EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN QUE FACULTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA DETERMINAR EL PERIODO DURANTE EL CUAL EL EXTRANJERO NO DEBERÁ REINGRESAR AL PAÍS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

El dispositivo legal referido, que faculta a la Secretaría de Gobernación para determinar el periodo durante el cual el extranjero pernicioso expulsado no deberá reingresar al país, no viola la garantía de seguridad jurídica por el solo hecho de conferir dicha facultad discrecional a la autoridad administrativa. Lo anterior obedece a que la autoridad dotada de facultades discrecionales, al igual que cualquier otra con atribuciones susceptibles de afectar la esfera jurídica de los particulares, tiene en todo momento la ineludible obligación de fundar y motivar su decisión en los términos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, impidiendo determinaciones arbitrarias. Además, el otorgamiento de facultades discrecionales se justifica dentro del orden constitucional cuando, por ser extremadamente casuísticos los aspectos de la vida social que pretenden regularse, resulta materialmente imposible para el Legislador conocer de antemano las posibles combinaciones de circunstancias que pueden presentarse; como acontece respecto a la materia regulada por el artículo 126 de la Ley General de Población.