SEGURIDAD PRIVADA. LAS EMPRESAS RELATIVAS ADEMÁS DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL DEBEN CONSEGUIR LA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES EN LAS QUE DESEEN PRESTAR SUS SERVICIOS.

El artículo 52 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé la obligación de obtener autorización a los particulares que deseen prestar servicios de seguridad privada, distribuyendo implícitamente competencias entre autoridades federales y locales. Así, la Secretaría de Seguridad Pública Federal es competente para autorizar los servicios de seguridad que se prestarán en dos o más entidades federativas y el órgano que establezca cada entidad federativa será competente para autorizar los servicios que se prestarán en esa entidad. Sin embargo, esta distribución no debe interpretarse como una excluyente competencial, entendiendo que los particulares que deseen prestar servicios de seguridad privada deben acudir a una u otra autoridad, dependiendo del número de Estados en que deseen prestar sus servicios, de manera que quienes deseen prestar servicios de seguridad en dos o más entidades federativas, además de obtener la autorización de la autoridad federal, deben conseguir la de la autoridad administrativa de cada una de las entidades en las que deseen prestar servicios, según se advierte de la interpretación auténtica realizada por el propio legislador federal del indicado precepto en el artículo 7 de la Ley Federal de Seguridad Privada, en el sentido de que se pueden celebrar convenios para evitar que se multipliquen las obligaciones de los particulares que deben cumplir cuando presten servicios de seguridad privada en más de una entidad federativa.