PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LOS ARTÍCULOS 72 Y 74 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LO PREVÉN, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Dichos preceptos legales, al establecer los requisitos mínimos a que está sujeto el procedimiento administrativo sancionador y señalar que notificado su inicio al infractor, éste contará con quince días para exponer lo que a su interés estime pertinente y, en su caso, ofrecer pruebas, y que concluida esa etapa, dentro de los diez días siguientes la autoridad dictará por escrito la resolución procedente, la cual será notificada personalmente o por correo certificado, no transgreden la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues aunque los artículos 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no precisan cuánto durará la sustanciación del procedimiento, porque no delimitan con detalle los plazos de las etapas de pruebas y alegatos, así como el de la facultad de la autoridad para solicitar informes, ni la consecuencia de que la resolución se dicte fuera del periodo mencionado, tal circunstancia no genera incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones arbitrarias de la autoridad, habida cuenta que de la interpretación sistemática del citado ordenamiento legal, se advierte que aquellas cuestiones están previstas en los artículos 51 a 57, fracción IV, y 60, párrafo tercero, de la Ley citada, los cuales establecen la duración y modalidades de las fases probatoria y de alegatos, e instituyen la caducidad, como garante de la certeza jurídica en los procedimientos iniciados de oficio por la autoridad, acorde con la referida garantía constitucional.