TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO. LOS ARTÍCULOS 1361 Y 1368 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la garantía de seguridad jurídica, en su expresión genérica, exige del legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza y seguridad a los gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad respectiva para imponer la sanción aplicable, así como los elementos mínimos para que aquéllos hagan valer sus derechos y que ésta no incurra en arbitrariedades. Así, del análisis armónico y sistémico de los artículos 1361 y 1368 del Código Civil del Estado de México, abrogado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 7 de junio de 2002, se concluye que no violan la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que en conjunto con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Tercero del indicado ordenamiento legal, distinguen con claridad cuáles son las formalidades, solemnidades y requisitos que debe contener el testamento público abierto, así como la sanción a imponerse al notario cuando éstas no se observen y, a la vez, establecen con precisión el marco a través del cual la autoridad ejerce su potestad sancionadora para declarar la nulidad de dicho instrumento.