FALTAS ADMINISTRATIVAS ATRIBUIDAS A UN NOTARIO PÚBLICO. EL PROMOVENTE DE LA QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA OMISIÓN DE DICTAR RESOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Los artículos 175 a 178 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la propia entidad federativa el dos de febrero de dos mil cuatro, regulan la forma de tramitar y resolver (y, en su caso, sancionar) el procedimiento seguido en contra de un notario público, por faltas administrativas que no constituyan un delito. Pero, cuando la actuación de un notario sí se estime constitutiva de un delito, los diversos numerales 179 a 185 del ordenamiento invocado, disponen como requisito de procedibilidad que previamente se practique una investigación por una comisión especial, nombrada para tal efecto. En consecuencia, del marco normativo que ha sido destacado, vinculado con las consideraciones aplicables de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 7/2006, de rubro: "COMISIÓN INVESTIGADORA DE DELITOS COMETIDOS POR NOTARIOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SUS DETERMINACIONES RELATIVAS AL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL TIENEN EL CARÁCTER DE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y PUEBLA)." (publicada en la página 75 del tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), se arriba a la convicción de que el promovente de una queja por faltas de carácter administrativo, imputadas a un notario público, carece de interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la omisión atribuida al Gobernador del Estado, consistente en no haber dictado la resolución definitiva en el procedimiento administrativo correspondiente, conforme lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, ni haber impuesto (de ser procedente), las sanciones respectivas, al tenor del numeral 177 del mismo cuerpo legal. Ello es así, porque de lo previsto en los artículos 175 a 178 de tal ordenamiento, no se advierte que se genere un derecho o potestad a favor del promovente de la queja administrativa, para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento administrativo, tiende a determinar si el notario público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al desempeño de su actividad y si su conducta resulta o no compatible con las funciones que realiza, de tal forma que será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá lo conducente. Una situación diferente ocurre cuando se acuse a un notario público de la comisión de un delito, porque en tal hipótesis, son aplicables los artículos 179 a 185 de la ley en consulta, en cuanto disponen que para proceder penalmente en contra de un notario público por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión, es requisito de procedibilidad que previamente se practique una investigación por la comisión designada al respecto, y que ésta haya emitido una opinión favorable, como se estableció en la tesis aislada VI.1o.A.98 A de este Tribunal Colegiado, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LO TIENE LA PARTE ACUSADORA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 174 A 180 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA RECLAMAR LA RESOLUCIÓN QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA QUEJA PRESENTADA CONTRA UN NOTARIO PÚBLICO POR DELITOS ATRIBUIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES." (publicada en la página 1159 del tomo XIII, mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), en la cual aun cuando se examinaron preceptos de la anterior Ley del Notariado del Estado de Puebla, sin embargo, las disposiciones conducentes de la Ley del Notariado del Estado de Puebla en vigor, son similares a aquellas normas del ordenamiento actualmente abrogado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.