JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA PRESENCIA E INTERVENCIÓN DE SUS REPRESENTANTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO SEXTO Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

De conformidad con los artículos 21, 22, 407, 418, 419, 444 y 445 del Código Civil para el Estado de Chiapas, los menores no emancipados tienen limitada la capacidad de ejercicio, por lo que están sujetos a la patria potestad o a la tutela. En virtud de estas instituciones, los niños y adolescentes deben ser representados o asistidos en la realización de actos jurídicos por personas capaces (ascendientes o tutores), a fin de suplir las limitaciones inherentes a su calidad de personas en desarrollo. Así, para que los menores puedan ser sometidos válidamente a algún procedimiento administrativo o jurisdiccional es necesario que tengan la oportunidad razonable de contar con la presencia e intervención de sus representantes legales. En este contexto, los artículos 44 y 45 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 142, fracción XXIII, de la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de aquella entidad reconocen que todo menor acusado de infringir la ley penal tiene derecho a que sus representantes legales participen en el procedimiento seguido en su contra (investigación preliminar y proceso). Por su parte, las autoridades ministeriales y jurisdiccionales especializadas en justicia para adolescentes están obligadas a proveer todas las medidas necesarias para propiciar que los menores gocen plenamente del expresado derecho, como se colige de los artículos 4o., párrafo octavo y 18, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El debido cumplimiento de dicho deber exige que se practiquen las diligencias pertinentes para localizar a los ascendientes o tutores del menor y para comunicarles personalmente las facultades de representación que les atañen y las actuaciones a las que están llamados a intervenir. De no ser posible la inmediata localización y notificación personal de los ascendientes o tutores, las autoridades operadoras del sistema de justicia para adolescentes, sin paralizar el procedimiento, deberán designar al menor un tutor especial, mediante el auxilio de la Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables de Chiapas, institución facultada para representar a los adolescentes ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, de acuerdo con los artículos 16 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 13 del decreto por el que se crea dicha procuraduría, ambos ordenamientos del Estado de Chiapas. Por tanto, el incumplimiento de las disposiciones que prevén la presencia e intervención de los representantes del menor en un procedimiento administrativo o jurisdiccional por infracciones a la ley penal constituye una violación a las garantías de debido proceso y defensa adecuada previstas, respectivamente, en los artículos 18, párrafo sexto y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.