LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA DETERMINACIÓN RESPECTO DE SI UNA PERSONA DEBE CONSIDERARSE CON PROYECCIÓN PÚBLICA, NO DEBE CONSTREÑIRSE AL MOMENTO EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS QUE MANIFIESTA AFECTARON SU REPUTACIÓN, SINO QUE DEBE EXTENDERSE HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

Para que la candidatura a un cargo de elección popular le dé proyección pública a quien se duele de una invasión a sus derechos de la personalidad, deben considerarse dos aspectos: 1) el momento en que tuvo lugar ese hecho en relación con todas las actuaciones relevantes del juicio natural; y, 2) que la información difundida guarde alguna vinculación con su candidatura a un cargo público y el desempeño de ésta; es decir, que tenga alguna trascendencia para la comunidad en general, de forma que pueda justificarse razonablemente el interés de la comunidad en su conocimiento y difusión. Ahora bien, el análisis para determinar si una persona tiene proyección pública no debe limitarse al momento en que sucedieron los hechos que manifiesta afectaron su reputación, sino que debe extenderse al en que se reclama el daño moral, pues la popularidad que tenga la persona que se considere afectada en el momento en que se valora una merma en su reputación y se dicta la sentencia correspondiente, es esencial para determinar si se ocasionó ese daño o no y, en su caso, el alcance de éste. De ahí que para resolver la acción ejercitada por un candidato a un cargo público que se considera afectado, y determinar si se le causó un daño moral, debe analizarse el periodo que corre desde que se difundió la información hasta el dictado de la sentencia; en congruencia, tampoco debe excluirse de la valoración la notoriedad o proyección que haya tenido la persona durante dicho periodo, pues el análisis de los derechos en conflicto debe incluir todos aquellos aspectos que puedan incidir en la ponderación para determinar la intensidad y trascendencia de cada uno de los derechos en juego.