AGRARIO. ES ILEGAL PREVENIR A LOS CAMPESINOS DE TENERLES POR PERDIDO EL DERECHO DE ESTAR LEGAL Y TÉCNICAMENTE ASESORADOS EN EL JUICIO.

En tratándose de los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo, es obligación del Tribunal Unitario Agrario velar porque cuenten con asesoría legal y asistencia técnica adecuada, pues el artículo 27, fracciones XIX y XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las establecen como derecho fundamental de los campesinos. Por ende, es improcedente apercibirlos que de no acudir representados se tendrá por perdido el derecho relacionado con tal garantía, porque, en ese caso, el Magistrado debe proveer lo necesario a fin de asignarles un asesor. En esos términos, si una de las partes en el juicio solicita el diferimiento de la audiencia agraria por no contar con asesor legal y su petición no se acuerda de conformidad, en atención a que ya se le había apercibido, tal determinación afecta sus defensas y trasciende al resultado del fallo, pues se le impide durante el juicio estar debidamente asesorado o representado para la defensa de sus derechos y pretensiones, sin que obste para ello que con antelación el propio Magistrado hubiere ya diferido la audiencia del juicio, ya que de lo establecido en el artículo 179 de la Ley Agraria no se advierte que los apercibimientos deberán realizarse en una ocasión, o que éstos quedan al arbitrio del tribunal. Por tanto, la autoridad que así lo hace incurre en violación al derecho de defensa que consagra a favor de los campesinos la Norma Fundamental.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.