RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN Y FUNDAMENTO DEL RECURSO INTERPUESTO EN SEDE ADMINISTRATIVA CONTRA UNA SANCIÓN NO ES MOTIVO PARA DESECHARLO, SINO QUE DEBE SUPLIRSE POR MEDIO DE LA INTERPRETACIÓN.

Cuando la intención de un servidor público es inconformarse contra una resolución que le impone una sanción administrativa, la incorrecta denominación y fundamento del recurso (de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lugar de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), es una cuestión formal que no altera la vía, fondo o sustancia del medio de impugnación procedente y, por tanto, la autoridad del conocimiento no debe desecharlo sino suplir el error por medio de la interpretación. Para ello debe tomar en consideración, en primer lugar, que los elementos esenciales de la causa de pedir, esto es, la expresión de los hechos y las circunstancias del caso, son la condición necesaria e indispensable para resolver la pretensión de ilegalidad; en segundo lugar, que el principio iura novit curia establece un postulado contenido en la generalidad de las leyes administrativas y códigos procesales, a saber, la cita errónea de fundamentos debe ser corregida -verbigracia los artículos 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 237, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 y 79 de la Ley de Amparo- y, en tercer lugar, que el recurso de revocación procedente tiene una regulación carente de formulismos, en tanto permite tramitarlo únicamente con el escrito en donde se expresen: i) los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución y, ii) el ofrecimiento de las pruebas que estime necesario rendir, amén de que el desechamiento tendría un efecto denegatorio de tutela, contrario a lo establecido en el artículo 17 constitucional.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.