ORDEN DE APREHENSION. PREVALENCIA O MINUSVALIA DE LOS ELEMENTOS DE DESCARGO SOBRE LOS DE CARGO, OPORTUNIDAD PARA DILUCIDAR LA.
AMPARO EN REVISION 231/93. ALEJANDRO AGUILAR JACOME.
CONSIDERANDO:
III.- Sobre la base de que dado el texto de los artículos 14, 16, 17, 19 y 22 constitucionales, la materia de las sentencias dictadas en juicios como el presente y el fin al que las mismas tienden, las autoridades encargadas de la función de control de la constitucionalidad no pueden violar las garantías de seguridad jurídica que tutelan los numerales en cita al dictar aquéllas, en apoyo de lo que cabe invocar la tesis de jurisprudencia de este órgano colegiado que bajo el número VII. 2o. 5 y epígrafe "SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES" puede consultarse en la página ochenta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 46, editada en octubre de mil novecientos noventa y uno, debe decirse que es inatendible lo que se aduce a título de agravios, cuenta habida de que: a).- Tocante a lo que se aduce en torno a que "se asienta de manera falsa que las autoridades señaladas como ejecutoras hayan negado el acto reclamado, aduciendo el Juez de Distrito que tales autoridades al rendir su informe justificado negaron, sin prueba apta en contrario, que pretendan mi captura con motivo de la orden de aprehensión dictada por el Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de Xalapa, y afirmo lo anterior porque precisamente todas las órdenes de aprehensión dictadas por cualquier Juez son comunicadas de inmediato a las autoridades policiacas para la captura del prófugo, siendo muy grave el que se diga que no hay prueba apta para justificar que tales autoridades pretenden privarme de mi libertad" y que "no era necesaria ninguna prueba para justificar el hecho cierto de que soy buscado por agentes policiacos que quieren a toda costa privarme de mi libertad", debe decirse que a más de que el solo dicho del quejoso no es apto para demostrar la existencia de los actos impugnados si no hay pruebas fehacientes que lo apoyen, como sucede en la especie, el más Alto Tribunal del país ha sostenido el criterio jurisprudencial número 1002 que bajo el epígrafe "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" puede consultarse en la página mil seiscientos veintiuno de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve en el sentido de que si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo; b).- Si bien es cierto que en el considerando tercero de la sentencia en análisis el Juez de Distrito tuvo por reproducidos los motivos de disconformidad formulados por el revisionista Alejandro Aguilar Jácome, también lo es que resulta inexacto lo que se arguye acerca de que omitió "analizarlos manifestando el motivo por el cual se desvirtúan y se tienen por improcedentes", pues aun cuando no se refirió en forma expresa a tales conceptos implícitamente se ocupó de ellos al establecer que la orden de aprehensión combatida en el juicio de amparo al que este toca se contrae no es violatoria de las garantías individuales del quejoso, por satisfacer en el caso los requisitos previstos por el artículo 16 de la Carta Magna, en apoyo de lo que cabe invocar la tesis que bajo el rubro "AUTO DE FORMAL PRISION (CONCEPTOS DE VIOLACION)" es visible en las páginas mil novecientos nueve y siguiente del Tomo XCVII, Quinta Epoca, del aludido Semanario, aplicada al caso por analogía; c).- Del hecho de que en el oficio de catorce de diciembre del año retropróximo, signado por el jefe de grupo de agentes de la Policía Judicial del Estado, se contenga el dicho del menor Miguel Angel Vázquez Aburto no se sigue que "tal prueba no puede ser apta para dictar una orden de captura", pues tal elemento de prueba no fue tomado en cuenta aisladamente, a lo que debe añadirse que la máxima intérprete de la ley, en la tesis que bajo la voz "ORDEN DE APREHENSION" aparece publicada en la página mil ciento dos del Tomo XIX, de los Epoca y Semanario en cita, entre otras cosas sostiene el criterio de que en tratándose de una orden de aprehensión basta el dicho de un solo testigo que apoye suficientemente la acusación, como acontece en el caso a estudio; d).- En cuanto a lo que alega el quejoso respecto a que "no alcanzo el derecho a obtener mi libertad caucional para presentarme ante el Juez que me reclama, por lo que he tenido que abandonar mi hogar, mi familia, mi trabajo, mis estudios, mi círculo social y al ser perseguido me encuentro escondido para que se ignore mi paradero", debe significarse que no son los agravios de hecho sino los de derecho los que puede examinar el tribunal constitucional de segundo grado al fallar en la revisión, es decir, sólo puede decidirse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una resolución se cause perjuicio, por muy grave que éste sea, dicho tribunal no podría remediarlo mientras no se demuestre ante ella que tal resolución fue dictada con infracción de un precepto legal, en apoyo de lo que cabe invocar la diversa tesis de jurisprudencia del aludido más Alto Tribunal del país que bajo el número 106 y epígrafe "AGRAVIOS EN LA REVISION DEBEN REFERIRSE A DERECHOS" pueden consultarse en la página ciento setenta y ocho de los citados parte y Apéndice; e).- Basta leer el acta relativa a la diligencia de inspección ocular que obra a fojas noventa y uno del juicio al que este toca se contrae, para advertir que es falso que en ella se hubiera aseverado que el testigo de cargo Miguel Angel Vázquez Aburto "NO TENIA VISIBILIDAD hacia el lugar donde dice que me vio parado golpeando un coche", como al parecer se pretende; f).- Respecto a lo que arguye el disconforme en el sentido de que "no fui asesorado jurídicamente cuando declaré ante el Ministerio Público, ignorando que podía nombrar a una persona de mi confianza para que me defendiera, quienes tomaron mi declaración no me hicieron saber este derecho y no me fue nombrado ningún defensor de oficio", cabe decir, al margen de cualesquiera otras consideraciones, que ni aquél expresa ni este tribunal advierte qué perjuicio pudo irrogarle el hecho de que el Ministerio Público no hubiera cumplido con esa obligación, supuesto que el propio inculpado no confesó nada que pudiera operar en su contra; g).- De la lectura de la sentencia en análisis se advierte que es incierto que en la misma "se establecieron criterios faltos de fundamentación y motivación", sin que se advierta por qué se duele el disconforme de transgresión "a lo establecido por el artículo 14 constitucional", en virtud de que las órdenes de captura, como la que se reclama en la especie, constituyen actos de molestia a los que se contrae el invocado artículo 16 del Pacto Federal, motivo por el que ninguna aplicación puede tener el precepto señalado en primer término, siendo aplicable al caso el criterio sustentado por este órgano colegiado al resolver el amparo en revisión número 251/92, interpuesto por Leobardo Marcelo Herrera; h).- Es claro y patente que queda fuera de lugar lo que se aduce en torno a que no se demostró la preexistencia de los objetos que se dicen robados, pues no debe perderse de vista, en primer término, que para dictar una orden de aprehensión no es preciso que esté comprobado el cuerpo del delito sino sólo que se llenen los requisitos prevenidos por el artículo 16 en cita, según la tesis jurisprudencial número 1228 que bajo el rubro "ORDEN DE APREHENSION" es visible en la página mil novecientos setenta y cuatro de los citados parte y Apéndice, y en segundo, que la demostración del extremo de que se habla sólo es necesario para comprobar el cuerpo del delito de robo en el caso de excepción al que se contrae el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales para la entidad; i).- A más de que el disconforme no cuida de precisar cuáles son las contradicciones en que, según él, incurrió el testigo de cargo, este tribunal no advierte que exista alguna apta para restar valor probatorio a su dicho; j).- Tocante a la negativa del revisionista al declarar ante el Ministerio Público y a las declaraciones de Gerardo Jorge Aguilar Jácome y de Jesús Iván Torres Hernández, cabe destacar que por regla general, y en tratándose de órdenes de aprehensión, basta que los elementos de cargo que obren en el sumario sirvan de apoyo a la denuncia, acusación o querella de hechos que la ley castiga con pena corporal y hagan probable la responsabilidad del inculpado, como ocurre en el caso justiciable, para que los presupuestos del artículo 16 de la Carta Magna se surtan, quedando para otro momento procesal determinar la prevalencia o minusvalía de las pruebas de descargo sobre las de cargo, según lo ha sostenido este propio tribunal al decidir los amparos en revisión números 86/93 y 134/93, interpuestos por José Saldaña Rivera y Cristina Rojas Rosas y Josué Adrián Olmos Morales, respectivamente; k).- Con independencia de cualesquiera otras consideraciones, debe señalarse, respecto a lo que se arguye en el sentido de que "teniendo derecho a que se me recibieran pruebas en la fase de averiguación previa, me fueron negadas sin ninguna razón", que tales actos, imputables en todo caso al Ministerio Público que practicó la averiguación previa correspondiente, no forman parte de la litis en este asunto; l).- No se ve por qué el quejoso alega que "cuando en un amparo se ofrezcan pruebas como en mi caso que se reclama una orden de aprehensión, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, el Juez de Distrito debe valorarlas", pues la lectura de la sentencia en análisis permite caer en cuenta de que precisamente eso hizo el Juez de Distrito al dictarla, y m).- Hacer narraciones, formular opiniones y elucubrar sin apoyo en argumentos jurídicos concretos en contra de las resoluciones que dicten los juzgadores de primer grado no es formular lo que propiamente integra un agravio, cuyos requisitos han sido precisados en la tesis de jurisprudencia número 103 y epígrafe "AGRAVIOS EN LA REVISION" consultable en las páginas ciento setenta y cuatro y siguiente de los parte y Apéndice de que se habla, cuya sinopsis reza: "Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de estos requisitos.".
Sentado lo anterior, y por cuanto no se advierte que exista en el caso queja que suplir en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo que implica que ninguna aplicación tienen en la especie las tesis que invoca el revisionista, debe confirmarse la sentencia en análisis.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia definitiva autorizada el diecinueve de mayo del año en curso por el Juez Primero de Distrito en la entidad en el juicio de garantías número 295/93, promovido por Alejandro Aguilar Jácome contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que, por una parte, sobreseyó en dicho juicio, y por la otra, denegó el amparo pedido.
SEGUNDO.- Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto González Bozziere, Rosa María Temblador Vidrio y Luis Alfonso Pérez y Pérez, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Fue ponente el último de los nombrados. Doy fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1076-50de51db/orden-de-aprehension-prevalencia-o-minusvalia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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