IMPARCIALIDAD. SE INCUMPLE CON ESA GARANTÍA CUANDO EL TITULAR DE UNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DENUNCIA A UN SUBORDINADO ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA CUAL AQUÉL FORMA PARTE, Y PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO QUE CONCLUYE CON LA DESTITUCIÓN DEL INFERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

El artículo 17 constitucional garantiza en favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en una justicia pronta y expedita, gratuita, completa e imparcial; y esta última garantía o derecho consiste en que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto a alguna de las partes. En tal contexto, si los directores de Tránsito y de la Policía Preventiva municipales, como jefes inmediatos de los agentes de dichas corporaciones, denunciaron formalmente a diversos elementos subordinados a ellos ante la Comisión de Honor y Justicia, organismo del cual aquéllos forman parte como secretarios, es obvio que al juzgarlos con tal carácter se convirtieron en Juez y parte, por tanto, carecieron de la imparcialidad que toda autoridad debe tener y guardar con respecto al gobernado, en términos del citado artículo 17 de la Carta Magna; de ahí que la resolución emitida por la comisión de mérito, y que determinó la destitución de los agentes sometidos al procedimiento disciplinario a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, sea ilegal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.