SENTENCIA QUE ORDENA LA SUBASTA PÚBLICA DE DERECHOS AGRARIOS ENTRE EJIDATARIOS Y AVECINDADOS, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL EJIDO.

Una interpretación armónica de los artículos 18 y 19 de la Ley Agraria, llevan a concluir que cuando se deban vender los derechos correspondientes de un ejidatario, en subasta pública, al mejor postor, ya sea que se trate de herederos que no se hayan puesto de acuerdo o bien, que no existan sucesores, dicha venta en subasta pública, debe efectuarse entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población ejidal de que se trate, por tanto, el ejido no es privado de la propiedad de esos derechos, por lo que el acto reclamado no tiene, ni puede tener como efecto privarlo de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, precisamente porque la subasta se debe efectuar sólo entre ejidatarios y avecindados del mismo y conforme al artículo 9o. de la Ley Agraria, los ejidos son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. En tales condiciones, si la sentencia reclamada no afecta los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población ejidal, es evidente que tal acto reclamado no afecta el interés jurídico del ejido para promover amparo, motivo por el que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.