CORREDORES PÚBLICOS. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PARA IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN V, DEL REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES, POR CONSIDERAR QUE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, SI NO ACREDITAN CONTAR CON LOS REQUISITOS A QUE ALUDE DICHO PRECEPTO.

Los corredores públicos carecen de interés jurídico en el amparo para impugnar la constitucionalidad de la citada porción reglamentaria, por considerar que contraviene el principio de igualdad, al limitarse su actuación frente a los notarios, a quienes, en su concepto, les otorga mayores facultades, si sólo acreditan contar con la habilitación para ejercer la función relativa y no con los requisitos a que alude el referido precepto, consistentes en la autorización expedida por la Secretaría de Economía para accesar al programa informático sobre el uso de una denominación o razón social y de los avisos de uso y liberación, conforme a la Ley de Inversión Extranjera, así como con el certificado digital de firma electrónica avanzada vigente para operar dentro de ese programa; es decir, no demuestran ser fedatarios públicos autorizados en términos del aludido reglamento, por lo que, en esos casos, no existe afectación alguna en su esfera jurídica.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.