ARRAIGO DOMICILIARIO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA LEVANTAR DICHA MEDIDA PRECAUTORIA Y EL JUEZ ACUERDA DE CONFORMIDAD, CESAN SUS EFECTOS Y, EN CONSECUENCIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA.

La causal prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.", lo que significa que se actualiza cuando mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado se revoca o destruye, así como los efectos que haya producido. En esa tesitura, si el órgano jurisdiccional decretó el arraigo domiciliario en contra del inculpado y con posterioridad el agente del Ministerio Público solicita se levante dicha medida precautoria, acordándose de conformidad, esto trae como consecuencia que dicho acto deje de existir y se actualice la causal de improcedencia mencionada, pues se repuso al indiciado en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara la inmovilidad de su persona en un inmueble, constituyendo una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.