INFORME JUSTIFICADO. FALTA DEL (AUTO DE FORMAL PRISION).
AMPARO EN REVISION 323/93. ARMANDO PAPAQUI RODRIGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios antes transcritos.
Es cierto que en el tercer punto petitorio de la demanda de garantías, el quejoso solicitó del Juez de Distrito que ordenara a la autoridad responsable que remitiera todas las constancias que obran en el proceso de origen, afirmando que para él sería imposible aportarlas antes de la audiencia constitucional; pero no menos cierto es que en el auto admisorio de veintiuno de mayo del año en curso (foja siete frente), el Juez Federal a quo requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado dentro de tres días, en términos de los artículos 147 a 149 y 156 de la Ley de Amparo. Es decir, solicitó a la Juez del conocimiento que remitiera las constancias necesarias junto con su informe, habida cuenta de que el numeral 149 de la referida ley establece que las autoridades rendirán su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes, acompañando copias certificadas de las constancias.
En cumplimiento de lo anterior, con fecha tres de junio de este mismo año, la Juez Primero de lo Penal de esta capital rindió su informe justificado expresando ser cierto el acto reclamado pero no ilegal y exponiendo además las razones y fundamentos legales que estimó pertinentes; asimismo manifestó en relación a las constancias solicitadas, que "no se remiten copias certificadas ni se remite duplicado, en virtud de que éste se encuentra en el Juzgado Quinto de Distrito. Y el original de esta causa se encuentra en el departamento de fotocopiado del H. Tribunal de Justicia del Estado...".
Ahora bien, la circunstancia de que el hoy recurrente haya solicitado del Juez Federal a quo que a su vez requiriera a la autoridad responsable para que remitiera las constancias necesarias, no significa que el Juez de amparo tuviera la obligación de recabar las constancias de oficio, de diferir la audiencia de ley hasta que la responsable remitiera las copias certificadas o en su caso el duplicado del proceso de origen, o bien que hubiera tenido que obligar a la Juez natural a remitir las constancias, y que por ende el quejoso se librara de la carga de aportar las pruebas necesarias para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado.
En efecto, aun cuando el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo confiere la facultad al Juez de Distrito de suplir la deficiencia de la queja, ello significa que esa disposición obliga al Juez de amparo al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, a corregir errores en la cita de preceptos violados y a intervenir de oficio inclusive esgrimiendo los argumentos omitidos por el quejoso; pero tal suplencia no puede llegar al grado de que el juzgador tenga la obligación de recabar pruebas de oficio y por ende declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión, sin prueba alguna, o bien de liberar al quejoso de la carga de solicitar sólo lo que a él le corresponde, como el diferimiento de la audiencia. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por este Tribunal Colegiado, la primera al resolver los juicios de amparo en revisión números 383/91, 13/92 y 468/92, y la segunda al dilucidar los juicios de amparo en revisión números 123/89 y 119/91, que respectivamente establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. MATERIA PENAL.-Si bien el Juez de Distrito tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, tal facultad se constriñe a la mera suplencia de argumentos no expresados en la demanda de garantías, o en su caso en el escrito de revisión, es decir, se reduce al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, llegando al grado de esgrimirlos a pesar de que en la demanda o en el escrito de revisión hubiera ausencia de unos u otros; pero tal suplencia no llega al extremo de recabar pruebas de oficio y mucho menos a declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión sin prueba alguna."; y, "SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN QUE CONSISTE (DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA).-Si bien de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja en favor del peticionario de garantías, tal suplencia sólo faculta a la potestad federal a corregir errores en la cita de preceptos violados y a intervenir de oficio en el análisis del amparo haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o conduzcan al conocimiento de la verdad, pero no puede liberar al quejoso de solicitar aquello que sólo a él le corresponde pedir, como en el caso es solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional.".
De la misma manera, ninguna disposición de la Ley de Amparo constriñe al Juez de Distrito para emplear los medios de apremio y obligar de alguna manera a la autoridad responsable a que rinda su informe justificado acompañando necesariamente las constancias indispensables para fallar el asunto, ya que de lo contrario no tendría aplicación al párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo que establece la presunción de ser cierto el acto reclamado cuando la responsable no rinda su informe en términos de ley. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo en revisión número 140/88, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. FALTA DEL. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA.- No es verdad que a falta de informe justificado de la responsable se deba diferir la audiencia, para emplear los medios de apremio y obligarla para que lo rinda; en efecto, de requerirse de nueva cuenta el informe a la responsable y de emplearse los medios de apremio que señala la ley, no tendría aplicación, ni razón de ser, el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo; por otra parte es inexacto que se deje al quejoso en estado de indefensión, ya que tiene la oportunidad de demostrar ante el Juez de Distrito la inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de las pruebas correspondientes.".
Así pues, en el caso concreto el quejoso no quedó liberado de la carga procesal de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Tan es así, que el artículo 152 de la ley de la materia previene que para efecto de que las partes pueden rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, las autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que le solicitaren, y si se negaren a hacerlo o no cumplieren con la debida oportunidad, la parte interesada solicitará al Juez Federal que requiera a los omisos, inclusive pidiéndole a su vez que aplace la audiencia de ley para dar margen a que se cumpla con lo solicitado. Por lo mismo, el hoy recurrente, aun suponiendo que del lapso de la interposición de su demanda de garantías a la fecha de la audiencia constitucional no tuviera tiempo de aportar las constancias necesarias, tenía la obligación de solicitar a la responsable le expidiera las copias certificadas pertinentes para ofrecerlas como pruebas en el presente juicio de amparo, así como a su vez de solicitar del Juez Federal que aplazara la audiencia para dar margen a que la responsable le expidiera las constancias necesarias, y en su caso también pedir al Juez de Distrito a quo que a su vez requiriera a la autoridad omisa para que cumpliera con su deber. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 213 sustentada por este órgano colegiado, así como la tesis de este propio Tribunal Colegiado sostenida al resolver los juicios de amparo en revisión números 152/88 y 211/90, que respectivamente establecen: "AUDIENCIA DE AMPARO. APLAZAMIENTO DE LA.-El artículo 152 de la Ley de Amparo sólo autoriza el aplazamiento de la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir copias o documentos, para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaren a hacerlo, o no cumplieren con esta obligación, y siempre que los interesados soliciten del Juez de Distrito que requiera a los omisos"; y, "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO POR FALTA DE CONSTANCIAS. DEBE SOLICITARLA EL QUEJOSO.-Es verdad que el Juez Federal tiene facultades para diferir la audiencia, si el informe de la responsable es insuficiente, para exigirle que lo amplíe, pero sólo puede hacerlo a solicitud de las partes, tomando en cuenta que el artículo 149 de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente, que si el informe con justificación no se rinde por lo menos ocho días antes de la audiencia, el Juez podrá diferirla a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, por lo que si la autoridad responsable rindió tal informe solamente con dos días de anticipación a la fecha en que se celebró la audiencia remitiendo constancias insuficientes, la quejosa tiene el derecho de pedir al Juez a quo su diferimiento para que en su caso la responsable amplíe su informe.".
En consecuencia, al no ser inconstitucional en sí mismo el auto de formal prisión reclamado por provenir de una autoridad judicial facultada para emitirlo en términos del artículo 19 de la Carta Fundamental, como lo es la Juez Primero de lo Penal de esta capital; luego quedó a cargo del quejoso el de aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos que determinaran su ilegalidad, ante la falta de constancias indispensables para fallar el asunto. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 151 y con la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 54/90, 439/90, 350/90 y 47/93, que respectivamente establecen: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL.-Aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso, pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe."; e, "INFORME JUSTIFICADO FALTA DEL (AUTO DE FORMAL PRISION).-El Juez de lo penal de conformidad con lo establecido por la ley orgánica del poder judicial, en relación con el diverso 19 constitucional, y 211 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, es autoridad competente para dictar un auto de formal prisión, por lo que tal acto es constitucional en sí mismo. En esas condiciones y cuando la responsable omita rendir su informe justificado, queda a cargo del quejoso de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, la prueba de los hechos que determinarán su inconstitucionalidad.".
Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Armando Papaqui Rodríguez en contra del acto que reclama de la Juez Primero de lo Penal de esta capital, el cual fue precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas; siendo ponente el segundo de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1252-78c1ee36/informe-justificado-falta-del-auto-de-formal-prision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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