SUPLETORIEDAD DE LEYES. CUANDO SE APLICA.
AMPARO EN REVISION 1523/96. JAIME LEVY ALCAHE.
CONSIDERANDO:
SEXTO.- Es infundado el primer concepto de violación, ya que la quejosa parte de la idea errónea de que la autoridad responsable emitió la resolución impugnada en día no hábil, pues señala que el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, los tribunales no laboraron por encontrarse en período vacacional, hecho que es conocido por la autoridad responsable, ya que se dio a conocer dicho período vacacional en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Al respecto, el artículo 1064 del Código de Comercio, establece:
"Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles todos los días del año, menos los domingos y aquellos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan el procedimiento. Se entienden horas hábiles las que median desde las siete hasta las diecinueve horas."
De la transcripción anterior se infiere que al referirse como días hábiles aquellos en que no laboren los tribunales competentes en materia mercantil que conozcan del procedimiento, la palabra tribunal en este caso comprende a la responsable Comisión Nacional de Valores, toda vez que ella es la autoridad que estaba conociendo del procedimiento en que se dictó el acto reclamado, consecuentemente, serán días inhábiles aquellos en que no labore o se encuentre en período vacacional la autoridad responsable, ya que para dicha autoridad son hábiles los días en que labore, independientemente de si los tribunales laboran o no.
En consecuencia, debe declararse infundado el concepto de violación hecho valer al respecto.
Por otra parte, la quejosa, en su segundo concepto de violación, esgrime que la Comisión responsable aplicó incorrectamente la figura de la caducidad, siendo que no está prevista en la Ley del Mercado de Valores, por lo que no era aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues éste sólo es aplicable respecto de figuras jurídicas comprendidas en el ordenamiento invocado en primer término.
Asiste la razón al peticionario de garantías, en virtud de que, efectivamente, la autoridad responsable aplicó indebidamente una figura jurídica no establecida en la ley de la materia, como se demuestra a continuación.
Al respecto, el artículo 87, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores dispone:
"ARTICULO 87.- En caso de controversias entre una casa de bolsa y sus clientes con motivo de la contratación de servicios u operaciones, quedará a elección del inversionista acudir en vía de reclamación ante la Comisión Nacional de Valores, previamente al ejercicio de la acción que proceda ante los tribunales competentes. Las casas de bolsa estarán obligadas, invariablemente, a acudir a la vía de reclamación antes de ejercitar cualquier acción procesal en contra de su clientela, salvo el caso de reconvención. El procedimiento conciliatorio y el arbitraje previstos en este artículo se sujetarán a las reglas que a continuación se señalan: ...
"III.- El juicio arbitral de estricto derecho se apegará al procedimiento que convencionalmente determinen las partes mediante pacto celebrado ante el árbitro, fijando las reglas para tal efecto; aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, salvo su artículo 1419; a falta de disposición de dicho Código, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal."
En la junta de avenencia celebrada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, el quejoso y la tercera perjudicada solicitaron, en virtud de no haber llegado a ningún acuerdo conciliatorio, la intervención de la Comisión Nacional de Valores para que en calidad de árbitro resolviera la controversia en juicio arbitral de estricto derecho, sujeto a lo previsto por el artículo 87, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, aplicando supletoriamente el Código de Comercio y a falta de disposición en dicho Código, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (folios 422 y 423 del juicio de amparo).
Al respecto, debe apuntarse que en el compromiso arbitral se señaló como única base para la tramitación del procedimiento arbitral, lo siguiente:
"... el compromiso arbitral al cual las partes intervinientes en la presente reclamación han aceptado someterse, deberá desenvolverse y desarrollarse en los términos establecidos con toda precisión en la fracción III del artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores, y que la litis se fijará en los momentos procesales oportunos tanto con la presentación de la demanda como con la contestación que al efecto se produzca. Y que estarán a lo dispuesto en el Código de Comercio, específicamente al procedimiento ordinario mercantil, en todo lo que no se encuentre previsto en el procedimiento que al efecto establece el artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores."
Ahora bien, se afirma que tiene razón la quejosa, en virtud de que, al no encontrarse prevista la figura de la caducidad en la ley que regula el acto, que en este caso lo es la Ley del Mercado de Valores, era obvio que la autoridad no podía aplicar supletoriamente ni el Código de Comercio ni el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues eso sería tanto como incluir figuras jurídicas a un ordenamiento legal, lo cual no es la razón de ser de la supletoriedad.
Esto es así, pues en diversas tesis se ha establecido que la aplicación de las leyes supletorias sólo tiene lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas; sin embargo, el procedimiento arbitral está regulado en el artículo 87, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores, y dentro de esa reglamentación no se advierte el establecimiento de la figura jurídica que la autoridad señala, por lo que la responsable no debió haberla aplicado al caso que nos ocupa.
En efecto, el precepto legal invocado solamente hace referencia a las notificaciones y a algunos términos que rigen en el juicio arbitral, lo que es insuficiente para tramitar el procedimiento y resolver la controversia, pues no se hace referencia a la etapa probatoria, a los alegatos de las partes, etc., lo que lleva a concluir que aun cuando el artículo 87, fracción III, párrafo primero, de la Ley del Mercado de Valores haga referencia a la aplicación supletoria del Código de Comercio, lo que realmente establece es su aplicación complementaria al ordenamiento legal mencionado en primer término, pues sin su aplicación sería imposible tramitar un juicio arbitral, por las carencias ya apuntadas.
Por otra parte, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal si bien es de aplicación supletoria al Código de Comercio, por así disponerlo expresamente el artículo 87, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores (ya transcrito), al ordenar que se aplicará sólo a falta de disposición expresa del de Comercio. Esto significa que para que el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal pueda ser aplicado como ley supletoria es indispensable que la figura procesal esté comprendida en la ley que suple (Código de Comercio) y que esta figura se encuentre carente de reglamentación o deficientemente reglamentada, lo que no ocurre en la especie, ya que como se ha precisado con antelación ni la Ley del Mercado de Valores, ni el Código de Comercio contemplan o establecen la figura jurídica de la caducidad, por lo que la autoridad responsable no debió aplicarla al caso en estudio.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aislada y de jurisprudencia consultables, respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, página 240 y en la compilación de 1917-1995, Tomo IV, página 187, que a continuación se transcriben:
"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.- La aplicación de las leyes supletorias, sólo tiene lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas."
"LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.- Si bien los Códigos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto en el código mercantil, y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la intención del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas."
Asimismo, debe aplicarse la tesis de este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, mayo de 1991, página trescientos cinco, que a letra dice:
"- La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida."
En este estado de cosas, si la autoridad responsable, para declarar la caducidad del procedimiento arbitral, tomó como apoyo el artículo 137 bis, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente a la Ley del Mercado de Valores, es evidente que tal actuación resulta incorrecta, pues como se señaló, la supletoriedad opera cuando prevista la figura en la ley a suplir, no se encuentra específicamente reglamentada y, como en el caso a estudio, la Ley del Mercado de Valores no prevé la caducidad, es claro que la autoridad responsable no debió aplicarla, pues al hacerlo introdujo una figura procesal que no estaba prevista en la ley que suple.
Consecuentemente, debe declararse fundado el último concepto de violación examinado, ya que la autoridad responsable violó el artículo 16 constitucional, pues apoyó la emisión del acto reclamado en un precepto legal que no era aplicable, por lo que, en consecuencia, se debe conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, 86, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:
PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JAIME LEVY ALCAHE, contra el acto que reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en la resolución de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, dictada en el expediente DGJ-3/87.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos, Carlos Alfredo Soto Villaseñor y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4093-8ddf09c0/supletoriedad-de-leyes-cuando-se-aplica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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