CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, GENERADA POR RECLAMAR ACTOS QUE HAYAN SIDO IMPUGNADOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SE ACTUALIZA, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO ANTES DE PROMOVER LA DEMANDA DE NULIDAD EL ACTOR IMPUGNÓ LOS MISMOS ACTOS MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Este tribunal interpreta que cuando el artículo 8o., fracción VIII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la improcedencia del juicio de nulidad contra actos "Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.", se refiere no sólo a los juicios ordinarios, sino también al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues al respecto se estima que el fin perseguido por el legislador al establecer dicha causa de improcedencia, estriba en evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, aun cuando esto ocurra en un juicio ordinario y en otro de carácter extraordinario, porque a pesar de las diferencias estructurales entre uno y otro, lo cierto es que al existir identidad entre los sujetos (quejoso/actor y autoridades responsables/demandadas) y el objeto (acto reclamado/resolución impugnada), ello basta para considerar que sí se actualiza la improcedencia de mérito. Esta conclusión se apoya en el hecho de que es el gobernado quien motu proprio elige promover primero el juicio de amparo y no obstante ello enseguida promueve el juicio contencioso administrativo, contra el mismo acto y la misma autoridad, de ahí que en tal supuesto sea inconcuso que el particular deba asumir las consecuencias de su propia elección, traducidas en el sobreseimiento por improcedencia del segundo juicio, es decir, el contencioso administrativo. Es pertinente señalar que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa, cuyo trámite y resolución por regla general son más ágiles que los correspondientes al juicio de nulidad, motivo por el cual si la parte quejosa promueve el juicio de amparo y durante su tramitación presenta una demanda de nulidad en contra del mismo acto antes reclamado en el juicio de garantías, emitido por la misma autoridad, también señalada como responsable en el primer juicio, entonces se llegaría al absurdo de que una vez cerrada la instrucción del juicio de nulidad y al iniciar el plazo para que el magistrado instructor formulara el respectivo proyecto de resolución, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podría ya estar fallado el juicio de amparo promovido con antelación, incluso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso si el magistrado instructor no tuviera la posibilidad legal de proponer a la Sala el sobreseimiento en el juicio de nulidad con fundamento en el artículo 8o., fracción VIII, de la ley invocada (ante la interpretación restringida consistente en considerar que el supuesto de improcedencia así previsto no comprende también al juicio de amparo), entonces, de no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, se vería forzado a examinar el fondo del asunto y, con ello, sobrevendría la posibilidad de que se emitieran fallos contradictorios, en detrimento de las partes y de la seguridad jurídica de que deben gozar los gobernados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.