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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PATRON CUANDO RECLAMA LA ILEGALIDAD DEL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 239/95. · Registro digital (IUS): 3111
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARMANDO HECTOR PONCE GARCIA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, , Pág. 129.

AMPARO EN REVISION 239/95. ARMANDO HECTOR PONCE GARCIA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son fundados los agravios antes transcritos, además de que este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de la queja en uso de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

En efecto, como correctamente lo alega el recurrente, el quejoso en el presente juicio de garantías fue demandado en su carácter de patrón en el juicio generador del acto reclamado. Por ello, fue ilegal que en la sentencia recurrida se supliera su queja deficiente, toda vez que en el caso concreto opera para la parte quejosa el principio de estricto derecho. En acatamiento a este principio, el examen de la constitucionalidad del acto reclamado debe concretarse a la luz de los razonamientos vertidos en los "conceptos de violación", expresados en la demanda de garantías y en el caso de lo resuelto en un juicio de amparo, el revisor debe aplicar el fallo tomando en cuenta exclusivamente los agravios, es decir, basado en ese principio el órgano de control constitucional no puede realizar libremente el examen del acto reclamado sino debe limitarse a establecer si el acto reclamado es contrario a la Constitución, siempre y cuando ello sea basado en un razonamiento expresado en la demanda de garantías; inclusive, por virtud de la aplicación de este principio, puede ocurrir que, no obstante que el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, deba negarse la protección de la Justicia Federal solicitada por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo, conducente para que se le conceda el amparo al quejoso, o que siendo ostensiblemente ilegal la resolución recurrida, deba confirmarse por no ser apto el argumento del recurrente.

Este principio no es absoluto, ya que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, contempla varias excepciones, atendiendo unas a la naturaleza del acto reclamado y, otras a las circunstancias personales del quejoso y del recurrente; entre ellas está la contemplada en la fracción IV de dicho precepto, que es precisamente el fundamento con el que este Tribunal Colegiado suple la deficiencia de la queja en la presente revisión; esa fracción establece: "76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador", lo anterior implica que en materia laboral, que es precisamente la materia de este amparo, sólo se puede suplir la deficiencia de la queja en favor de la parte obrera, no del patrón como lo hizo la juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión 16/90, 11/91, 147/92 y 539/93, que dice: "EMPLAZAMIENTO, REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PATRON CUANDO ALEGA FALTA DE. En los casos en que se reclama la falta de emplazamiento legal en un juicio laboral, teniendo el quejoso el carácter de patrón, no basta que se limite a manifestar que no fue emplazado legalmente, sino que es necesario, por no estar permitida legalmente la suplencia de la queja a su favor, que formule razonamientos jurídicos y concretos para demostrar la ilegalidad de la diligencia en la que aparece que sí fue notificado".

La fracción VI del precepto en comento, que fue el fundamento con el que la juez federal procedió a efectuar dicha suplencia de la queja establece:

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa". Pero la interpretación sistemática de lo dispuesto por esta fracción en relación con las otras, permite concluir que la misma se aplica por exclusión, es decir, si las demás fracciones particularmente la II, III y IV del artículo 76 bis de la ley de la materia aluden a las materias penal, agraria y laboral, resulta lógico concluir que la fracción antes transcrita se refiere a las materias civil lato sensu (civil, mercantil y familiar) y administrativa, por lo que esta fracción no puede servir de fundamento para suplir la queja deficiente del patrón en el juicio de garantías en materia laboral. Todo lo antes expresado permite estimar que si es un patrón el que acude ante el órgano de control constitucional a pedir amparo contra actos dictados en un juicio laboral, debe aplicársele el principio de estricto derecho y por ello, es ilegal la sentencia recurrida.

Ciertamente, este Tribunal Colegiado advierte que fue incorrecta la actuación de la juez federal a quo, en virtud de que procedió a calificar la legalidad del emplazamiento al juicio natural sin que el quejoso haya hecho planteamiento alguno basado en su ilegalidad, sino que de manera genérica se refirió a la falta de éste que son cuestiones completamente distintas, máxime que en su demanda para nada se refiere al actuario de la Junta responsable que es el funcionario a quien, en todo caso, podría habérsele atribuido por el quejoso el indebido emplazamiento. Esto es, la juez a quo confundiendo el planteamiento de la parte quejosa resolvió una cuestión no debatida.

En apoyo de esta consideración, y de las que se expresarán más adelante, conviene transcribir la parte de la demanda de garantías en la que el quejoso expresó conceptos de violación y que a la letra dice: "A). En el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece `...que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...' y en mi caso concreto, al suscrito se me pretende privar de mi libertad personal y de mis propiedades y posesiones, sin que haya sido oído y vencido en juicio en que se asevere dicha situación, incumpliéndose así con los requisitos establecidos por la ley. B). Asimismo se viola en mi perjuicio lo establecido por el artículo 16 constitucional que la letra dice: `...nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...' y en la especie se me está molestando en mi persona y posesiones al tratar de privárseme de mi libertad personal así como de mis propiedades, sin que exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. C). Asimismo se viola en mi perjuicio lo establecido en la última parte del artículo 17 constitucional y que textualmente dice: `...nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil...' y en el presente caso considero que la orden de detención emanada de la autoridad señalada como responsable se deriva de alguna liquidación que a la fecha desconozco".

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, el quejoso substancialmente alegó que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque sin haber sido oído ni vencido en el juicio natural generador del acto reclamado se ordenó su detención y la de un vehículo de su propiedad.

Pero esas afirmaciones resultan inatendibles, pues aparte de hacer una cita literal de los preceptos constitucionales que invoca, agrega una serie de manifestaciones abstractas que no pueden considerarse como la formal expresión de conceptos de violación; ello es así porque el agraviado sólo afirma que se pretende privarlo de su libertad y posesiones sin haber sido oído y vencido en juicio, que con ello además, sufre molestia en su persona y en sus bienes sin que exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y que la orden de detención reclamada deriva de alguna liquidación que desconoce. Sirven de apoyo a lo anterior las Jurisprudencias 14 y 87 sustentadas por este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen. "CONCEPTOS DE VIOLACION, REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR. El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que se estiman violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando, en el caso, que la ley impugnada, en los preceptos citados, conculca sus derechos públicos e individuales. Por tanto, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos; la premisa menor los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas"; y, "CONCEPTOS DE VIOLACION. En el juicio de garantías no basta con que el quejoso sostenga que un determinado acto de autoridad es contrario a la ley o a los principios generales de derecho, sino que, ante el órgano de control constitucional, debe hacer patente el ataque a sus garantías individuales demostrando, a través de planteamientos jurídicos, lo ilegal del acto reclamado, precisando en ellos, tanto las disposiciones legales o principios generales de derecho que se estiman infringió u omitió acatar la autoridad, como las razones o motivos por los que son vulnerados o desatendidos por propia autoridad en el acto que se reclama".

Las consideraciones que preceden conducen a revocar la sentencia sujeta a revisión y negar el amparo solicitado, negativa que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados de las autoridades señaladas como ejecutoras, por la razón de su jerarquía y porque no se combaten por vicios propios, de conformidad con la Jurisprudencia número 19 de este Tribunal Colegiado, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía".

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Armando Héctor Ponce García, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, Director de Tránsito y Coordinador de la Policía Judicial, todos del Estado de Puebla, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo a la juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado el Sexto Circuito, licenciados Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, Gustavo Calvillo Rangel y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3111-20fb3f73/emplazamiento-requisitos-que-debe-cumplir-el-patron-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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