AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.

La concesión es un acto del poder público por el que se faculta a los particulares para el establecimiento y explotación de un servicio público o para la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio directo y de propiedad de la Nación. Esa prestación del servicio público a través de la concesión, no opera conforme a la voluntad del particular que la explota, ni a la de los destinatarios del servicio, sino que se encuentra sujeta a los lineamientos establecidos por el legislador en el ordenamiento legal que regule la organización y funcionamiento de ese servicio. Entre esos lineamientos se encuentran las reglas referentes a los horarios, modalidades en la prestación del servicio, derechos de los usuarios, la contraprestación que la concesionaria debe recibir por sus servicios y la facultad de suspenderlos ante la falta de pago por su recepción. Así, si el artículo 122 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, faculta al concesionario para suspender el servicio por falta de pago de la tarifa respectiva, tal disposición no se opone a ninguna que se halle contenida en el artículo 27 constitucional.