de diciembre de 1991, fecha esta en que se certificó por el perito médico del Instituto quejoso la producción del estado de invalidez, de acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 134 de la Ley del Seguro Social".

CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación que anteceden, por las razones siguientes.

El promovente del amparo aduce que el laudo reclamado es violatorio de garantías, porque condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, pagar a Luis Puente Arévalo, pensión de invalidez, a partir de la fecha de presentación de la solicitud para obtenerla, dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno, y según éste, el derecho a la pensión de invalidez comenzó el día en que se dictaminó la misma por perito médico, cinco de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Como se advierte, el punto a dilucidar estriba en que se determine la fecha a partir de la cual se origina el derecho a la pensión que nos ocupa y a la luz de esto, calificar si el acto de autoridad es violatorio de garantías.

Para ello es menester examinar concienzudamente el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice: "134. El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla". Del contenido de la norma se colige que la misma contempla dos supuestos para determinar cuando nace el derecho a la pensión de invalidez y a efecto de estar en posibilidad de establecer cuál de éstos es la aplicable al caso concreto, es imprescindible señalar que el estado invalidante se presenta cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación profesional y ocupación anterior, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que en la misma región reciba un trabajador sano, de semejante capacidad, categoría y formación profesional, en términos del artículo 128 del invocado cuerpo de ley. Luego, es obvio que para concluir cuándo se dan las circunstancias apuntadas es indispensable oír la opinión de perito médico.

Ahora bien, el vocablo "siniestro" inmerso en la norma a estudio, sin atender a su sentido gramatical pues los diccionarios se forman por cuerpos sin facultades legislativas y no constituyen fuentes de derecho, aunque nada impide que los juzgadores los empleen como elementos auxiliares para determinar el sentido que el legislador quiso dar a la palabra, para lo cual es básico buscar el significado común de esa palabra en el lugar y tiempo que se utilizó porque la misma se encuentra ubicada en el capítulo del seguro de invalidez, se debe de tener como un sinónimo de padecimiento, cuya amplitud abarca las consecuencias de un accidente no profesional, defectos o agotamiento físico o mental, afección o encontrarse en un estado de naturaleza permanente que le impida trabajar (supuestos de los cuales debe derivar la imposibilidad referida, acorde al artículo 128, fracción II, de la Ley del Seguro Social), que es la limitante principal para que el asegurado no gane con su trabajo, en caso de que lo pudiera realizar, el porcentaje aludido. En resumidas cuentas, la detección de ese padecimiento constituye uno de los objetivos de la prueba pericial médica.

En autos no existe dato sobre la fecha del siniestro por lo cual el derecho a la pensión de invalidez comienza desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla y si ello sucedió el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno, fecha en que se requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para la obtención de ella, según es de verse de la documental que obra a foja cinco del juicio de donde emana el acto reclamado, por cuyo motivo se concluye que este último no es violatorio de garantías y por ende, procede negar al Instituto quejoso el amparo solicitado.

Sin que tenga aplicación al caso concreto, la hipótesis prevista por el artículo 93, párrafo I de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice: "Para los efectos de este ramo del seguro se tendrá como fecha de inicio de la enfermedad, aquella en que el Instituto certifique el padecimiento", en que apoya su pretensión de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que esta disposición se encuentra dentro del capítulo relativo a "Del seguro de enfermedades y maternidades", y por el contrario, el artículo 34 que es el aplicable a la presente cuestión, está ubicado en la fracción II, Capítulo V, relativo a "Del seguro de invalidez".

En iguales términos se pronunció este Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver los juicios de amparo directos números 263/91, 1/92, 160/92 y 186/92, promovidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resueltos respectivamente en sesiones plenarias del cuatro de julio de mil novecientos noventa y uno, doce de febrero, ocho de abril y veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 158 y 190 de la ley de Amparo, se resuelve.

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del acto que reclama de la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que se precisó en el primer resultando de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito que integran los Magistrados Leandro Fernández Castillo, Arturo Barocio Villalobos y Enrique Arizpe Narro, siendo relator el último de los nombrados.

Firman los Magistrados y el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/924-0ad78e31/pension-de-invalidez-momento-en-que-se-origina · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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