VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA CONCLUIRLA, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

El citado precepto, al establecer que el plazo máximo de 12 meses para concluir las visitas domiciliarias se suspende cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no viola los mencionados derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho supuesto no conlleva la autorización para que aquéllas prolonguen injustificada y permanentemente los actos de molestia en el domicilio y papeles de los causantes, sino únicamente que se detenga temporalmente la consumación del plazo en que debe llevarse a cabo tal fiscalización, en esos casos en que por causas imputables al propio contribuyente revisado, las autoridades exactoras estén imposibilitadas para continuar ejerciendo sus facultades de comprobación, ya que esa paralización no es de carácter omnímodo, sino que comprenderá únicamente el tiempo en que aquél persista en su actitud contumaz de no cumplir con lo requerido, por lo que en todo momento conocerá la duración de esa medida suspensiva, la cual no puede exceder de 6 o 12 meses, dependiendo de si se realizaron uno o más requerimientos.