ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. POR NO TRATARSE DE UNA DILIGENCIA QUE NO ADMITE DEMORA, NO ES UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE AUTORIDAD COMPETENTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

El precepto 432 del código adjetivo penal federal establece que la competencia por declinatoria no podrá resolverse hasta después de que se practiquen las diligencias que no admitan demora. Aun cuando el numeral 142, párrafo tercero, de la legislación en cita prevé que tratándose de los delitos que el dispositivo 194 del mismo ordenamiento califica como graves, la radicación se hará de inmediato y el Juez ordenará o negará la aprehensión solicitados por el Ministerio Público, dentro de las veinticuatro horas a partir del momento en que se haya acordado la radicación; no puede considerarse que tal disposición contiene una excepción al principio de autoridad competente, dado el breve plazo que otorga para la emisión del mandamiento de captura, porque la misma no protege derecho fundamental alguno, como cuando un gobernado está privado de su libertad y es urgente que el Juez que lo tiene a su disposición, aun siendo incompetente para conocer del proceso, resuelva su situación jurídica, luego de lo cual, podrá declinar la competencia, lo que obedece al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 26/99 de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.", la cual no hace distingo alguno. Por otro lado, aun ante la posibilidad de que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, no puede estimarse que la orden de aprehensión es una diligencia que no admite demora y por tanto, que opere la excepción al principio aludido, porque tal objetivo no tiende a proteger derecho fundamental alguno y el Ministerio Público investigador cuenta con mecanismos constitucionales y legales para impedir tal evasión. En todo caso, el plazo aludido rige para el Juez competente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.