DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES. LA FALTA DEL REQUISITO PREVIO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, IMPOSIBILITAN LEGALMENTE AL MINISTERIO PÚBLICO PARA EJERCITAR ACCIÓN PENAL POR DICHO DELITO Y, POR ENDE, LAS DETERMINACIONES JURISDICCIONALES QUE DE ELLO DERIVEN RESULTAN VIOLATORIAS DE GARANTÍAS.

El delito de desobediencia de particulares a que se refiere la primera parte del artículo 329 del Código Penal para el Estado de Veracruz se persigue de oficio, por no haber al respecto disposición legal en contrario. Así, tratándose de este delito, independientemente de los medios por los cuales el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, para que la representación social esté en condiciones de proceder, deben encontrarse satisfechos los requisitos previos que exija la ley, atento a la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para esa misma entidad; luego, si corresponde a alguna autoridad cumplir esos requisitos o formular la petición para que se inicie la indagatoria, el Ministerio Público deberá pedir a aquélla por escrito que le haga saber su determinación al respecto; y, a su vez, la autoridad deberá contestar también mediante escrito, el cual se agregará al expediente; por ende, el supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles, que establece "cuando el caso exija mayor sanción se dará parte a la autoridad competente", significa que si el correspondiente Juez civil no dio parte al representante social ante la desobediencia del particular y el Ministerio Público no le solicitó por escrito le hiciera saber su determinación respecto de los hechos, la falta de esos requisitos imposibilitan legalmente al Ministerio Público a ejercitar acción penal y, por ello, las determinaciones jurisdiccionales que de ello deriven, resultan violatorias de garantías.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.