CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO.

Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.