AVERIGUACIÓN PREVIA. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADMITIR DETERMINADAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL OFENDIDO, ANTES DE CULMINAR LA INVESTIGACIÓN, CON EL ARGUMENTO DE QUE, AUN CUANDO VERSAN SOBRE LOS MISMOS HECHOS, NO GUARDAN RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CUERPO DE LOS DELITOS DENUNCIADOS NI CON LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INVOLUCRADOS EN SU COMISIÓN, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.

Frente al derecho que el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, otorga a la víctima u ofendido del delito de que le sean recibidos todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes, se encuentra la atribución constitucional de la representación social de investigar el delito que, en esencia, consiste en que ha de indagar los hechos querellados o denunciados, y del resultado de esa investigación, finalmente, estará en oportunidad legal de determinar qué delito o delitos configuran los hechos y medios de prueba recabados en la investigación y, con ello, ejercitar la acción penal ante la autoridad judicial; por tanto, si antes de culminar la investigación, la autoridad ministerial se niega a admitir determinadas pruebas ofrecidas por el ofendido, con el argumento de que, aun cuando versan sobre los mismos hechos, no guardan relación con los elementos que integran el cuerpo de los delitos denunciados ni con la probable responsabilidad de alguno de los involucrados en su comisión, resulta inconcuso que tal determinación puede resultar de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que con ella se veda, de facto, la posibilidad de que se investigue y, en su caso, se persiga cualquier otra conducta delictiva que pudiera surgir de los mismos hechos denunciados y de las pruebas exhibidas, restringiendo anticipadamente el objeto de la indagatoria únicamente a lo que pudiera relacionarse con los posibles delitos denunciados, y limitando ilegalmente la investigación de otros potenciales; además, porque en el mejor de los casos la representación social optará por ejercitar la acción penal únicamente por lo que hace a estos últimos, escenario en el que el agraviado no podría recurrir tal determinación y alegar, en vía de violación procesal, la no admisión de sus pruebas y, menos aún, acudir al juicio de amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.