FIADOR EN LA CAUSA PENAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES, EN CONTRA DE AQUELLAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN SUS INTERESES, EN LO CONCERNIENTE A LAS OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS DERIVADAS O RELATIVAS AL CONTRATO.

Aunque es cierto que el fiador de un procesado no puede considerarse parte en la relación procesal penal, porque ésta sólo se establece entre el reo, el Ministerio Público, en su caso, por el ofendido, y el Juez, sin embargo, no es este concepto restringido de la relación procesal penal el que debe servir como base para interpretar los preceptos en relación con la facultad de las partes interesadas para combatir las determinaciones que a ellos les afecten, sino la noción amplia, en la que encuentran cabida todos aquellos cuyos intereses jurídicos resultan en alguna forma afectados con motivo de una causa penal, y en atención a ello tienen derecho a combatir las resoluciones que les atañen. Así, cuando un fiador otorga garantía para que el procesado goce de la libertad provisional, el mismo adquiere, por ese solo hecho, el carácter de parte interesada en el proceso, aunque solamente por lo que concierne a las obligaciones y prerrogativas que se refieren al otorgamiento de la fianza; esto es, que automáticamente queda sometido a las normas conducentes del Código de Procedimientos Penales. De lo que resulta que, al otorgar fianza en un proceso penal, el fiador adquiere el carácter de parte interesada y como tal no le debe ser negado el derecho de interponer el recurso procedente en contra de aquellas resoluciones que afecten sus intereses.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.