JURADO DE SENTENCIA, FUNCIÓN EMINENTEMENTE JURISDICCIONAL DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

Si conforme a lo que prevé el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, los derechos políticos se refieren esencialmente al derecho de votar y ser votado para cargos de elección popular, al derecho de asociación con fines políticos y al derecho de petición; la tesis de rubro: "GRAN JURADO.", emitida por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable, porque de su texto se desprende que cuando un Congreso erigido en Gran Juicio, decreta que ha lugar a formación de causa contra alguien, tal declaración y las consecuencias de ellas son actos de carácter político, contra los cuales no cabe el juicio de garantías; y los quejosos no demandan la protección federal contra actos de esa naturaleza, sino por violación a garantías individuales; de modo que la responsable, al erigirse en jurado de sentencia, no actúa como órgano netamente de carácter político, porque en términos del artículo 97 de la Constitución Estatal, en relación con los numerales 19, 20 y 21 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de juicio político, corresponde a la Legislatura del Estado erigirse en órgano de acusación y resolver si procede acusar al servidor público; en tanto que la imposición de las sanciones a que haya lugar, es facultad del Tribunal Superior de Justicia, quien para tal efecto debe erigirse en jurado de sentencia. De ahí que la responsable, al sancionar a individuos que ostentan el cargo de consejeros electorales, pero no con motivo del sufragio emitido a su favor, funciona eminentemente como autoridad jurisdiccional, pues su actuación consiste en juzgar y sancionar a los servidores públicos por los actos que previamente sean materia de acusación por parte de la legislatura.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.