LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE OPONERSE A SU CONCESIÓN, AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 147 A 151 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO QUE LA REGULAN, NO SE HAYAN ADECUADO A LA REFORMA DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JULIO DE 1996.

De acuerdo con la reforma al primer párrafo de la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, en caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional bajo caución cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. Por su parte, los artículos del 147 al 151 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que regulan la libertad bajo caución, no se han adecuado a la reforma mencionada y, por ende, no prevén la posibilidad de que el representante social se oponga al otorgamiento de dicho beneficio; sin embargo, en observancia al principio de supremacía constitucional que rige en el sistema jurídico mexicano, debe considerarse que en los procedimientos que se sigan en el Estado de Guerrero conforme a la ley adjetiva de la materia, el Ministerio Público puede oponerse a que se conceda el beneficio de la libertad provisional; consecuentemente, no puede decretarse de oficio dicha medida liberatoria, pues si bien con ello, por una parte, se preserva el derecho subjetivo público del inculpado a enfrentar su proceso sin las consecuencias negativas que conlleva la prisión preventiva; por otra parte, se infringe el derecho que tiene la representación social de oponerse a que se otorgue la libertad caucional en los casos previstos en el invocado artículo 20, apartado A, fracción I, primer párrafo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.