QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO, CUANDO ALEGA SU FALTA DE PRONUNCIAMIENTO.

Es de explorado derecho que tratándose de resoluciones que se dictan como consecuencia de la denuncia o queja administrativa, en la que se hace del conocimiento de las autoridades respectivas, determinados hechos que involucran presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos; los denunciantes carecen de interés jurídico para reclamar el fallo que recae a dicha queja. Sin embargo, cuando el reclamo descansa no en el sentido que debe regir la resolución recaída a la denuncia, sino, en la falta de pronunciamiento respecto de la denuncia o queja administrativa; tal omisión derivada del derecho que asiste al gobernado para denunciar la comisión de presuntas faltas de los funcionarios, es lo que le da el interés jurídico necesario para impetrar el juicio constitucional.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.