IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RELATIVA A QUE EL ACTO CONTROVERTIDO SEA MATERIA DE UN DIVERSO MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, ES INDISPENSABLE QUE ESTÉ FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADA ESTA CIRCUNSTANCIA.

De conformidad con la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.", las causales de improcedencia en el amparo deben interpretarse de manera estricta, de modo que el juzgador debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, con la finalidad de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa medida y por analogía, si atento a la fracción V del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo es improcedente cuando el acto controvertido es materia de un diverso medio de impugnación pendiente de resolución, para que se configure dicha causal debe tenerse la certeza de que en el recurso en donde se cuestionó el acto administrativo que simultáneamente fue combatido a través del juicio fiscal, el titular de la acción tenga la oportunidad de ser oído en defensa de sus derechos, para lo cual es indispensable que esté demostrado fehacientemente que dicho medio de defensa se encuentre pendiente de resolución, lo cual lleva implícita la idea de que fue admitido, esto es, que ya fue superada su procedencia, pues la simple presentación del escrito respectivo es insuficiente para los efectos descritos. Por tanto, ante la posible actualización de dicha causal de improcedencia basada en un indicio, la juzgadora debe oficiosamente indagar y allegarse de las pruebas necesarias para resolver si se configura, sin que ello represente una problemática referente a en quién recae la carga de la prueba, en tanto que las cuestiones de procedencia son de orden público.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.