CONTRALORÍA GENERAL DEL OTRORA INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL ARTÍCULO 391 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES CONTIENE UNA CLÁUSULA HABILITANTE QUE LE PERMITE EMITIR ACTOS MATERIALMENTE LEGISLATIVOS QUE GARANTICEN EL LIBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 23 DE MAYO DE 2014).

El Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral) es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, que cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, cuyas reglas de organización y funcionamiento se determinan en la ley, por disposición expresa del artículo 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014). Entre los órganos de vigilancia se encuentra la Contraloría General, que por disposición expresa del precepto indicado goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones, y está encargada de la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Ahora, la ley a que alude la disposición constitucional citada es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el 23 de mayo del año mencionado, cuyo artículo 391 señala que la Contraloría General cuenta con atribuciones para la emisión de disposiciones de carácter general aplicables al ámbito de sus funciones, al facultarle para fijar criterios aplicables para realizar auditorías y revisiones, así como para emitir lineamientos aplicables a los procedimientos administrativos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del mismo organismo. En consecuencia, dicho precepto contiene una cláusula habilitante otorgada por el legislador ordinario, directamente a la Contraloría General del otrora Instituto Federal Electoral, a fin de que, en estricto respeto a su autonomía técnica y de gestión, prevista constitucionalmente, emita actos materialmente legislativos que garanticen el libre desarrollo de las actividades de su competencia.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.