CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR.
AMPARO EN REVISION 259/92. ARTURO FUENTES MONTIJO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Es infundado el agravio hecho valer por el recurrente.
En efecto, contrariamente a lo expresado por el revisionista cabe decir que de la lectura integral de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, se desprende que el depositario judicial es un mero auxiliar de la administración de la justicia, y que las precitadas normas jurídicas no le confieren ninguna atribución sino que por el contrario le imponen obligaciones, por tanto el auto que revoca dicho nombramiento y lo requiere para que haga entrega del bien embargado, no afecta su esfera jurídica del quejoso, dado que no existe ningún precepto legal que lo proteja y sirva de fundamento al titular para hacer la defensa del mismo, de ahí que no está legitimado para acudir a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, por lo que al no perjudicarle los derechos del depositario ni las funciones propias de su cargo, consistentes en la custodia o administración del bien embargado, puede decirse que la remoción de su cargo a petición de quien lo nombró no produce afectación en el ámbito jurídico del titular de la acción constitucional.
Se cita en apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este tribunal al resolver el amparo en revisión 347/88 civil, recurrido por Pedro Dick, en sesión de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de votos, que a la letra dice: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCION DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURIDICA DEL.- El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados, que laceradas por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues, de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y, que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la justicia federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso".
Por otro lado, en su agravio el recurrente manifiesta también que sí expresó en su concepto de violación razonamientos tendientes a combatir la posible orden de arresto.
Ahora bien, contrariamente a lo aducido cabe decir que dicha manifestación es infundada, dado que de la lectura integral del escrito inicial de demanda no se advierte que el revisionista hubiera precisado en qué consiste la ilegalidad de la supuesta orden de arresto, puesto que el concepto de violación debe contener una relación razonada entre los actos desplegados por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrándose jurídicamente la contravención entre ellos, y expresándose además los derechos públicos conculcados, ya que el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estimen violados; la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas.
Se cita en apoyo a lo anterior la tesis 46/92 civil, sustentada por este Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR.- El concepto de violación debe ser la relación razonada por el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando, en el caso, derechos públicos individuales, conculcados por tanto, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos; la premisa menor, los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas".
En las condiciones apuntadas, lo procedente es confirmar el fallo recurrido.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías 83/92, promovido por Arturo Fuentes Montijo, contra el acto y las autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese en el Libro de Gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Lucio Antonio Castillo González, David Guerrero Espriú y Alicia Rodríguez Cruz, siendo relator el primero de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/965-d82adbae/conceptos-de-violacion-requisitos-logicos-y-juridicos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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