PENSIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. LA PROPORCIONADA POR ESTE ORGANISMO A SUS TRABAJADORES DERIVADA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO, EQUIVALE A LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 495 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE OTORGAR AMBOS BENEFICIOS.

De conformidad con el convenio suscrito el 16 de marzo de 1970 entre el Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el primero estableció un servicio médico a través del cual se obligaba a prestar beneficios de seguridad a sus empleados, y en la declaración séptima se convino que el instituto quedaba exceptuado de proporcionar los seguros de enfermedades no profesionales; maternidad; accidente de trabajo y enfermedades profesionales; así como los servicios de reeducación y readaptación de inválidos, por lo que al proporcionar dichos beneficios desligó de esa obligación al indicado organismo de salud. Ahora bien, al pagar el Sistema de Transporte Colectivo la pensión derivada de un riesgo de trabajo, establece un beneficio equivalente al previsto en el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha de suscripción del referido convenio, en su artículo 29 establecía el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, a consecuencia de ello, el instituto, en principio, asumió las obligaciones respecto de los riesgos de trabajo; asimismo, el artículo 32, fracción IV, del propio ordenamiento, establecía el otorgamiento de una pensión igual al sueldo íntegro del servidor público en caso de que se decretara una incapacidad total permanente, beneficio que, por virtud del citado convenio le corresponde cubrir al Sistema de Transporte Colectivo, toda vez que de esta manera, al concederse la pensión por incapacidad derivada de un accidente de trabajo, se cumple con el espíritu proteccionista que en materia de riesgos de trabajo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, fracción XI, por lo que la pensión por incapacidad otorgada en el seguro de accidente de trabajo, es equivalente a la indemnización a que se refiere el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que resulte improcedente la condena al otorgamiento de ambos beneficios.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.